Esta resolución judicial incluye permisos para decomisar y destruir artefactos como dragas, motores o plantas eléctricas.
Un tribunal de Venezuela autorizó la aplicación de «medidas judiciales precautelares» contra las personas acusadas de practicar la minería ilegal en el parque nacional Yapacana, ubicado en el estado Amazonas (fronterizo con Brasil y Colombia), informó recientemente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X
, el comandante estratégico operacional de la institución castrense, Domingo Hernández Lárez, detalló que la orden es emanada tras la aprobación de medidas precautelativas solicitadas por la fiscalía 87 con competencia nacional en derechos ambientales. Asimismo explicó que la Justicia ha dado luz verde a los militares para que apliquen estas medidas de «carácter ambiental», sin detallar si este permiso incluye la potestad para arrestar a civiles.
A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el alto oficial castrense detalló que la orden es emanada tras la aprobación de medidas precautelativas solicitadas por la fiscalía 87 con competencia nacional en derechos ambientales.
Aseguró que la corte ha autorizado a la FANB para que proceda al desmantelamiento de los campamentos y estructuras donde se esté ejerciendo la práctica ilegal de la minería, con la finalidad de retener, incautar y eliminar los materiales «que puedan ser utilizados para la contaminación de las aguas, destrucción de la vegetación y la degradación de los suelos».
Esta resolución judicial incluye permisos para decomisar y destruir artefactos como dragas, motores, plantas eléctricas y mangueras, «teniendo especial cuidado en el manejo de sustancias peligrosas que se encuentran en los sitios».
Estos operativos militares en la Amazonía, prosigue Hernández Lárez, se hacen en compañía de la Fiscalía para «proteger y hacer respetar los derechos humanos» de los venezolanos y extranjeros que habitan este territorio, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas.
El comandante reitera que la FANB se mantiene «en la búsqueda de los grupos delincuenciales saqueadores» que actúan en este parque, donde se produjo un enfrentamiento armado la semana pasada que se saldó con dos muertos y seis heridos, entre ellos tres militares.
«Quienes habitan los campamentos en el Yapacana dirigen el apocalipsis ambiental, causan bajas inocentes para inculpar al Estado, llevan abastecimientos logísticos de contrabando desde Colombia, incluyendo sustancias contaminantes, extraen el oro, contratan mercenarios para atacar a la FANB, violan la soberanía y las leyes, contratan a los indígenas como caleteros (cargadores)», agrega.
En otro mensaje el alto oficial castrense anunció que queda prohibido en todo el país la movilización y transporte, por vía terrestre, fluvial y aérea, de cualquier material o equipo necesario para la explotación minera ilegal.
Entre los equipos prohibidos se encuentran: “máquinas pesadas, extractoras de tipos draga, máquinas horizontales y moto bombas, así como las piezas y accesorios, los cuales son utilizados en engranaje para el funcionamiento de las mismas, como son: rotores, caracoles, pistones, bases, cigüeñales bombonas o cilindros de gas, mangueras con pistolas graduales que vayan destinadas a los centros de explotación minera para la práctica ilegal de la minería”.
