Durante la presente semana hemos visto dos documentos que nos hacen ver la perspectiva electoral venezolana con más preocupación que optimismo.
El primero es un trabajo de opinión, muy claro y preciso firmado por el Dr Elliot Abrams, quien es un investigador que analiza los procesos geopolíticos que se suceden en el Oriente Medio para el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) en Washington DC.
El Dr Abraham se desempeñó como asistente y asesor adjunto de seguridad nacional del presidente George W. Bush, donde supervisó la política estadounidense en el Medio Oriente y hasta el inicio del año 2021 como Representante Especial para Irán y Venezuela, en la administración republicana de Donald Trump.
El segundo documento que transcribimos en estas páginas, es una carta que un grupo de 18 senadores, tanto demócratas como republicanos, le hacen al secretario de estado Anthony Blinken, recordando (¿o exigiendo?) la necesidad de impulsar con seriedad y premura las condiciones para que, de una parte, el régimen de Maduro respete el proceso eleccionario de la primarias y que, además sean los Estados Unidos una guía hacia posiciones más consecuentes, con la necesidad de hacer las prometidas elecciones del año 2024, como un proceso que reúna las condiciones para que esas elecciones sean un verdadero reflejo de los deseos del pueblo venezolano.
En este trabajo, Elliot Abrams expone su opinión sobre la actual política que la administración del presidente Joe Biden, está implementando con relación al necesario y no solo para Venezuela, sino para todo el continente americano, el reencuentro de las libertades en Venezuela.
Elliot Abrams sostiene que: “La administración de Biden continúa con su fallida política hacia Venezuela. Esta consiste en fingir que el régimen de Maduro busca un compromiso y seguir ofreciendo concesiones en las sanciones estadounidenses a pesar del aumento de la represión por parte del régimen. En los últimos días, se informó que funcionarios estadounidenses están redactando una propuesta que suavizará las sanciones al sector petrolero de Venezuela. Esto permitirá a más empresas y países importar su petróleo crudo si el país sudamericano avanza hacia unas elecciones presidenciales libres y justas. Así ocurre después de que algunas sanciones ya hayan sido levantadas: en noviembre de 2022, la administración Biden otorgó a la gigante petrolera Chevron Corp. una licencia para reanudar la producción de petróleo en Venezuela, después de que las sanciones estadounidenses detuvieran todas las actividades de perforación hace casi tres años. Se suponía que esto incentivaría las negociaciones entre el régimen y la oposición democrática, pero no hay negociaciones”.
Dada la importancia que este proceso significa, no solo para Venezuela, sino para muchos países del subcontinente americano, que hoy se debaten entre la escogencia de vías de desarrollo dentro de los parámetros democráticos o vías experimentales, impregnados de proposiciones que cuando se han aplicado, lo único que han dejado es pobreza y más pobreza, como son los casos, muy desafortunados de Venezuela y de Cuba.
En relación a lo que es, por ahora un problema geopolítico focalizado, pero ante la probabilidad de que la crisis venezolana (y todo lo hace presumir) tenga una innegable tendencia a crecer y como consecuencia, el continuo aumento del número de desplazados de una población en estado de pre hambruna generalizada por toda la América Latina, me temo que se está convirtiendo y muy rápidamente en una situación de gran vulnerabilidad por la existencia de un estado de violencia generalizada en Venezuela, que con el pasar de los días y ante la decisión del régimen de cerrar aún más las limitadísimas posibilidades de encontrar soluciones, tanto a la crisis material en lo específico, como a la crisis en general de la población, quien diariamente, con su sacrificio ha dado muestras de querer encontrar éstas (las soluciones) por la vía pacífica, pero que la dictadura, con una concepción criminal del ejercicio del poder, unida a sus políticas motivadas por intereses individuales contrarios al interés colectivo, acarrearía inimaginables consecuencias para la región en general, que pudieran ser entre otras, un ejemplo, no descartable, de que la dictadura al no poder controlar, lo que erróneamente para el régimen es el orden público, cuestionado por la población en la calle y ejerciendo ésta su derecho constitucional de protestar (art 350) y arrogándose la dictadura el ilegal derecho basado en un concepto fascista de orden público, siendo, como efectivamente lo es, un régimen que no tiene límites en sus reacciones en contra de aquel o aquellos considerados como enemigos de la revolución y transformando unas supuestas fuerzas de orden público, como la Dirección de Inteligencia Militar, entre otros cuerpos represivos, en asesinos de su propio pueblo, el cual ya no resiste ni acepta la burla y el engaño, que se traduce diariamente en hambre y frustración y que el régimen, con su manifestada decisión de permanecer en el poder (ni por las buenas ni por las malas) podrá cancelar la decisión, momento llegado, de un pacífico pueblo de salir a la calle, para exigir respeto de sus decisiones como sociedad civil, pues es la propia “Constitución de 1999 la que consagra expresamente, en el Artículo 350, el derecho ciudadano a la desobediencia civil, incluso más allá de la sola resistencia a la ley; y de manera enfática considera que el citado artículo consagra constitucionalmente lo que la filosofía política moderna ha calificado como desobediencia civil, que es una de las formas como se manifiesta el derecho de resistencia”.
Una violenta respuesta a un pueblo pacífico, como es de suponer por la dictadura, tendría muy graves consecuencias, no solo para Venezuela, sino para el subcontinente en general, donde la población venezolana inmigrante, en algunos casos puede significar el 10 % de la población total.
Es de hacer notar que este importante segmento de la población venezolana, a los que técnicamente debemos considerar como desplazados, con el pasar de los días crece en forma exponencial. Expertos en demografía de las Naciones Unidas sostienen que sólo en los tres países andinos más cercanos a Venezuela viven alrededor de unos 5 millones y medio de compatriotas. La permeabilidad de nuestras fronteras hace muy difícil conocer el número exacto de desplazados. Países con instituciones que están en una búsqueda perenne de estabilidad política, como el caso del Perú y del Ecuador, un estado de violencia general en Venezuela, me temo que conllevaría gravísimas consecuencias para estas dos queridas naciones.
Ahora, apreciados señores, les propongo la lectura de la significativa misiva, que el día 31 de agosto un grupo de senadores americanos le hacen al gobierno de los Estados Unidos de América, en la persona del secretario de estado Anthony Blinken, 4ta posición en la línea de sucesión de la nación norteamericana.
Al Honorable Anthony Blinken,
Secretario de Estado,
Departamento de Estado de EE.UU.
2201 C Street NE
Washington DC, 20520
Secretario Blinken:
Le escribimos para expresar nuestra preocupación por el continuo deterioro de los principios democráticos y el estado de derecho en Venezuela antes de las elecciones presidenciales programadas en ese país para 2024.
El pueblo venezolano no puede permitirse el lujo de presenciar otras elecciones fraudulentas, lo que sólo traerá más sufrimiento a su nación y fomentará una mayor inestabilidad en las Américas. Más de siete millones de venezolanos ya han huido del país desesperados, y una mayor volatilidad política sólo aumentará esas cifras. Desafortunadamente, con una elección presidencial programada para 2024, el régimen de Maduro ya está haciendo todo lo posible para socavar las perspectivas de una votación creíble.
En particular, el 14 de junio, el régimen de Maduro exigió la renuncia de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se acaba de nombrar un nuevo consejo mediante un proceso encabezado descaradamente por la esposa de Maduro, Cilia Flores (quien ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos). Además, durante varios años, el régimen de Maduro ha prohibido preventivamente que varios candidatos de la oposición se postulen para cargos públicos, incluida la probable favorita María Corina Machado. Más recientemente, el régimen de Maduro anunció que no permitirá la entrada al país de observadores electorales internacionales para las elecciones generales del próximo año.
A pesar de estos reveses, los partidos de oposición de Venezuela están tomando medidas para celebrar elecciones primarias en octubre para elegir democráticamente un candidato que desafíe a Nicolás Maduro en las elecciones del próximo año. Ante los desafíos con el desmantelado y desacreditado CNE, la oposición venezolana anunció que gestionará su propio proceso de primarias.
Dadas estas dinámicas y los esfuerzos persistentes de Maduro para destruir cualquier apariencia de un proceso electoral primario o general legítimo, los abajo firmantes queremos enfatizar lo siguiente:
1) Se debe permitir que las primarias se desarrollen según lo planeado, según lo diseñado por la Comisión Nacional de Primarias, sin interferencia del régimen.
2) Se debe permitir la participación de todos los candidatos y el régimen de Maduro no puede elegir a sus propios oponentes (la práctica del régimen de emitir arbitrariamente prohibiciones administrativas a los candidatos de su elección es inaceptable).
3) A quien gane las primarias se le debe permitir postularse en las elecciones generales, en una elección legítima que observadores electorales internacionales creíbles confirmen que representa la voluntad del pueblo venezolano.
Agradecemos su atención a este importante tema.
Richard J. Durbin, United States Senator. Bill Cassidy, M.D. United States Senator. Robert Menéndez, United States Senator. Joni K. Ernst, United States Senator. Tim Kaine, United States Senator. Marco Rubio U.S. Senator Dianne Feinstein United States Senator Rick Scott United States Senator. Michael F. Bennet, United States Senator. John Cornyn, United States Senator. Benjamin L. Cardin, United States Senator. Jeffrey A. Merkley, United States Senator. Alex Padilla, United States Senator. Cory A. Booker, United States Senator. Peter Welch, United States Senator. Christopher S. Murphy, United States Senator. Marsha Blackburn, United States Senator. Catherine Cortez Masto, United States Senator.
