La empresa venezolana adquirida hace 34 años e integrada de productos refinados, 3 refinerías, 45 terminales de almacenamiento y más de 4.500 estaciones de servicio, está a punto de pasar a manos de una empresa quebrada de maletín.
Gracias a la ineficacia de una oposición seria y de responsabilidad para el país, así como un régimen que de lo único que sabe es robar a manos llenas, la filial de PDVSA, CITGO Petroleum Corporation (CPC), integrada de productos refinados, 3 refinerías, 45 terminales de almacenamiento y más de 4.500 estaciones de servicio, podría terminar en manos de una empresa de papel, llamada Crystallex.
Esta empresa quebrada hace nueve años, y cuyo propietario es un fondo de capital de riesgo llamado Tenor Capital que la compró por tan sólo 30 millones de dólares, podría adueñarse de una de las empresas venezolanas más exitosas fuera de nuestras fronteras.
A esta conclusión arriba un análisis hecho por PDVSA del entramado político violatorio del orden legal del mismo EEUU y de la Organización Mundial del Comercio, de llegar a efectuarse la subasta de CITGO Petroleum Corporation (CPC), pautada para el próximo 23 de octubre, fecha hasta ahora fijada por el Tribunal de Delaware, EEUU.
El análisis señala que desde 2.018 el gobierno estadounidense realiza maniobras contrarias al comercio internacional con la clara intención de arrebatarle el control de la empresa CITGO al Estado venezolano.
“Estas acciones quedan de manifiesto cuando a los pocos días de la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y su reconocimiento por las autoridades norteamericanas, el autoproclamado y su equipo planearon cuidadosamente todas las acciones y tramas tendentes a lograr la expropiación de las operaciones de CITGO, valiéndose de la falsa expectativa de ayudar al pueblo venezolano”.
Apunta que estas medidas son una clara violación de las normativas y cláusulas establecidas en la Organización Mundial de Comercio (OMC), siendo ésta la única organización internacional que se ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre los países y cuya principal función es garantizar que las corrientes comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad y libertades posibles.
Explica que el partido político Voluntad Popular en connivencia con representantes del gobierno estadounidense instruyeron a sus partidarios de la Asamblea Nacional para nombrar una nueva junta directiva de CITGO Petroleum Corporation (CPC) y PDV Holding, rebasando todo el marco jurídico existente. Dicha Junta fue encabezada por Luisa Palacios y Carlos Jordá, ambos ligados al sector financiero y petrolero estadounidense.
Inmediato a este nombramiento, en marzo de 2.019, Carlos Vecchio, emisario de Guaidó en los Estados Unidos, realizó una visita a la empresa CPC, para dejar por sentado que el gobierno interino tenía el control efectivo de la empresa.
En agosto de 2.018 se inició la ofensiva legal de la empresa Crystallex (donde el abogado José Ignacio Hernández, futuro “Procurador” de Guaidó, formó parte de su equipo jurídico), para conquistar una posición de fuerza en la Corte de Delaware a cargo del juez Leonard Stark.
El Juez, con el argumento de que el control accionario de PDVSA sobre el conglomerado CITGO la convertía en un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, procedió a favorecer el reclamo de Crystallex, a pesar de que en enero de 2.018 una Corte de los EE.UU. desestimaba la demanda porque la acción de Crystallex es con la República Bolivariana de Venezuela y no contra CITGO.
La disputa entre Crystallex y el Estado Venezolano se remonta a 2.008, cuando el Hugo Chávez Frías llevó a cabo la nacionalización que desencadenó una demanda internacional por parte de la compañía, al considerar que había sido despojada de los derechos a explotar la mina de oro Las Cristinas, ubicada al sur del estado Bolívar.
En 2.014 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, dictaminó que Venezuela le debía pagar a Crystallex la suma de 1.400 millones de dólares luego del proceso de arbitraje, monto que incluía los intereses generados.
“En 2.017 Crystallex introdujo una demanda contra PDVSA para que pagara por la expropiación de 2.008. En octubre de 2.018 la República Bolivariana de Venezuela retomó el caso, sin aclarar el cambio de decisión y sin incluir a PDVSA, llegó a un primer acuerdo con Crystallex para un pago de 425 millones de dólares”.
En el periódico “The Wall Street Journal” se mencionó que el CEO (Chief Executive Manager, por sus siglas en inglés) de Crystallex, Robert Fung, dijo que Venezuela pagó 500 millones de dólares en efectivo e instrumentos líquidos.
Adicionalmente, “Venezuela tiene que entregar un colateral (garantía), antes del 10 de enero de 2.019, para asegurar el pago del saldo que debe”, manifestó Fung. Igualmente, se mencionó que Venezuela acordó cancelar el resto del monto adeudado en cuotas pagaderas hasta comienzos del 2.021.
De acuerdo a Crystallex, el gobierno Bolivariano no cumplió con esa deuda y llevó el caso a una corte civil en Delaware (en este estado está incorporada PDV Holding Inc., la Casa Matriz de CITGO). El fallo determinó que PDVSA funcionaba como un “alter ego del gobierno de Venezuela” y, por extensión, Crystallex podía anexarse los activos de su subsidiaria CITGO para satisfacer la deuda.
En .019, al poco tiempo de ser nombrado como presidente interino, Guaidó nombró una nueva junta directiva de CITGO que tomó el control de facto de la petrolera y destinó un equipo legal para intervenir en los tribunales.
En julio de ese año, la Corte de Apelaciones falló a favor de Crystallex, permitiéndole anexarse los activos de CITGO. El equipo legal de Guaidó apeló hasta última instancia ante La Corte Suprema, la cual rechazó tomar el caso.
El 28 de agosto de 2.020 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un documento complementario en apoyo de la declaración de interés de los Estados Unidos en el procedimiento de embargo de Crystallex.
En este documento, Estados Unidos reafirma su posición de que proceder hacia una venta forzosa de las acciones de PDV Holding en ese momento “podía generar un daño significativo a la política exterior de Estados Unidos”.
En enero 2.021, el juez estadounidense Leonard Stark, adscrito a un tribunal del estado de Delaware, en Estados Unidos, autorizó a Crystallex para seguir adelante con la venta de acciones de la referida filial de PDVSA y hacer cumplir a su favor una adjudicación de 1.400 millones de dólares.
