La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró “inconstitucional” el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, una decisión que se espera ponga fin a una crisis nacional y abra un frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria, la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
Por “unanimidad”, el pleno de nueve magistrados encabezado por la presidenta María Eugenia López Arias declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el contrato.
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