En 15 días el gobierno del Boric debe resolver si extiende el estado de excepción en la Macrozona Sur o utiliza la reforma del Congreso Nacional del artículo 32 constitucional, la cual crea una facultad para que el presidente de la República disponga de las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica de establecimientos de salud, centros de telecomunicaciones o lugares cruciales para el abastecimiento de agua a la población.
La jornada de este miércoles los diputados y senadores visaron la petición del gobierno para extender el estado de excepción. Pero precisamente dos días antes, ambas Cámaras también aprobaron la reforma constitucional al artículo 32, la cual crea una nueva facultad para el presidente de la República, quien podría disponer de las Fuerzas Armadas para la protección de infraestructura crítica como establecimientos de salud, centros de telecomunicaciones o lugares cruciales para el abastecimiento de agua a la población.
Debido a este escenario es que han surgido presiones por parte de diversos parlamentarios -UDI, RN, DC, PS- para, en vez de solicitar una nueva prórroga del estado de excepción que ha tensionado al Congreso -especialmente a las bancadas de Apruebo Dignidad quienes han votado en contra de sus convicciones en pos de apoyar a su gobierno- solicitar más bien el estado de infraestructura crítica.
Hay dos grandes diferencias entre ambas facultades, como mencionó este miércoles el senador socialista, y presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde. «En primer lugar implica no afectar ningún tipo de derecho o libertades establecidas en la Constitución», y por otro, la solicitud de prórroga al Congreso se hace cada 60 días, no cada 15.
Elizalde aseguró, frente a las ministras de Interior y de Defensa, Izkia Siches y Maya Fernández, que es «muy importante que el gobierno evalúe (…) Me parece de toda lógica que se pueda analizar su aplicación adoptando todas las medias necesarias tanto de carácter político como administrativo».
En esa misma línea les habló a las secretarias de estado el senador DC, Matías Walker -quien presidió la Comisión de Mixta en donde se resolvieron las diferencias entre los diputados y los senadores frente a este proyecto. «Invito al presidente Gabriel Boric a ejercer la facultad que le dimos esta semana a través del Congreso Nacional en el marco del estado de infraestructura critica».
Además, Walker lanzó un dardo a Apruebo Dignidad. «Lamentablemente no nos acompañaron todos los votos de los parlamentarios de la coalición de gobierno, pero nosotros si apoyamos al gobierno y dimos nuestros votos porque creemos fundamental que el presidente de la República pueda disponer de las Fuerzas Armadas».
Y es que ningún parlamentario de la coalición del presidente Boric votó a favor del proyecto de infraestructura crítica, que en un comienzo el gobierno buscó impulsar, luego le quitó el piso, pero finalmente se convenció -no públicamente- para utilizarlo como alternativa al estado de excepción. Así lo comentó a El Mercurio el propio subsecretario de Interior, Manuel Monsalve: «El Estado va a tener una herramienta distinta a lo que conocemos como estado de excepción: el proyecto de infraestructura crítica».
De hecho, la ministra Izkia Siches aseguró que ya están trabajando en el reglamento para que sea promulgado el proyecto, y comentó: «Esperamos avanzar en nuestra evaluación tanto jurídica como técnica para hacerle presente al presidente que a nuestro juicio es un instrumento que el gobierno debe evaluar su utilización. Tal como lo hemos hecho con el estado de excepción constitucional, consideramos que todas las herramientas en que el parlamento ha avanzado son útiles para enfrentar la violencia y el crimen que opera en los distintos territorios del país».
Otro factor que influye en esta decisión del gobierno son las peticiones del Partido Comunista a que se acabe la aplicación de la herramienta excepcional. Precisamente, previo a la votación del día de ayer, Alejandra Placencia aseguró que «creemos que este es el momento de inflexión. Tenemos que tomar una decisión de como avanzamos y nosotras esperamos que este sea efectivamente el ultimo estado de excepción».
Compañeros suyos hicieron eco a sus palabras, aunque negaron que esta fuera la última vez que lo respaldarían. «Nuestra posición es que el estado de excepción no puede ser permanente, su nombre lo indica, y por lo tanto lo que corresponde es que se pueda diseñar una estrategia de salida, una desescalada en la presencia de los militares», aseguró Luis Cuello.
Él mismo, con anterioridad a la votación de infraestructura crítica había mencionado que «el gobierno siempre tiene que tener herramientas para enfrentar las situaciones de seguridad que por eso hoy día hay dos alternativas que están en juego. Una es el estado de excepción acotado como se ha implementado en el sur, y otra es lo que se va a abrir, esta herramienta que es la infraestructura critica que permite que se extienda más en el tiempo sin renovaciones periódicas».
Fuentes de gobierno han asegurado que la decisión no está tomada, y que efectivamente «el presidente de la República tiene la última palabra en estos hechos», como ha asegurado Siches, pero que se está evaluando y es muy probable que se utilice en reemplazo del estado de excepción.
