Al menos 28 asesinatos, pero también amenazas, secuestros y ataques armados de grupos criminales son parte de la violencia que sufren los aspirantes a cargos públicos en México, sin importar el partido que representen, mientras al gobierno de López Obrador se le acusa tanto de mantener un mecanismo de protección tardío como de descoordinación institucional.
El crimen organizado y la violencia se convirtieron en protagonistas de las elecciones 2024 en México, las más grandes en la historia del país por la cantidad de personas que participarán en los 32 estados y que arrancó oficialmente hace ocho meses.
Así lo demuestran los 28 asesinatos de aspirantes, precandidatos y candidatos ocurridos desde el siete de septiembre del 2023, cuando comenzó formalmente el proceso electoral, de los cuales 22 ocurrieron en los primeros cuatro meses del año, según datos del Gobierno federal, reportes de prensa y organizaciones no gubernamentales.
El informe “Votar entre balas”, realizado por Data Cívica, México Evalúa y el sitio Animal Político, menciona que este tipo de violencia, denominada político-criminal, es usada por el crimen organizado como una herramienta para influir en la vida pública de los estados y municipios mexicanos.
La investigadora del programa de seguridad de México Evalúa, Céline González, explicó que desde 2018 los grupos criminales aumentaron el uso de estrategias de violencia selectivas a nivel municipal -el orden de gobierno más bajo- lo que afecta de forma directa las elecciones ya que los funcionarios de casilla y los votantes prefieren no participar por la inseguridad. La especialista afirmó:
Hay ciertos municipios donde hemos observado que ha bajado muchísimo la participación de una elección a otra y que han tenido estos picos de violencia (…) Es muy fácil para los grupos criminales llevar a cabo estas estrategias puesto que posteriormente no hay una investigación seria, no hay sanciones
Asesinado candidato con seguridad privada
Un caso de violencia electoral que cimbró al país ocurrió en el estado fronterizo de Tamaulipas -ubicado al noreste de México- y que registra altos niveles de criminalidad.
La víctima fue Edgar Noé Ramos Ferretiz, de 42 años, candidato del partido derechista Acción Nacional (PAN) que buscaba la reelección como presidente municipal.
En 2018, Ramos Ferretiz ganó las elecciones para gobernar El Mante -municipio localizado en el sur del estado- durante tres años con la posibilidad de optar a la reelección.
El político tomó este camino, ahora impulsado por la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, que integra su partido con el PRI y PRD, sin saber que no llegaría al día de las elecciones programadas para el 2 de junio.
El viernes 19 de abril, Noé Ramos visitó las calles de la colonia Azucarera para hacer campaña. Incluso transmitió en vivo por redes sociales mientras desayunaba tamales con sus simpatizantes. Minutos más tarde fue acuchillado en plena vía pública y a la luz de día, a pesar de que había contratado seis escoltas privados para que lo cuidaran.
El agresor identificado como Eliud Guadalupe, con antecedentes penales por homicidio, logró escapar, pero fue arrestado dos días después por policías de investigación de la Fiscalía de Tamaulipas.
Previamente en su perfil de Tik Tok, Eliud Guadalupe compartió videos en los que mostró su descontento con el presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso advirtió posibles ataques. “El problema son los políticos, mi guerra es con ellos, si tengo que corretearlos como loco los voy a corretear”, dijo en una de las grabaciones.
Luego del asesinato se supo que el año pasado Noe Ramos tuvo protección del gobierno durante dos periodos: los primeros cinco meses del 2023 y posteriormente entre noviembre y diciembre. Sin embargo, para el proceso electoral 2024 no pidió seguridad a las autoridades electorales.
Desde el día del ataque, la familia de Ramos recibe protección de dos patrullas de la policía local y escoltas privados. Por su parte, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) confirmó que a partir del asesinato por lo menos nueve candidatos del estado solicitaron seguridad oficial.
Denunciaron lucro político
A pesar del impacto que el asesinato causó entre la sociedad de Tamaulipas, la dirigencia estatal del PAN designó a Sheyla Palacios, viuda de Ramos y exdirectora municipal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como candidata suplente por la presidencia municipal de El Mante.
“No puedo negar que siento cierto temor, al final de cuentas aún no tenemos la investigación esclarecida, no sabemos qué fue, de dónde viene esto, ya sabemos que él había recibido algunas amenazas, pero por el tipo de acto que se presentó aún no nos pueden dar una respuesta y sí, no podemos negar que tenemos miedo, pero tengo más miedo de que no se haga justicia”, declaró Palacios, tras anunciar que se seguirá el proyecto político de su esposo.
Este anuncio, realizado tras un par de semanas del asesinato de Ramos, no fue bien recibido entre los tamaulipecos y acusaron al PAN de lucrar políticamente con la muerte, ya que también denunciaron penalmente al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, emanado del partido oficialista Morena y a otros funcionarios por omisiones en el asesinato.
Violencia electoral
El asesinato de Noe Ramos no fue el único registrado en el último mes. El martes 9 de abril fue asesinado Julián Bautista Gómez, exalcalde de Amatenango del Valle por el PRI, en el estado sureño de Chiapas, quien buscaba nuevamente el cargo para reemplazar a su hermano, el actual alcalde, Juan Carlos Bautista Gómez. Sujetos armados que viajaban en motocicletas lo interceptaron a pocos kilómetros de la cabecera municipal y lo mataron.
