By Chile elegirá entre la actual Constitución o una nueva, en un plebiscito que podría eliminar la restringida ley de aborto y endurecer el trato hacia la migración irregular.
Ante las protestas de 2019 por mayor igualdad social, Chile comenzó un proceso para reemplazar la Constitución que en 1980 elaboró el régimen de Augusto Pinochet.
Cuando el país ardía al calor de masivas y violentas manifestaciones, las fuerzas políticas acordaron iniciar el proceso de reforma. Un año más tarde, en 2020, con un 80% del respaldo, los chilenos aprobaron en un plebiscito iniciar el camino hacia una nueva Constitución.
La propuesta de la Asamblea Constituyente, dominada por la izquierda, preveía transformaciones de fondo, como el derecho al aborto. Pero el proyecto fue a plebiscito en septiembre de 2022 y fue rechazado por un contundente 62%.
Se inició un segundo proceso constitucional liderado por un consejo elegido por voto popular y que terminó dominado por el ultraderechista Partido Republicano, cuyo discurso era mano dura contra la inseguridad que asocia principalmente con la migración venezolana.
Actual Constitución
La actual Constitución pasó por varias reformas que eliminaron sus normas más autoritarias, todavía divide a este país de casi 20 millones de habitantes que nacieron después de la dictadura.
En estos cuatro años, los chilenos han acudido a nueve elecciones, entre ellas las presidenciales en la cual resultó electo Gabriel Boric, de 37 años, quien apoyó el primer proyecto.
La pandemia detuvo la efervescencia popular tras las protestas de hace cuatro años. La inflación y el posterior estancamiento económico, pero sobre todo la creciente sensación de inseguridad hizo girar las preocupaciones de los chilenos.
Desde la oposición, la elección se ha planteado como un referendo sobre la gestión de Boric, quien en marzo llegará a la mitad de su mandato de cuatro años. «¡Boric vota en contra; Chile vota a favor!», señala la publicidad opositora.
Aborto y migración
La propuesta profundiza el carácter conservador de la Constitución de la dictadura, en especial en temas como el aborto y la seguridad pública.
El texto vigente protege «la vida del que está por nacer», mientras que el proyecto amplía esa protección constitucional a «quien» está por nacer, lo que según sus promotores consagra el derecho a la vida desde la concepción.
Si bien algunos expertos lo consideran un cambio destinado a reforzar las convicciones ultraconservadoras, otros creen que podría propiciar una impugnación de la ley de aborto.
En medio de la preocupación creciente de los chilenos por la seguridad, la nueva propuesta establece la expulsión en el «menor tiempo posible» de los migrantes irregulares.
Chile elegirá entre la actual Constitución o una más conservadora, en un plebiscito que podría endurecer el trato hacia la migración.
