Ordenan captura del ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani y cuatro exdiputados, por presuntamente haber encubierto a los responsables de la masacre conocida como El Mozote.
Los hechos ocurridos en 1981 durante la guerra civil que duró doce años, marcó una de las mayores tragedias registradas en el país y en América Latina.
Alrededor de mil personas fueron asesinadas por el batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño en varias localidades campesinas entre el 9 y el 12 de diciembre de 1981.
El Salvador inició un conflicto armado el 10 de enero de 1981, que duraría una década. Entonces, los militares emprendieron una guerra contra militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En una operación de contrainsurgencia, planificada y ejecutada por el Estado, se realizaron ejecuciones masivas de civiles, en el caserío El Mozote, el cantón La Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz.
Más de 40 años después de la tragedia, el caso ha estado marcado por la impunidad, destacan familiares de las víctimas y organismos civiles.
El juicio estuvo estancado por la opacidad de los jueces a cargo, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.
Ordenan captura del expresidente
Alfredo Cristiani, de 76 años, y varios exdiputados encubrieron a los responsables de la masacre al impulsar la amnistía, aprobada en 1993 y derogada en 2016.
El 16 de enero de 1992, se firmó el Acuerdos de Chapultepec, que puso fin a las hostilidades y los grupos guerrilleros depusieron las armas.
La Asamblea Legislativa dictó la denominada “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”, que tuvo el visto bueno del entonces presidente Cristiani.
No fue sino hasta 2016 cuando la Corte Suprema derogó la Ley de Amnistía y los procesos iniciaron en contra de los presuntos responsables.
Los activistas reclaman que, en el caso de los exdiputados, “la resolución no individualiza las conductas específicas que habrían realizado cada uno de ellos (…)
No alude tampoco a la presunta responsabilidad de los diputados que ejercieron la iniciativa de ley, ni de los que votaron a favor de su aprobación”.
