La moción fue aprobada con 36 votos a favor y dos abstenciones. Los dos parlamentarios que se abstuvieron de la medida fueron el DC Francisco Huenchumilla y el UDI José Miguel Durana.
Con 36 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur, petición hecha por las ministras de Interior y de Defensa, Izkia Siches y Maya Fernández y recientemente visada por la Cámara de Diputados.
Las abstenciones vinieron de parte del senador UDI, José Miguel Durana, quien ya había votado de esa manera en la extensión pasada -el 29 de junio- y del DC, Francisco Huenchimilla. Este último es precisamente representante de La Araucanía y para la pasada petición del gobierno se manifestó a favor.
A la salida, la ministra Siches valoró el amplio apoyo de los senadores y esbozó que «esta es una medida complementaria que se suma al trabajo del Plan Buen Vivir que es una estrategia tanto política como policial que va a complementar lo que ocurre en La Araucania”. Durante la sesión -más expedita que la última vez que se votó la extensión del estado de excepción- los senadores hicieron diversas peticiones y emplazamientos a las ministras.
Por una parte, por ejemplo, el senador José García Ruminot (UDI) y Rojo Edwards (PRep), mencionaron los ataques incendiario adjudicados por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) la semana pasada, por lo que «nuestra solicitud es que se ejerzan todas las acciones legales posibles de tal manera de terminar con la impunidad», dijo Ruminot. «Cuál es la acción desde el ministerio de Interior para que estos delitos sean realmente perseguidos por el ministerio público y nuestros tribunales».
Por otro lado, de forma transversal, senadores del PS -Álvaro Elizalde-, independiente RN -Kenneth Pugh- y DC -Matías Walker-, pusieron sobre la mesa la posibilidad de utilizar el proyecto recientemente aprobado por el Congreso Nacional, el de infraestructura crítica. «Plantearle al gobierno la posibilidad de evaluar un instrumento distinto (…) que es precisamente el proyecto de infraestructura critica, que a mi entender tiene varios puntos positivos en relación al estado de emergencia», como el que no restringe ningún derecho fundamental y que su evaluación permite prórrogas con más plazos, dijo Elizalde.
A esta petición, la ministra Siches aseguró que «con la ministra de Defensa y nuestro equipo jurídico estamos analizando los detalles de los distintos reglamento o decretos necesarios para su eventual implementación» agregando que el presidente es quien tiene «la última palabra en esto».
