Esta nueva ley puesta en práctica hace pocos días excluye una regularización masiva de migrantes y señala que solo aquellos sin antecedentes penales, que estén insertos en la economía formal o tengan vínculos familiares en el país sudamericano, podrán optar a residencia.
El Gobierno del presidente de izquierda Gabriel Boric, ha dado a conocer su primera política nacional de migraciones. Se trata del resultado de un proceso iniciado en 2.021, cuando se promulgó la Ley de Migración y Extranjería, que estableció la necesidad de contar con un lineamiento desde el Estado para promover un proceso migratorio ordenado y seguro que fomente la integración armónica de los habitantes de Chile.
La iniciativa busca ordenar lo que hasta ahora ha sido un proceso caótico y no exento de conflictos, pues el país vive una crisis migratoria que llevó al Ejecutivo a militarizar las fronteras del norte del país en febrero de 2023. Esta nueva política, cuya implementación está pensada en cuatro años, se enfoca en el control de fronteras y en el fortalecimiento de la gestión interna del Servicio Nacional de Migraciones (SNM), la entidad gubernamental a cargo de regular la entrada de extranjeros al país.
El nuevo instrumento legal contiene 28 medidas de aplicación inmediata y una serie de proyectos de ley que serían ingresados al Parlamento esta otra semana.
Uno de los puntos más controvertidos es que, a diferencia de los procesos aplicados en Gobiernos anteriores, en esta oportunidad la administración de Boric optó por no entregar un “perdonazo” a los migrantes ilegales, es decir, está descartada una regularización masiva, lo que sí ocurrió en 2.018 y 2.021 en el Gobierno del presidente de derecha tradicional Sebastián Piñera (2.018-2.022).
En ese entonces, cerca de 300.000 personas se acogieron a los programas para normalizar su situación migratoria. El proceso de entrega de permisos de residencia será ahora caso por caso, y estará sujeto a condiciones y quienes no cumplan con los requisitos mínimos serán expulsados del país.
En los últimos años el fenómeno migratorio ha tenido un impacto de proporciones en el país sudamericano. Entre 2.017 y 2.021, según un documento del Servicio Jesuita Migrante -una fundación que trabaja por la inclusión- el número de extranjeros residentes en Chile se duplicó. Hoy, según los registros de la Policía de Investigaciones (PDI), viven alrededor de 1,5 millones de migrantes, además de unos 150.000 que han ingresado por pasos no habilitados y que hoy se encuentran de manera ilegal.
La nueva política nacional ya comenzó a aplicarse. El proceso se inició con el empadronamiento de los extranjeros residentes que se encuentren en situación de ilegalidad. Según el Servicio Nacional de Migraciones, hasta la fecha 190.000 personas han optado por registrarse a través de la plataforma digital que dispuso, la que estará disponible hasta el 6 de octubre.
Luego, deberán acudir en forma presencial a las oficinas del servicio donde se les realizará un registro biométrico. Según ha explicado el Gobierno, este mecanismo no implica que todas las personas empadronadas obtendrán la residencia, sino que es una forma de registrar a aquellos que ingresaron a Chile y que permanecen de manera ilegal, para luego evaluar caso por caso, quiénes podrán optar a normalizar su situación.
“La Política Nacional de Migración y Extranjería no define un mecanismo de regularización, sino que establece criterios para un eventual proceso de regularización. En ese sentido, los criterios son la inserción en la economía formal; vínculos familiares; no contar con antecedentes; estar empadronado y, evidentemente, esto hay que aplicarlo con criterio territorial. Es decir, en aquellos territorios donde haya necesidades específicas”, explica el director del SNM, Luis Eduardo Thayer.
Para Andrea Espinoza, directora social del Servicio Jesuita Migrante, “es una buena noticia que la nueva política nacional de migraciones haya puesto especial atención en personas prioritarias: niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género y personas víctimas de trata”. Sin embargo, califica de “complejo” que los grupos que quedan fuera de estas categorías y que no cumplan las condiciones para acceder a una residencia sean expulsadas. “Pensamos que es una medida compleja de implementar porque no considera la extrema vulnerabilidad de quienes han llegado a nuestro país en este último año”.
La batería de iniciativas legales considera la ampliación de causales de expulsión y prohibición de ingreso asociadas a razones de seguridad interior y exterior, a la violencia intrafamiliar como delito grave y, en materia de protección, establece el procedimiento de filiación para niños, niñas y adolescentes extranjeros que carecen de documentación de identidad del país de origen o que ésta sea deficiente.
Soledad Torres, fundadora de Legal Global Chile, estudio legal cuya especialidad es el derecho migratorio, califica esta política pública como “ambiciosa” y, aunque todavía es muy pronto para evaluar cómo se va a materializar, aplaude que se hayan incluido aspectos que antes no habían sido considerados. Por ejemplo, compensaciones en los territorios que han recibido migrantes en áreas como salud y educación, de manera de proteger la buena convivencia.
La Política Nacional de Migraciones vendrá acompañada de un aumento presupuestario para el SNM, en particular para el departamento de sanciones. Esto implicará la creación de una unidad de cobranza de las multas; mayores recursos para la compra de pasajes y abogados para tramitar los casos de expulsión.
