“Consideramos que con toda acción militar de repercusión nacional e internacional se da un pulso en la legitimidad”, dijo el ELN en un documento.
En los planes de esta organización criminal está una acción violenta de “alto impacto”, como la bomba que explotaron en la Escuela de Cadetes General Santander, el 17 de enero de 2019 y que dejó 22 muertos y 64 heridos, mientras que el gobierno del presidente Gustavo Petro reabrió las puertas de la negociación con el ELN y se encuentran sentados en México.
Un documento del comando central (Coce) del ELN fue enviado a todos los frentes de guerra, en el que dan la macabra orden de arremeter no solo contra la fuerza pública, sino la planeación de este ataque terrorista para llegar fuertes y dar un golpe en la mesa de negociación. El motivo específico contra militares y policías, según el ELN, es responder a los duros golpes que les han propinado en las últimas semanas.
“Al continuar la presión militar y la ejecución de operativos contra nuestros dirigentes y fuerza en los territorios, debe responderse con una acción similar a la del 17 enero de 2019”, se lee en el documento enviado a sus comandantes para que ejecuten las acciones de terror.
El descaro del ELN llega a tal punto que justifica la “legitimidad” de esta brutal acción terrorista que enlutó al país, pero que, según el Coce, “consideramos que con toda acción militar de repercusión nacional e internacional se da un pulso en la legitimidad.
Para el caso de la acción del 17 (Escuela de Cadetes) fue bastante legítima entre el pueblo y revolucionarios en el mundo y el continente. Faltó un diseño mediático mayor. Reconocemos como héroe al compañero inmolado”.
El escandaloso documento le fue encontrado por las autoridades a uno de los hombres de máxima confianza del Coce, Luis Gabriel Zea, alias Visaje, cabecilla del frente José Antonio Galán, abatido en una operación de las Fuerzas Militares el 23 de enero.
Alias Visaje delinquía en los departamentos de Bolívar y Antioquia. Fue dado de baja por las fuerzas especiales y de policía cerca del municipio de Santa Rosa Sur, en Bolívar. Con su muerte el hallazgo fue de marca mayor, pues apareció este documento, con la macabra orden, rotulado “A manera de balance”.
De inmediato se prendieron las alarmas y las autoridades empezaron a investigar. Las primeras conclusiones señalan que el objetivo de “alto impacto” apunta al ataque a una personalidad, a una guarnición militar, estación de Policía, refinería e incluso dejar sin energía a una población.
En el escueto pero explosivo documento, se hace el balance de operaciones y se dictan órdenes a futuro para fortalecerse militarmente. Ahí tiene sentido la radical negativa del ELN a sumarse al cese al fuego que propuso el Gobierno, que se quedó con el decreto firmado y con una guerrilla sin la más mínima intención de silenciar los fusiles, por lo menos de forma temporal.
“Todos los frentes de guerra (FG) han estado en permanentes operativos militares y con incremento del pie de fuerza, saturando los territorios donde tenemos presencia. El conjunto de los FG ha participado en las campañas militares con buenos resultados que hemos informado luego de su realización. Las acciones se han ido especializando, pero aún nos falta generalizar el uso de armas propias y la mayor capacitación para tener una fuerza especializada”, señala la carta.
Además de referirse a los contundentes golpes que les han propinado los últimos meses, hablan de un supuesto resurgir del paramilitarismo y una inconcebible alianza entre ex-Farc y militares. “La agudización de la confrontación militar ha significado la pérdida de mandos operativos que requiere esfuerzos importantes para llenar sus vacíos (…).
Se ha reactivado la nueva generación del paramilitarismo, donde grupos que dicen ser de ex-Farc han tratado de disputarnos territorios en alianza con las Fuerzas Militares, fenómeno que se ha presentado sobre todo en el litoral del Pacífico y que ha llevado a un sobreesfuerzo a nuestras estructuras”, dice la carta.
