Un juez de la Audiencia Nacional española decidió archivar una causa que podría desembocar en la nulidad de la investigación que el expresidente independentista de la región española de Cataluña Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia desde 2017, tiene abierta en el Tribunal Supremo (TS) por terrorismo.
El juez Manuel García Castellón decidió sobreseer la denominada causa ‘Tsunami Democràtic’ horas después que el tribunal declarara la invalidez de todas las diligencias con posterioridad al 29 de julio de 2021, cuando el magistrado dictó una prórroga de seis meses de la investigación, un día después de vencido el plazo.
La Audiencia considera que la prórroga fue extemporánea y ordenó a García Castellón que, conforme a la Ley de enjuiciamiento Criminal, decida si continúa con el proceso o dicta el sobreseimiento. Y para ello, se tendrá que basar solamente en las diligencias acordadas antes de la fecha citada.
El error provocaba que el proceso solo podría basarse en las diligencias acordadas antes de la fecha citada. Ante esa situación García Castellón decidió cerrar el caso.
La decisión afecta a las diez personas imputadas por esta causa en la Audiencia Nacional, entre ellas la líder independentista Marta Rovira. No lo hace sin embargo para Puigdemont y el diputado independentista Rubén Wagensberg, ambos prófugos de la justicia, ya que su caso por terrorismo está en el Tribunal Supremo por su condición de aforados.
No obstante, García Castellón dijo en su resolución que informará de su decisión al Supremo “para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial” en la que están investigados por terrorismo tanto Puigdemont como Wagensberg.
El Supremo decidió el 29 de febrero pasado investigar a Puigdemont por considerar que ejercía un «liderazgo absoluto» en la organización independentista Tsunami Democràtic en los graves disturbios ocurridos en Cataluña en 2019, que constituirían un delito de terrorismo, provocados como reacción a la sentencia que condenó a prisión a nueve líderes independentistas por el proceso soberanista ilegal de 2017.
El expresidente catalán permanece prófugo desde entonces para eludir la acción de los tribunales españoles.
Hace una semana, el TS rechazó amnistiar a Puigdemont y dos excolaboradores, todos ellos huidos, por malversación de fondos públicos y mantiene la orden que sean detenidos en cuanto vuelvan a España.
El motivo, según el Supremo, es que obtuvieron un beneficio personal al sufragar en un referéndum de ‘autodeterminación’ inconstitucional, organizado el 1 de octubre de 2017, con los fondos de la administración pública catalana, no con su patrimonio personal.
El propio García Castellón, juez de la Audiencia Nacional es el encargado de pronunciarse sobre la aplicación de la ley de amnistía a este procedimiento por terrorismo.
El Parlamento español aprobó el 29 de mayo pasado una ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente en relación con el intento ilegal de independencia de Cataluña, que ha suscitado un acalorado debate mediático y político en España entre la izquierda, en el poder y la derecha, en la oposición.
