Las mujeres migrantes que salen de sus países de origen con la esperanza de llegar a Estados Unidos sufren desde el inicio de la ruta: miedo, hambre, violencia. Vienen desde Honduras, El Salvador, Guatemala, y deben atravesar 5 mil kilómetros de México para llegar a la frontera norte.
Para algunas, ser violadas es el precio del pasaje y además, por su carácter de migrantes irregulares, no son atendidas en los hospitales públicos y dependen de las organizaciones para conseguir un anticonceptivo o algo tan básico como apoyo psicólogico.
La ONG Médicos Sin Fronteras identifica la violencia sexual en las rutas migratorias como uno de los grandes retos pendientes de la región. En el 2022 atendieron 61 casos directos por agresión sexual y más de 3.200 por consultas sobre salud sexual y reproductiva.
El primer obstáculo empieza en la puerta, explica Elena Vargas, médica nicaragüense, establecida en México: “Si el guardia de seguridad del centro médico escucha que eres extranjera, adiós. Rechazo completo”.
Las que consiguen avanzar se encuentran con los encargados de los archivos, que deben abrir el expediente y dar turno, “muy pocos están sensibilizados y formados lo suficiente para saber que las migrantes también tienen derecho a los servicios médicos”. El último paso es el personal médico, donde suelen recibir una atención “deficiente, por decir lo mínimo”.
Vargas, que se exilió de Nicaragua tras las protestas de 2018, explica que la violencia sexual se ha convertido en uno de los problemas más palpables que afectan a las mujeres migrantes. “Es fundamental la atención precoz.
Lo ideal es que los casos se atiendan en las primeras 72 horas, cuando podemos prevenir el embarazo —obviamente el que sea no deseado—, y cuando podemos también dar alguna profilaxis, algún preventivo, en el caso de que el atacante fuera VIH positivo”, explicó.
Sin embargo, no siempre consiguen llegar a ellas antes de los tres días. En 2022, se logró en apenas cinco casos. Esto se debe en parte a que las mujeres no saben dónde acudir cuando sufren una agresión sexual.
“¿A dónde van las mujeres migrantes cuando tienen algo como una gripe? Lo saben. Pero, ¿cuándo es un tema tan sensible y tan estigmatizante como la violencia sexual?”.
Médicos Sin Fronteras se encarga de ayudar con la parte médica, desde el acceso a las pastillas necesarias y a las consultas psicológicas, hasta referirlas a centros donde puedan tener acceso a los servicios.
De estos, hay muy pocos. Vargas nombra que en Ciudad de México solo cuentan con una clínica pública de referencia, en la colonia Condesa, “donde tienen las puertas abiertas para los migrantes, pero es algo muy excepcional”. Además, suelen acompañar a las migrantes a navegar en el sistema de salud. En otros casos recurren a trabajadores sociales e intérpretes —para mujeres que hablan francés, portugués o criollo haitiano— para acompañar a las migrantes en el sistema de salud. “¿Pero cuántas personas pueden tener acceso a ese acompañamiento? Son muchísimos migrantes. Tenemos recursos limitados, necesitamos una respuesta del Estado, no que esto quede en manos de las ONG, y de la sociedad civil”, señala.
En Honduras, por ejemplo, la organización consiguió en diciembre después de muchos años de esfuerzo que la Secretaría de Salud permitiera ofrecer la pastilla anticonceptiva de emergencia para las víctimas de violencia sexual, era el único país del continente que no la tenía aprobada.
En El Salvador, se enfrentan a un sistema que criminaliza las interrupciones del embarazado, incluso aquellas involuntarias.
En Nicaragua, Médicos Sin Fronteras, igual que la mayoría de las ONG, como la Cruz Roja Internacional, fueron expulsadas del país por el régimen de Daniel Ortega, lo que ha dejado un vacío de atención médica que no puede llenar el sistema público de salud.
“En Nicaragua, el aborto está prohibido en todos los casos, independiente de si es producto de violencia sexual o de si el feto viene con malformaciones.
Además, hay un rampante abuso sexual en niñas, que se están viendo obligadas a parir con 11 años o 12 años”, explica la médica nicaragüense.
Un informe del Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México afirma que un 29% de los migrantes son víctimas de violencia física, psicológica o sexual. La mayoría de los abusos quedan impunes. El temor a ser repatriados y la desconfianza en las autoridades provocan que solo se denuncie uno de cada 10 casos, asegura esta investigación de 2021. En total, Médicos Sin Fronteras atendió a 24.600 migrantes entre Honduras, Guatemala y México.
