Nadie está seguro en el tablero electoral con una Contraloría que mantiene en secreto el listado de inhabilitados.
Las instituciones, el Gobierno, la oposición y el pueblo de Venezuela están calentando el escenario político de cara a las primarias que el antichavismo celebrará el 22 de octubre, un hito hacia el que el país camina entre discursos altisonantes y amenazas que van recrudeciéndose, cuando todavía faltan 100 días para la cita.
La vorágine, que arrecia cada día, involucra al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la antichavista Comisión Nacional de Primaria (CNP), el partido gobernante PSUV, el Parlamento, el presidente Nicolás Maduro, la Contraloría, la coalición opositora Plataforma Unitaria (PU), la comunidad internacional, los precandidatos presidenciales y los ciudadanos.
Sectores políticos relacionados con el respeto al ciudadano invitan a la gente a hacer vales sus derechos constitucionales, y en materia de actualidad, los artículos 5, 7 y 227 de la Constitución, así como normas en materia penal accesoria.
