Una de las grandes preocupaciones ante la inestabilidad política en América latina es, sin duda, el destino de los capitales. Tras largos años de maduración de las multilatinas en la región, los giros ideológicos inesperados han hecho sonar las alarmas en el mundo empresarial.
Hace poco alguien comentaba: «Si gana Petro en Colombia, mudo todos mis activos y mi personal a Panamá». No obstante, las recientes protestas contra el gobierno de Laurentino Cortizo tampoco auguran un panorama ideal para los inversionistas en la nación istmeña, que tradicionalmente ha sido vista como un receptor de inversiones extranjeras directas. De hecho, un reciente sondeo de aceptación, realizado por Gallup, coloca al mandatario panameño por debajo de Maduro y Ortega, de antepenúltimo en el ranking, solo por encima de Giammattei, de Guatemala, y de Castillo, del Perú.
El problema en América Latina se vuelve cada día más peligroso para la estabilidad de los grandes capitales. Solo multimillonarios como el mexicano Carlos Slim, revestidos de una coraza, pueden hacerles frente a los radicales cambios políticos que se suscitan en la región.
Los efectos políticos son muy importantes. Vale recordar los años de inestabilidad que se vivieron en la región con la caída de los gobiernos de Jamil Mahuad en Ecuador (2000), Fernando de la Rúa en Argentina (2001), Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia (2003) y luego de su sucesor Carlos Mesa (2005), a lo que habría que sumar el intento de derrocamiento de Hugo Chávez en Venezuela (2002).
2003 fue el primer año del último gran auge en América Latina. Este auge es en parte el resultado de algunos factores internos. El primero de ellos es el repunte natural de la producción que suele seguir a una fase de crisis. Además, estas economías han pasado por un proceso de «modernización parcial» y no son tan vulnerables como lo fueron en el pasado. Por otro lado, el progreso democrático crea un mejor clima político y social, algo que no ocurre en algunos países.
En la medida en que Venezuela dejó de ser el productor consistente de petróleo del pasado, prefiriendo venderlo a sus pares ideológicos como China o Belarús, la caída abrupta de la economía de este país, arrastró como efecto dominó a muchos otros que dependían, no solo de petróleo sino también del liderazgo político que ejerció en la era pre-chavista.
La inestabilidad política en Perú añade un nuevo capítulo a los efectos de la guerra en Ucrania. El aumento de los precios de los combustibles y los servicios ha llevado a innumerables personas a salir a las calles para protestar por la situación socioeconómica del país. Dada la grave situación social, la oposición continúa profundizando la crisis política a través de la herramienta de vacancia presidencial, citando la falta de capacidad moral de Castillo para dirigir el país.
En medio de este escenario, las grandes multilatinas buscan refugiar sus activos en economías donde el marco legal y político les dé garantías de permanencia a largo plazo. Ejemplos de multilatinas más competitivas, hay muchos. En Colombia figuran Avianca, Bancolombia, Ecopetrol, Grupo Energía Bogotá, Empresas Públicas de Medellín, Grupo Argos, Grupo Aval, Grupo Bolívar, Grupo Nutresa, Interconexión Eléctrica (ISA) y Sura. En Brasil, Petrobras, América Móvil y Grupo JBS, seguidas por Minera Vale, Banco Itaú, Ultrapar Participacoes, Femsa, Empresas Copec, Cencosud y Grupo Alfa.
Sin embargo, existe otro ranking basado en datos de la economía que, además de las ventas, incluye factores como los países en los que opera, liquidez, utilidad neta, empleados en el extranjero, alcance geográfico, fuerza comercial y expansión. Desde esta perspectiva, las multinacionales que lideran la lista son Mexichem (México), Cemex (México), Latam (Chile/Brasil), América Móvil (México), Grupo Bimbo (México), Arcos Dorados (Argentina), AJE Group (Perú), Grupo JBS (Brasil), Gruma (México) y Vale (Brasil).
Pero, ¿A dónde van estos grandes consorcios en caso de un remezón político que pueda afectar sus operaciones? El caso más emblemático en este aspecto ha sido Venezuela, donde Hugo Chávez, los invitó a irse del país si no acataban nuevas decisiones en materia de regulación de precios. Decía Chávez: «No tengo ningún problema en nacionalizar a todas esas empresas, si sus dueños no se acogen a los nuevos decretos». Y así ocurrió: más de 6,000 empresas, de todos los tamaños, fueron expropiadas, con un resultado catastrófico para la economía venezolana, todo eso en un lapso de 10 años, entre 2000 y 2010.
En cambio, Colombia es el país que más vio nacer multilatinas desde entre 2009 y 2018 (incluyendo compañías financieras), mientras que Brasil fue el país que más firmas perdió en el mismo período.
La fuga de capitales es un lastre para los países ya que supone una pérdida de reservas y un claro temor a la devaluación de la moneda. Con este temor general, a menudo se asume que las reservas disponibles no son suficientes para compensar su impacto. Por esta razón, los residentes de este lugar prefieren deshacerse de su moneda a cambio de moneda extranjera y poder obtener ingresos de invertir en el exterior, como lo hacen generalmente los bancos centrales.
Los gobiernos populistas generalmente han sido la causa de la fuga de capitales, pero peor han sido los regímenes con un claro tinte ideológico socialista autoritario. Hay para todos los gustos. En el Perú, por ejemplo, muchas transnacionales han decidido tomar otros rumbos debido a la terrible inestabilidad institucional que vive ese país desde hace más de un lustro. Pero Venezuela es el caso más patético. La llegada de un régimen con un claro tinte de izquierda, inspirado en el modelo cubano, hizo que se fueran del país miles de empresas que ya veían imposible la repatriación de las ganancias a sus países de origen, mientras que locales como Empresas Polar o Banesco, decidieron instalarse en otros países para mantener o mejorar sus márgenes de rentabilidad y con ello poder subsidiar lo que queda de ellas en Venezuela.
Otro caso estruendoso ha sido el de Argentina. La fuga de capitales en ese país ascendió a unos 86.000 millones de dólares entre 2015 y 2019, según un informe del Banco Central, que atribuye ese fenómeno a las políticas económicas aplicadas por el Gobierno del conservador Mauricio Macri. Aquí se rompió el molde: no fue un gobierno de tinte populista de izquierda sino de un gobierno conservador. Tras una severa crisis cambiaria en medio del proceso electoral que desembocó en el triunfo de Fernández, el Gobierno de Macri impuso controles a la compra de dólares a finales de octubre de 2019.
Hoy la huida de capitales hacia sus casas matrices o a paraísos fiscales, que está en la base de la depreciación de la moneda argentina, es un proceso que se ha agudizado por la situación internacional, signada por una salida de capitales en los países emergentes.
¿Cuál es el destino de estas empresas, sobre todo las originarias en América Latina? Si no es Estados Unidos o España, no tienen otra salida que la de batallar contra medidas y decretos que les marcarán su destino en sus países de origen. La perspectiva de una intensificación de la recesión a escala mundial, que todos los analistas dan por descontado, profundizará todas las contradicciones económicas y sociales existentes. No vienen tiempos buenos, mientras los capitales no tengan un sitio seguro donde poder operar.
