Chavistas desfalcaron $ 1.200 millones
¡Continuando con el trabajo de pesquisas emprendido por el equipo de Investigación de Hey! llegamos a descubrir que los funcionarios chavistas, luego de robarse miles de millones de dólares, se fueron a refugiar en la cueva del lobo, pensando que allí iban a disfrutar del botín y fue todo lo contrario, porque hasta ellos llegó la Ley Terrenal.
La trama de esta historia de supuestos sobornos, desfalco y fraude comienza en Venezuela y termina en Miami, donde hacen su aparición exfuncionarios chavistas acusados de desfalcar US$1.200 millones a la petrolera estatal PDVSA y lavar dinero con propiedades en Miami. Esto por supuesto salpicó a ciudadanos de varios países, bancos, firmas de abogados y empresas de inversión inmobiliaria que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, participaron en “un esquema internacional” para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Ya es sabido que los corruptos de “cuello rojo rojito” en su momento creyeron que se la estaban comiendo, trasladando el producto de los robos, desfalcos y estafas a la estatal petrolera PDVSA hacia un destino de un “paraíso fiscal”, invirtiendo todo ese caudal de dólares en Bienes raíces en Miami, que eran adquiridos como resultado de “complejos esquemas de falsas inversiones”.
Pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto, algunos de los presuntos implicados comenzaron a caer. Las autoridades de Estados Unidos iniciaron las pesquisas y dieron a conocer las primeras informaciones tanto en Miami como en Sicilia, Italia, de dos personas acusadas de “conspirar” para participar en esta trama: el alemán-venezolano Matthias Krull —un banquero de 44 años residente en Panamá— y el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años de edad.
Pero estos no fueron los únicos. ¡En los documentos de la corte que a los que tuvo acceso el equipo de investigación de Hey! se señalan otros nueve “conspiradores no identificados” y se dan a conocer a otros seis acusados, algunos de ellos exfuncionarios del gobierno de Venezuela o de la petrolera estatal. Entre tanto, la justicia estadounidense apunta a Carmelo Urdaneta, quien fuera asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela y Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA.
Los otros miembros de la red que se encuentran “prófugos”, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, son los venezolanos Francisco Convit Guruceaga y José Vicente Amparan Croquer; el portugués Hugo Andre Ramalho Gois y el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara. Muchos de ellos son definidos por la Justicia estadounidense como “boliburgeses”, el término que se usa en Venezuela para referirse a personas que se han enriquecido al amparo del chavismo.
El régimen venezolano como es su costumbre cuando se ve delatado, no respondió en su momento a las acusaciones, ni tampoco lo ha hecho hasta ahora, a la presunta implicación de sus exfuncionarios en esta red.
Pero lo que no pudo ocultar el actual régimen fue como el gobierno estadounidense demostró ¿en qué consistía la supuesta trama que fue investigada por el mencionado gobierno por más de dos años bajo el nombre “Operación Lavado de Dinero”.
Según refleja la demanda penal, a la cual accedió este diario, la “conspiración” comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para malversar alrededor de US$ 600 millones de PDVSA “obtenidos a través de sobornos y fraudes”. La Corte señala que los acusados se aprovecharon del “tipo del cambio preferencial otorgado a funcionarios del gobierno venezolano” para acumular millones de dólares y luego blanquearlos a través de la compra de propiedades en Miami.
Los documentos de la fiscalía estadounidense indican que la diferencia entre este tipo de cambio y el precio del dólar en el mercado negro venezolano en 2014 era de 10-1, lo que les permitía comprar US$ 100 millones pagando US$ 10 millones. Y si en un inicio, señala el texto de la corte, la red se proponía cambiar solo US$ 600 millones, un año después ya habían doblado esta cifra y el monto ascendía a unos US$ 1.2000 millones.
En el centro de la acusación de la fiscalía se encuentra la firma Derwick Associates, una empresa venezolana de ingeniería especializada en la construcción de plantas de generación de electricidad que ha sido acusada de sobornar para recibir licitaciones de proyectos. Pero no es la única compañía señalada. Según la fiscalía, en Miami cooperaban otras dos empresas inversoras: Global Security Advisors y Global Strategic Investments, típicas empresas de maletín, de la cual son especialistas los chavistas.
Ambas, supuestamente, se encargaron de las operaciones de lavado de dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales. Las operaciones fraudulentas se extendieron y crecieron hasta que uno de los implicados dio aviso a las autoridades estadounidenses.
Hace dos años, una “fuente confidencial se acercó a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional” con respecto a unos US$ 90 millones que había recibido “como parte de un contrato de préstamo con PDVSA”, apuntó la fiscalía. Según el documento, el informante “estaba involucrado en una conspiración de lavado de dinero y quería entregarlo y cooperar”.
Fue el inicio del fin de la red. Pero, según las autoridades, el caso destapó también una nueva arista de la oscura trama del mercado de las inversiones inmobiliarias en Miami y su presunta conexión con “dinero sucio” de Venezuela.
La fiscalía afirmó que las investigaciones revelaron “sofisticados esquemas de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses” a través de una táctica: la compra de propiedades inmobiliarias en Miami. Desde hace décadas, muchos consideran a esta ciudad estadounidense como un destino de dineros ilícitos procedentes, en muchas ocasiones, de América Latina, en especial de Venezuela.
Y una fórmula clásica para el lavado de dinero es la compra de viviendas, muchas veces usando mecanismos legales para ocultar la identidad del comprador. El estado de Florida “se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y en un destino deseable para prósperos criminales”, afirma el texto de la fiscalía estadounidense.
“El estado de la crisis social, política y económica de Venezuela, a través de la cual prosperan ecosistemas corruptos de miles de millones de dólares, alimenta un río de fondos criminales que pasa por el sur de Florida”, añade.
Una evaluación de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios estimó que, solo durante 2015, ciudadanos extranjeros compraron en Miami 10.600 viviendas por un valor total de cerca de US$ 6.100 millones. El mismo estudio revela que cuatro de los cinco principales países de origen de los compradores fueron latinoamericanos: Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia. El 13% de los compradores internacionales en 2015 procedían del primer país, Venezuela.
