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Colombia reasignará boletos vendidos por Viva Air

El gobierno colombiano busca soluciones para los pasajeros que adquirieron casi medio millón de boletos y reservas que la aerolínea Viva Air vendió para 2023 antes de suspender súbitamente sus operaciones por una crisis financiera.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo el miércoles en una declaración oficial que la prioridad de su gobierno es proteger los derechos de los usuarios y de los más de 1.700 trabajadores directos de Viva Air. Para marzo, añadió, hay 230.000 tiquetes en manos de pasajeros.

La aerolínea de bajo costo Viva Air suspendió sus operaciones en Colombia y Perú desde la noche del lunes pasado, argumentando una crisis financiera insostenible y en medio de un trámite de integración con Avianca -la principal aerolínea de Colombia- que no ha sido aprobado por la Aeronáutica Civil colombiana y según Viva le daría músculo financiero para continuar operando.

Francisco Lalinde, presidente interino de Viva Air, aseguró que la aerolínea va a entrar en un proceso de liquidación y que no tiene capacidad para devolver el dinero a los pasajeros. Explicó que el plan de contingencia está a cargo de la Aeronáutica Civil y otras aerolíneas que están dando cupos en sus vuelos para los pasajeros afectados.

Fueron miles de pasajeros que quedaron a la deriva en los aeropuertos de todo el país, algunos durmiendo en el suelo junto a niños y ancianos.

 El gobierno aseguró que ya fueron reubicados en vuelos más de 10.000 de ellos y aguardan al menos otros 7.000. Algunas aerolíneas como Avianca, LATAM y Satena ofrecieron cupos en sus aviones sin costo adicional para los pasajeros de Viva Air.

La Superintendencia de Transporte, autoridad encargada de vigilar el sector, notificó el miércoles la apertura de una investigación administrativa y formulación de cargos contra Viva Air por presuntamente no garantizar la prestación del servicio al no acompañar la suspensión de sus operaciones con información “completa, veraz, oportuna y precisa a cada uno de los usuarios”.

La autoridad verificó que la aerolínea continuó vendiendo tiquetes mediante su página web el lunes, cuando suspendió sus operaciones, y al siguiente día dejó de operar al menos 80 vuelos en Colombia.

Le ordenó a Viva reembolsar el dinero a usuarios cuando haya lugar y presentar un plan de atención que contenga los canales para recibir las peticiones, quejas y reclamos. La aerolínea podría ser multada con hasta 411.000 dólares en caso de que la Superintendencia encuentre que es responsable de los cargos.

El ministro de Transporte advirtió que están analizando la opción de intervenir el mercado, en virtud de una ley que lo permite cuando se afecten las condiciones de competencia, para “proteger a los usuarios y garantizar las condiciones de equilibrio y eficiencia del mercado de transporte aéreo”.

Horas antes, el presidente de Viva Air aseguró en un video difundido a la prensa que dentro de la empresa aún hay esperanza de reanudar sus operaciones e instó al gobierno a que tome “la mejor decisión aprobando la alianza con Avianca”.

Desde hace siete meses, Viva Air y Avianca iniciaron ante la Aeronáutica Civil colombiana un trámite para su integración empresarial, pero en noviembre de 2022 la autoridad lo objetó al considerar que la alianza “tendía a producir una indebida restricción a la competencia” en el país. Avianca representa aproximadamente el 40% del mercado local y Viva Air el 20%. Tras un recurso de apelación, el trámite fue reactivado en enero.

Viva Air decidió suspender sus operaciones luego de que la Aeronáutica Civil admitiera en el trámite a las aerolíneas Ultra Air, Wingo, Aerolíneas Argentinas, LATAM y Jetsmart —las dos últimas han manifestado su interés en comprar Viva— bajo la figura de terceros interesados por ser competidores en el mercado y alegar que el trámite de integración empresarial podría afectarlas.

Según Viva Air, la reciente decisión de la autoridad aérea generaría “nuevos retrasos en la toma de una decisión” impidiendo la viabilidad de su operación. La Aeronáutica asegura que su actuar ha sido eficaz y ha respetado con rigor los términos procesales.

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