En la conmemoraciĂłn de un año del asesinato del lĂder indĂgena Virgilio Trujillo que se oponĂa a la minerĂa ilegal en el estado Amazonas, dos organizaciones ambientales y de derechos humanos piden que Venezuela firme el acuerdo de EscazĂș.
âObservamos con preocupaciĂłn el desinterĂ©s de nuestro Gobierno de unirse al Acuerdo de EscazĂș. Nuestro pueblo uwottuja presente en el municipio Autana, estado Amazonas, le pide firmarlo porque EscazĂș contiene elementos como la protecciĂłn de la biodiversidad y de los defensores del ambienteâ, dice un lĂder indigena del pueblo uwottuja, que pidiĂł la protecciĂłn de su nombre debido a la grave situaciĂłn de seguridad que se vive en el sur de Venezuela. Hace poco mĂĄs de un año, el 30 de junio de 2022, fue asesinado en Autana el lĂder uwottuja Virgilio Trujillo por oponerse a las pistas ilegales del narcotrĂĄfico y a la minerĂa ilegal.
El Acuerdo de EscazĂș es un tratado regional que entrĂł en vigor en 2021 y que promueve el acceso efectivo a la informaciĂłn ambiental, a la justicia en los casos requeridos y la participaciĂłn en la toma de decisiones que afecten el ambiente. AdemĂĄs, incluye la protecciĂłn de los defensores ambientales, un problema clave considerando que el 68% de los asesinatos de defensores ambientales en los Ășltimos 10 años se ha registrado en LatinoamĂ©rica.
En total, 25 paĂses de la regiĂłn lo han firmado, algunos tienen pendiente su ratificaciĂłn, como Brasil y PerĂș y otros como Venezuela, Cuba y Honduras decidieron no adherirse.
Con la esperanza de que el gobierno venezolano se una a EscazĂș para garantizar informaciĂłn a los ciudadanos sobre temas ambientales claves, asĂ como la protecciĂłn de los defensores de los ecosistemas, las organizaciones de la sociedad civil venezolana Clima21, Sinergia, La Vida de Nos y la red Odevida emitieron un comunicado pĂșblico que reĂșne sus principales demandas. âInvitamos al Estado venezolano a firmar y ratificar de forma inmediata (âŠ), dice la solicitud que fue publicada el 5 de junio, DĂa Mundial del Ambiente.
La situaciĂłn de violencia contra los lĂderes ambientales de Venezuela es apremiante. La red Odevida y la colombiana Pares, entre otras, documentĂł que 32 lĂderes indĂgenas y ambientales fueron asesinados entre 2013 y 2021. âEn total 21 de ellos fueron asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)â, segĂșn Odevida.
Venezuela es uno de los paĂses donde EscazĂș puede ser mĂĄs importante. Necesitamos el acceso a la informaciĂłn, la participaciĂłn y a la justicia en temas ambientalesâ, dice Alejandro Ălvarez, biĂłlogo y coordinador de la organizaciĂłn no gubernamental Clima21. Agrega que en el paĂs no tienen acceso a ningĂșn tipo de informaciĂłn oficial del ambiente y que el gobierno no ha manifestado intenciĂłn de ratificar el acuerdo.
Agrega que si el paĂs decidiera unirse al tratado, podrĂa hacerlo de manera relativamente sencilla. âVenezuela solo necesitarĂa manifestar su voluntad de hacerlo ante el organismo que coordina el Acuerdo de EscazĂș (la CEPAL) y seguir los pasos necesarios para legalizar este proceso: firma del acuerdo y ratificaciĂłn por parte de la Asamblea Nacional. En el primer aspecto es donde estĂĄ el obstĂĄculo, el gobierno nacional no tiene ninguna intenciĂłn de hacerloâ.
En los resultados de una encuesta publicada en abril de 2023 por Clima21, al menos 57 lĂderes y organizaciones ambientales manifestaron no sentirse seguros al desempeñar su labor. Para el 60% de las organizaciones encuestadas, la defensa de los derechos ambientales en Venezuela es una actividad de riesgo y el 26% de los encuestados dijo que ha sufrido agresiones por su trabajo.
Ălvarez, ademĂĄs, comenta que Venezuela presenta una violencia creciente contra los defensores del territorio, en particular, de lĂderes indĂgenas en los Ășltimos años. Precisa que las formas de violencia perpetrada incluyen asesinatos, agresiones y hostigamientos.
Los datos respaldan a Ălvarez. SegĂșn la organizaciĂłn de la sociedad civil Global Witness, que mide la violencia contra defensores ambientales a nivel global, 17 defensores han sido asesinados en Venezuela entre 2013 y 2021 (trece eran indĂgenas). SegĂșn la ONG, al menos catorce de estas personas se oponĂan a la minerĂa o actividades extractivas, y doce de los asesinatos se presentaron en los estados amazĂłnicos del paĂs, principalmente BolĂvar.
DetrĂĄs de estos crĂmenes, segĂșn Global Witness, estĂĄn sobre todo las fuerzas armadas del paĂs en ocho de los casos, mafias o crimen organizado en cuatro y sicarios en un nĂșmero similar.
Aunque las cifras de Global Witness cubren hasta 2021, el 2022 no fue un mejor año. En marzo de 2022, se reportĂł una masacre del pueblo yanomami en el estado Amazonas. Militares del puesto de la sierra Parima TapirapecĂł fueron señalados como los responsables de la muerte de cuatro pobladores indĂgenas, en medio de una disputa sobre el uso del servicio de Wifi. En junio del mismo año, el lĂder indĂgena uwottuja Virgilio Trujillo fue asesinado por su oposiciĂłn a las pistas ilegales del narcotrĂĄfico y la minerĂa ilegal en Autana, estado Amazonas.
Alejandro AlvĂĄrez comenta que tanto en 2022 como en 2023 se han registrado acciones muy graves contra pobladores indĂgenas al sur del estado Amazonas. En junio de este año, lĂderes del pueblo yekuana denunciaron a travĂ©s de la organizaciĂłn de la sociedad civil KapĂ© KapĂ© la incursiĂłn de mineros ilegales en su territorio. Estas actividades ilegales han traĂdo amenazas, agresiones y atentados contra quienes se oponen, segĂșn KapĂ© KapĂ©.
Asimismo, en febrero de este año, expertos que trabajan con los yanomami señalaron que este pueblo enfrenta el mismo problema. En sus tierras se han detectado por lo menos 50 focos de minerĂa ilegal, como revelĂł un informe de 2022 de la organizaciĂłn de la sociedad civil SOS Orinoco. Esta extracciĂłn ilegal de oro, segĂșn SOS Orinoco, se desarrolla con mayor Ămpetu en Venezuela desde la implementaciĂłn de la polĂtica del Arco Minero del Orinoco en 2016.
âEn el Alto Orinoco, en las tierras ancestrales de los yanomami, estamos viendo una invasiĂłn de garimpeiros (mineros) brasileños que saben que pueden hacer negocio con las autoridades civiles y militares venezolanas. Hay un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana en esta zonaâ, explica Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco. La experta añade que si en el informe de SOS Orinoco de 2022 detectaron que existĂan 50 focos de minerĂa ilegal en tierras yanomami, hoy esos puntos han aumentado a 99. AdemĂĄs la mayorĂa es de actividad visible en imĂĄgenes satelitalesâ, indica.
Para Burelli, el estado venezolano no tiene la voluntad polĂtica de acabar con la minerĂa ilegal en el sur de Venezuela. La actividad no ha parado de crecer, segĂșn lo demuestran los estudios elaborados por SOS Orinoco.
âVeo con mucha preocupaciĂłn cĂłmo el estado Amazonas estĂĄ siendo destruido y despojado de sus recursos minerales y vegetales a la vista de todo el mundoâ, dice el lĂder uwottuja que pide la protecciĂłn de su nombre. Cita que los dos principales focos de minerĂa ilegal son el Parque Nacional Yapacana y el Guayapo, en el municipio de Autana. Resalta, ademĂĄs, la presencia de grupos armados ilegales que se dedican al narcotrĂĄfico y a la minerĂa, y que someten a los pobladores indĂgenas a condiciones de esclavitud.
MarĂa Daniela Maldonado de Rincones, abogada, docente y defensora de Derechos Humanos y de Derechos de Pueblos IndĂgenas, que trabaja actualmente en la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato ApostĂłlico (sede de la Iglesia CatĂłlica) de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, considera que el paĂs debe sumarse al Acuerdo de EscazĂș. âVenezuela debe adherirse porque nuestro ambiente se estĂĄ devastando por una serie de poderes econĂłmicos que no les importa quiĂ©n sea afectado, sino solamente el dinero por encima de lo ambiental y lo humano. Todo lo entregan por sacar cualquier mineralâ, comenta.
Cristina Burelli ha denunciado que las disidencias de la exguerrilla colombiana FARC y el ELN continĂșan intimidando a los pueblos indĂgenas uwottĂŒja o piaroa cercanos al ĂĄrea de la zona minera del Yapacana. TambiĂ©n señala que estas intimidaciones han ido contra comunidades yeâkwana que se oponen a la invasiĂłn de las guerrillas colombianas para hacer minerĂa ilegal en la zona del Caura. Mientras el gobierno venezolano sigue en silencio respecto a si tiene la voluntad de firmar el Acuerdo de EscazĂș, los pueblos indĂgenas y otros defensores ambientales del paĂs seguirĂĄn realizando su labor, expuestos a las agresiones y la violencia
