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La muerte está presente en los hospitales pediátricos en Venezuela

Más de 283 mil mujeres embarazadas y sus recién nacidos corren el peligro de fallecer en maternidades y hospitales al cuidado de los niños por la falta de atención
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Más de 283 mil mujeres embarazadas y sus recién nacidos corren el peligro de fallecer en maternidades y hospitales al cuidado de los niños, por la falta de atención, carencia de insumos y falta de medicamentos.

Todos los funcionarios que han ocupado la cartera de Sanidad, se han enriquecido a costa de los pacientes venezolanos

El Hospital J. M. de los Ríos se encuentra bajo la administración del Ministerio para la Salud desde 2008. Es el ente responsable de ejecutar los requisitos administrativos, insumos e infraestructura para garantizar el derecho a la vida y a la salud de todos los niños de Venezuela.

En febrero de 2018 laComisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dictó medidas cautelares pidiéndole al Gobierno salvaguardar la vida y salud de los pacientes en el área de nefrología. Sin embargo, en la actualidad estas medidas no se han cumplido. Es por ello que la muerte está presente en los hospitales pediátricos en Venezuela.

“Lamentablemente hay unas vidas que se han perdido por la desidia del Estado, mientras que otras se deterioran rápidamente por no tener una atención médica oportuna ni adecuada. Que la CIDH haya tomado medidas colectivas para proteger la integridad y la salud de los pacientes del J. M. de los Ríos muestra la urgencia y la severidad de la crisis hospitalaria que se vive puertas adentro”, indicó Julieth Pineda, periodista especializada en la fuente de salud.

La especialista señaló que organismos como la CIDH pueden hacer un llamado de atención y sugerir acciones para garantizar el derecho a la salud de los afectados, mas no poseen mecanismos para obligar a los gobiernos a acatar las medidas al pie de la letra.

Narró además cómo en 2018 la CIDH solicitó al Estado venezolano investigar las causas del brote infeccioso que causó la muerte de al menos cuatro pacientes del servicio de Nefrología; pero hasta la fecha, no se ha responsabilizado a nadie por esa tragedia. “Incluso funcionarios de la Fiscalía entrevistaron a los padres de los niños y al personal de salud en su momento”, agregó Pineda.

La crisis del hospital infantil tiene numerosas vidas de niños en un hilo. Para el 7 de diciembre de 2018 fallecieron 29 niños por causas vinculadas a la crisis de salud. A pesar de las medidas cautelares, al año siguiente murieron 10 niños en el área de nefrología (hasta octubre). En enero de 2020, falleció Víctor Pino. Tenía 12 años de edad, paciente de Nefrología.

¿Cuántas muertes más de niños, niñas y adolescentes se necesitan para recuperar lo que era el Hospital J. M. de los Ríos? ¿Cuántas protestas se necesitan para que los profesionales de la salud tengan dignidad laboral? ¿Cuántas madres y padres más deben llorar a sus hijos para que ocurra algo en el hospital?

            No podemos dejar de denunciar, que todos los funcionarios que ha colocado el régimen al frente de la cartera de Sanidad, han robado descaradamente los diferentes presupuestos, negociado las medicinas y equipos necesarios para la atención de los pacientes. La mayoría de estos indolentes funcionarios se han enriquecido en detrimento de la salud del pueblo venezolano, uno de esos casos es la de la ex ministro Eugenia Sader, la exministra de Salud señalada de desviar $1.500 millones en tres años. Los delitos que le imputaron a Sader se cometieron en medio de la escasez de medicinas e insumos, las graves fallas de infraestructura y el déficit de personal que atravesaba el sistema sanitario venezolano. Prácticamente, esa gestión sentó las bases para lo que vendría a partir de 2015: una emergencia humanitaria compleja.

            Coronela y médico pediatra de la Aviación Militar Venezolana. Esos son los atributos profesionales de Eugenia Sader que no se llegaron a cuestionar en público, hasta que llegó a ocupar el cargo de ministra de la Salud, nombrada por el fallecido Hugo Chávez, quien propicio la enorme corrupción durante su mandato de gobierno 

Estuvo en esa cartera entre 2010 y 2013, tiempo en el que se vio envuelta en una red de corrupción, que la llevó en 2014 a ser imputada por una fiscalía anticorrupción por la comisión de delitos de peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir, y a que el Tribunal Supremo de Justicia le congelara todos sus bienes.

Los delitos imputados a Sader se cometieron en un lapso en el que la salud venezolana atravesaba una escasez de insumos y medicinas y un déficit de personal. A eso se suma que los hospitales estaban sometidos a largas remodelaciones y otros ya mostraban fallas en su infraestructura. Prácticamente, su gestión sentó las bases para lo que vendría a partir de 2015: una emergencia humanitaria compleja. 

Los tres delitos de Eugenia Sader están relacionados con contratos para la construcción de seis hospitales especializados, y para el manejo de medicamentos e insumos médicos: 25 contenedores con medicamentos varios vencidos, 32 contenedores de material médico quirúrgico e insumos vencidos, 13 contenedores de yeso y 5 contenedores vacíos.

El 15 de mayo de 2015, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en contra de la funcionaria, la cual fue ratificada en marzo del año 2016, sin embargo, las órdenes no se ejecutaron, lo que permitió la huida de esta delincuente de cuello “rojo rojito” y ahora disfruta de lo robado en la República Dominicana, en una mansión en la exclusiva zona turística de Can Cana. 

Destacaremos que la orden de captura de Sader se giró luego de que una investigación penal determinara presuntas irregularidades en la contratación por parte del Ministerio para la Salud de las empresas Corporación Conmed, Consorcio Corpomed Corporation C.V y MCC London Limited, para la construcción de seis hospitales de alta tecnología (que formaban parte de la Misión Barrio Adentro IV).).

Se trata del Hospital General Materno Infantil (Apure); Hospital General especializado en Toxicología y Oncología (Barinas); Hospital Cardiológico de Adultos, (Distrito Capital); Hospital General especializado en Nefrología (Guárico); Hospital General especializado en Gastroenterología y Oncología (Mérida) y Centro Nacional de Oncología (Miranda).

El monto involucrado en estos centros hospitalarios nunca construidos en la capital venezolana y cinco estados es de 663,6 millones de dólares. Los cuales hasta ahora se ignora donde fueron a parar esta cuantiosa suma de dinero, pero se intuye que forma parte del actual patrimonio de la exministra Sader. La investigación del Ministerio Público, MP, iniciada el 27 de junio de 2013, es partir de la denuncia realizada por Pedro González Salmerón, coordinador (e) del puesto de comando presidencial y director general de seguimiento y control del Viceministerio de Asuntos Estratégicos del Ministerio del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la Gestión de Gobierno.

Por cierto, República Dominicana le ha permitido refugiarse a una gran cantidad de corruptos chavistas que se han visto involucrados en grandes desfalcos a la nación venezolana y actualmente disfrutan de esos cuantiosos montos robados en emporios turísticos de alto costo no solo en República Dominicana, sino también en otras islas del Caribe, dándose vida de millonarios, sin que autoridad alguna los capture por sus delitos cometidos.     

            Otro personaje que hace poco fue noticia es Carlos Alberto Rotondaro, exfuncionario venezolano señalado por hechos de corrupción que repercutieron en la crisis sanitaria que registra Venezuela desde hace varios años fue removido de la lista de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC, por sus siglas en inglés). Exministro, general y expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), señalado por corrupción, por un diputado de la oposición en 2015 por haber desfalcado más de 100 millones de dólares.

            Siendo General activo Rotondaro desertó y pidió refugio en Colombia, tal y como lo confirmó en marzo de 2019 en la que denunció variadas irregularidades en el sistema de salud de Venezuela. Ese mes, el gobierno de Maduro lo degradó y expulsó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN), junto a Hugo “El Pollo” Carvajal, ex jefe de inteligencia actualmente detenido en EEUU  por “conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego”.

            Pero volviendo a nuestro “ilustre y héroe bolivariano”, la remoción de la lista de sancionados de la OFAC, de Rotondaro, y que además las autoridades judiciales de Estados Unidos en una forma sorprendente, durante la negociación de su sentencia, aceptaron transar la rebaja de su pena si entregaba parte del dinero robado a la nación, y Rotondaro, giró desde un banco en Suiza, la suma de 18 millones de dólares a las autoridades judiciales norteamericanas.

Rotondaro Junto a otros tres exfuncionarios venezolanos, fueron sancionados por EEUU en 2018 como parte de los esfuerzos para “poner de relieve la mala gestión económica y la corrupción endémica que han sido características definitorias” del gobierno de Nicolás Maduro. También estos tres ex funcionarios, que participaron del cuantioso robo a la nación y que forman parte del entorno del ex general, entregaron grandes sumas millonarias, para obtener el mismo beneficio de su jefe.

Rotondaro ocupó cargos clave durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, quien lo ascendió a general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en 2012 y también durante la gestión de Maduro. Fue ministro de Salud y durante varios años presidente del IVSS, organismo estatal encargado de suministrar medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas. Rotondaro enfrentó denuncias de la falta de distribución de medicinas y tratamientos de alto costo, según precisa Transparencia Venezuela. El gobierno de Panamá lo sancionó en 2018 por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales.

El largo historial de corrupción, donde hay desde los desfalcos, pasando por el tráfico de influencias hasta el lavado de dinero, comienza en el 2018, concretamente El 4 julio 2018 el diputado a la Asamblea Nacional Winston Flores denunció al general Rotondaro Cova y a su supuesto testaferro el mayor (r) William Hernández por el desfalco de US $ 100 millones. En este caso estarían involucradas 10 empresas panameñas, pertenecientes William Hernández.

Se realizaron compras irregulares de materiales para tratar la diálisis, medicinas de alto costo para combatir el cáncer, inmunosupresores y para el VIH. Se contrataron reparaciones y mantenimiento de centros asistenciales que dependían del IVSS. Fue señalada Yolimar Rodríguez, ex directora de Administración y Finanzas del IVSS. Tenía una compañía llamada Complexión a través de la cual se realizaron algunos negociados. Otra señalada es Carolina Chaguan, del Departamento de Información del IVSS.

Pero no contentos con todo lo sustraído la corrupción en familia, fue otra característica de su “gestión”. Bajo la administración de los generales Jesús Mantilla y Carlos Rotondaro, 19 empresas pertenecientes a un mismo grupo familiar habrían sido beneficiadas por IVSS con contratos de compra irregulares de medicinas insumos para la red hospitalaria pública. Cerca de US $ 500 millones a tasa preferencial de 6,30 Bs/$ recibieron seis firmas del grupo Continental Médica CA. por asignación directa entre 2004 y 2012 (equivalentes a poco más de la mitad de los US $ 856 millones que gastó el IVSS en el extranjero en cuatro años).

Las 19 empresas eran manejadas por cuatro hermanos y parientes. Era encabezada por Daniel Edgardo e Isabel Rangel Barón. La red empresarial recibió US $ 455.631.647, a tasa preferencial, para la compra de materiales del IVSS. Continental Medica se encuentra entre las primeras 61 empresas que más recibieron dólares Cadivi en la historia del control de cambio. No se conocen concursos públicos convocados por el IVSS para la adjudicación de los contratos como exige la Ley de Licitaciones.

Rotondaro Cova, se enriqueció en el año 2007, cuando estuvo en la dirección de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh), primero como suplente en el Consejo Directivo y luego como presidente, después que se autodesignó. En esa fundación actuó, en 8 centros asistenciales incluidos en la Red Hospitalaria Barrio Adentro III del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS): Maternidad Concepción Palacios, Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos, Hospital Dr. José María Vargas de Caracas, Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC), Servicio Autónomo Hospital Central de Maracay (SAHCM), Hospital Industrial de San Tomé, Hospital General del Oeste Dr. José Gregorio.

En el Informe de la Contraloría General de la República 2013 se señaló que: Fundeeh había celebrado 100 contratos de obras, para la adecuación y modernización tecnológica de los servicios de estos hospitales. La fundación “no supervisó, inspeccionó o evaluó, o hizo control técnico administrativo de las obras, ni de los términos de contratación establecidos”. Se observaron deficiencias generales en la ejecución y la contabilidad presupuestaria en los años 2007, 2008, 2009 y primer trimestre de 2010. De los 100 contratos de obras, 36 no reposaban en los archivos de la fundación. Los 64 restantes, correspondientes a 8 hospitales, carecían de documentos sobre la selección y contratación de las empresas, la ejecución de las obras y de sus pagos.

También se observó que 46 obras no poseían acta de terminación y además no se dispuso de información sobre 11 contratos. 34 expedientes de contratos de obras carecen de documentos que justifiquen los anticipos a las contratistas, las valuaciones de obras para amortización de anticipo, órdenes de pago, cheques emitidos, situación de las obras, ni evidencias de acciones por parte de la fundación ante los incumplimientos de contratos. Para junio del año 2012 la situación era la siguiente: 12 contratos con 4 años de retraso, 11 contratos con 5 años, 5 contratos con 3 años y 2 contratos con 2 años. A ello se suma el incremento en los costos y el deterioro físico de la infraestructura y equipos. Los ciudadanos fueron privados de servicios asistenciales. Se evidenció que el Ministerio del Poder Popular para la Salud incumplió el cronograma de ejecución para adquirir productos farmacéuticos. Para 27-09-2013 solo se había recibido 0,84% de los medicamentos, cuando debían estar entregados 74 % de los insumos.

Conociendo un poco más sobre este personaje, sacado de una caja de sorpresas malas, encontramos que Carlos Alberto Rotondaro Cova, es integrante de la promoción del año 1987 General de Brigada Tomás Montilla conocidos como “Los Montilleros”. Fue compañero y parte del grupo de militares que han sido hombres de confianza en la estructura de Estado instaurada inicialmente por Chávez.

En el círculo cercano del exgeneral Rotondaro Cova está Alejandro Andrade, ex tesorero de la nación (2007-2010) y también ex presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes), quien a finales de 2018 se declaró culpable ante una corte federal de Florida por conspiración para el lavado de dinero, en un hecho que involucra mil millones de dólares en sobornos. El ex presidente del IVSS es cercano a Jesse Chacón Escamillo, embajador en Austria, ex ministro de Energía Eléctrica y ex presidente de Corpoelec. También tendría vínculos muy cercanos con el número dos del llamado chavismo, Diosdado Cabello Rondón. Todos acusados ante las autoridades de Estados Unidos de narco lavado, tráfico de drogas, lavado de dinero, y muchos otros.

                                        

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