By El pacto secreto Trump-Rodríguez garantiza a EEUU la compra dl 20% de la producción a costo de producción, fija un plan de inversión privada de 100 mil millones de dólares bajo la nueva Ley de Hidrocarburos y contempla la continuidad de diálogos políticos tras la liberación de presos políticos y la atención de la emergencia sísmica de junio
El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunció este lunes 31 de agosto la concreción de un acuerdo energético con la administración de Delcy Rodríguez que otorga al gobierno norteamericano el control económico y la gobernanza sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo.
Según la nota difundida por La Casa Blanca, el pacto fue suscrito por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, mediante la entrega de concesiones por un lapso de cien años sobre 17 yacimientos petroleros a la corporación privada North American Blue Energy Partners (Nabep), una empresa de Alejandro Betancourt.
El Ejecutivo norteamericano calificó la transacción como «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial» y destacó que la operación amplía significativamente su alcance energético «sin costo para los Estados Unidos».
De acuerdo con los términos estipulados, la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra obtendrá una participación de 35% en la empresa matriz de Nabep, lo que representa «hasta cientos de miles de millones en valor y dividendos».
El Departamento de Estado aseguró el derecho a comprar, a costo de producción, 20% garantizado de la extracción de los campos que opere la firma privada, volumen destinado a la recarga de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) y al suministro de «usos militares y otros sensibles», además de un derecho de primera negativa sobre 80% restante de la producción en situaciones de emergencia.
El convenio establece rígidas condiciones de control corporativo y legal a favor de Washington. El gobierno estadounidense mantendrá «poder de veto sobre el nombramiento de cualquier miembro de la junta directiva», la cual deberá contar con una mayoría de ciudadanos estadounidenses. Adicionalmente, el texto oficial precisa que Nabep «tendrá auditores, abogados y asesores estadounidenses de buena reputación» y que las relaciones contractuales estarán regidas bajo las leyes de Estados Unidos y sometidas a la jurisdicción de sus tribunales federales.
En materia operativa, la Casa Blanca aseveró que los volúmenes de extracción serán procesados a través de refinerías e infraestructura estadounidenses para impulsar la inversión interna.
En el plano de la reconstrucción económica nacional, la administración estadounidense enmarcó esta privatización dentro del «plan de tres partes de estabilización, reconstrucción y transición democrática» emprendido tras la «Operación Resolución Absoluta».
Bajo el amparo de la nueva ley de hidrocarburos aprobada en Venezuela, Nabep prevé desarrollar un plan de infraestructura de hasta 100 mil millones de dólares e ingresar «200 mil millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años» para el fisco venezolano.
Washington enfatizó que la mayoría de los campos asignados «fueron previamente controlados u operados por empresas rusas y chinas», sosteniendo que la medida reafirma la Doctrina Monroe al «purgar la influencia maligna extranjera» del hemisferio.
Finalmente, el reporte del gobierno estadounidense confirmó que patrocina un proceso de conversaciones de reconciliación política entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y la administración de Delcy Rodríguez. Según la Casa Blanca, este diálogo ha derivado en reformas al sistema judicial, «la liberación de cientos de presos políticos y esfuerzos cooperativos para financiar la reconstrucción tras los devastadores terremotos de junio», agenda que mantendrá nuevas rondas de negociación durante el mes de septiembre.
