El referéndum celebrado el 20 de agosto pasado en Ecuador, a la par de las elecciones presidenciales demuestra que una clara mayoría de los ecuatorianos se pronunció a favor de la protección del Parque Nacional Yasuní, lo que es un hecho sin precedentes.
Por primera vez un gobierno es obligado por la ciudadanía a dejar el petróleo bajo tierra.
El 58,97% votó por la naturaleza frente al 41,03% del No. Este histórico plebiscito sienta un precedente a nivel mundial, para cesar la actividad de extracción de petróleo en el Bloque 43-ITT. Sin embargo, en la provincia amazónica de Orellana, donde se ubica este bloque, el No ganó con el 57,99% de los sufragios frente al 42,01% del Sí.
Se trata de un referéndum que marca un nuevo rumbo. Durante más de diez años, se había retrasado mediante todo tipo de trucos políticos. Finalmente fue el Tribunal Constitucional ecuatoriano el que dio luz verde a la consulta, en mayo. Los magistrados establecieron, además, que un Sí a la protección de la selva tropical debe llevarse a la práctica sin dilación. Eso quiere decir que en el lapso de 365 días, todas las maquinarias del Bloque 43, también llamado ITT, deben ser desmontadas y las perforaciones deben sellarse.
El resultado del referéndum, que también promovió explícitamente la agrupación de pueblos indígenas Conaie, es también una señal para los vecinos y la cumbre amazónica, celebrada recientemente, sin resultado, en Brasil.
En pro de la selva tropical
Con un claro Sí, los ecuatorianos decidieron mantener dos áreas naturales protegidas: Un 59% votó por la protección del Parque Nacional Yasuní e incluso un 68% se pronunció a favor de proteger la reserva de biósfera del Chocó Andino de la minería.
Ecuador es muy dependiente de la exportación de materias primas y este resultado es un mensaje, no solo para Ecuador, sino para todo el planeta, celebra Inty Arcos, portavoz de la iniciativa Quito sin Minería.
Sin embargo, el Gobierno de Guillermo Lasso no acatará, de momento el resultado del plebiscito para detener explotación de petróleo en la Amazonía, arguyendo «razones constitucionales».
Según el Gobierno de Lasso, aunque el Sí ganó a nivel nacional, la Constitución indica que son los lugareños los facultados para decidir y allí se impuso el No. Así lo anunció tres días después (el 23 de agosto) el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite.
El Gobierno se acoge al artículo 57 de la carta magna para aducir que «los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio», comentó Santos Alvite. «Queremos que el país esté consciente de este problema constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir ‘Sí’ o ‘No’ de acuerdo a la Constitución», agregó Santos Alvite.
De esta manera, el Gobierno del presidente Lasso continuará operando el Bloque 43-ITT con normalidad y dejará listos los planes de desmantelamiento de las instalaciones por si el siguiente gobernante decide parar la explotación. El nuevo Ejecutivo entrará en vigencia en noviembre 2023.
Llaman a la Corte a «dirimir»
El ministro indicó que «debería ser la misma Corte la que tenga que dirimir» sobre esta interpretación de la Constitución. No obstante, el titular de la cartera de Energía y Minas señaló que el Gobierno de Lasso no será quien haga la consulta ya que consideró que eso le correspondería hacer a los colectivos ambientalistas que impulsaron la celebración de este plebiscito.
Santos Alvite animó incluso «el derecho a la resistencia» de las comunidades indígenas del Bloque 43-ITT en caso de que se procediese con el desmantelamiento de la explotación, al señalar que es un derecho que tienen amparado en la Constitución si ven sus derechos constitucionales violados, e insistió en que los habitantes de Orellana son los únicos que tienen la capacidad de decidir si se inicia o se termina.
“No haremos nuevas actividades, pero seguirá la producción», reiteró Santos Alvite, quien aseguró que «nunca en la historia del mundo se ha parado un campo tan importante que produce casi 60.000 barriles por día».
Corte Constitucional ya había ordenado «desmantelar instalaciones»
El ministro aseguró que es «imposible» desmantelar las instalaciones en el plazo de un año como dictaminó la Corte Constitucional cuando validó la pregunta planteada por el colectivo Yasunidos, que consiguió celebrar el plebiscito tras reunir 757.000 firmas y liberar una batalla legal de diez años contra los órganos electorales.
Asimismo, el ministro recordó que el cese de las operaciones del Bloque 43-ITT supondría, de acuerdo a los cálculos del Gobierno, un perjuicio de 1.200 millones de dólares al año para el Estado en beneficios que dejaría de ganar, una cifra que los ambientalistas consideran mucho menor.
«Es un golpe gravísimo para la economía del país, y se crea un pésimo precedente. Hay contratos firmados y compromisos a largo plazo. La seguridad jurídica del país queda en entredicho. ¿Qué compañía va a venir si a alguien se le ocurre hacer una consulta y se para el contrato?», se cuestionó Santos Alvite.
El Bloque 43-ITT es el más reciente y productivo de los cuatro que se encuentran en explotación dentro del Parque Nacional Yasuní, un área de un millón de hectáreas considerada el corazón de la Amazonía ecuatoriana y un epicentro mundial de biodiversidad.
Del Bloque 43-ITT salen a diario unos 58.000 barriles de crudo, que equivalen a alrededor del 11% de la producción nacional de crudo de Ecuador, que ronda los 480.000 barriles por día.
