Senadores de Estados Unidos enviaron una carta al presidente de EEUU Joe Biden para que Rafael Correa rinda cuentas por su por su participación en actos de corrupción significativa y “violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidas en el país”.
Se trata de los senadores: Jim Risch, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y otros miembros de este órgano legislativo estadounidense como Bill Cassidy, Marco Rubio, Bill Hagerty, Rick Scott, Tim Scott y John Cornyn.
El documento indica que el Congreso de Estados Unidos está llevando a cabo “esfuerzos legislativos bipartidistas para profundizar las relaciones bilaterales con Ecuador”, y describen que el país ha logrado avances significativos desde 2017 “para fortalecer sus instituciones democráticas y promover el crecimiento económico” desde que Rafael Correa dejó el poder. Citan la sección 7031(c), la cual permite impedir el acceso a una visa para entrar a Estados Unidos.
Los senadores se quejan de que Correa, pese a estar “imputado en un proceso penal por ordenar el secuestro de un líder opositor (Fernando Balda)” y de una solicitud de extradición por parte de Ecuador, siga “viajando libremente entre Europa y Latinoamérica”. Además, algunos de estos viajes han sido para reunirse con “funcionarios del régimen narcoterrorista de Venezuela sancionado” por Estados Unidos.
También se cita la sentencia de ocho años de prisión, dada por la Corte Nacional de Justicia en contra de Correa por el caso de corrupción “Sobornos, 2012-2016″, en el que también estuvo involucrado el ex vicepresidente Jorge Glas junto a otros 18 altos funcionarios gubernamentales y socios comerciales.
“Específicamente, Correa y su red aceptaron millones de dólares en pagos ilícitos de entidades locales y extranjeras como Odebrecht, la firma brasileña en el centro del esquema de corrupción moderno más grande de América Latina, a cambio de adjudicar ilegalmente importantes contratos gubernamentales para la infraestructura crítica y los recursos naturales de Ecuador”, relataron los senadores.
Sobre la violación de derechos humanos por Correa:
En la carta mencionan que el líder de la Revolución Ciudadana, “tiene un historial comprobado de violación de derechos humanos internacionalmente reconocidos” mientras estuvo en el cargo.
Según la organización no gubernamental Freedom House, el expresidente “supervisó los ataques a la independencia judicial, las libertades de prensa y otras libertades civiles” durante su presidencia.
El Informe de Derechos Humanos Ecuador 2015 del Departamento de Estado de EE.UU. atestiguó que el ex presidente sancionó, censuró a medios y periodistas independientes, cerró organizaciones independientes de la sociedad civil y restringió las libertades de prensa, expresión y reunión.
Ante los antecedentes mencionados, piden al presidente Biden que utilice las herramientas disponibles de la Proclamación Presidencial 7750 y la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados.
La Proclamación Presidencial 7750 permite negar la entrada a Estados Unidos a personas vinculadas en caso de corrupción.
La Sección 7031 tiene el mismo efecto y se realiza contra personas con participación directa o indirecta en corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos. Esta última designación también aplica a sus familiares.
El gobierno de Correa, al igual que otros gobiernos socialistas se ha destacado por su alta corrupción y la violación de los derechos humanos con la finalidad de mantenerse en el poder, como son los casos de Venezuela, Nicaragua, entre otros.
