El presidente de Colombia visitó la isla de Cuba para acompañar el cierre del tercer ciclo de diálogos por la paz con la delegación enviada por el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Después de 35 días de conversaciones en este tercer encuentro, el gobierno encabezado por Petro buscaría conseguir el ansiado acuerdo de paz y cese de las hostilidades con el grupo armado.
Largas y convulsas jornadas han caracterizado a este ciclo de conversaciones entre el los enviados del Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, una etapa que sucede a los dos ciclos anteriores que tuvieron lugar en Caracas y Ciudad de México respectivamente.
Ambos lados han descrito esta tercera ronda como positiva, subrayando “la voluntad de diálogo, el compromiso y la honestidad” en los dos bandos. A pesar de la pausa de tres días que pidió el ELN el pasado 12 de mayo en consecuencia a unas declaraciones de Petro en donde cuestionaba el liderazgo en el grupo, las delegaciones han retomado las conversaciones con un posible acuerdo al cese al fuego en el centro de ellas.
A través de una publicación en el perfil de Twitter de la delegación negociadora del ELN, el grupo remarcó el papel de la población en el proceso de paz y propuso la implementación de un “mecanismo de monitoreo” en el que la ciudadanía sea el protagonista central.
Por otro lado, Otty Patiño, negociador en jefe del Gobierno, ha considerado que el alto al fuego debe incluir “los daños contra la población civil: de amenazas a confinamientos, pasando por desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores”, además de una “limitación geográfica”.
Esta ronda de negociaciones estaba presupuesta a terminar el pasado 29 de mayo, sin embargo, los escándalos internos en el Ejecutivo de Petro y las declaraciones cruzadas entre ambos bandos provocaron que el proceso se alargara más de la cuenta.
Primer capítulo de las negociaciones ocurrió en Caracas
Venezuela fue la primera sede y Estado garante de las conversaciones que iniciaron oficialmente el 21 de noviembre de 2022 y terminaron el 12 de diciembre del mismo año. En la mesa, se habló acerca de la agenda negociadora de ambos bandos, la institucionalización de los diálogos y las vías de comunicación entre el Gobierno y el ELN.
“Para el Gobierno de Colombia y el ELN la participación de la sociedad en este proceso es esencial en los cambios que necesita Colombia para construir la paz”, estipularon ambas partes en un documento que dieron paso al comienzo de la primera ronda de conversaciones.
ELN desmintió al gobierno de Petro
La ruta para la segunda ronda de conversaciones entre ambos bandos parecía encaminada, hasta que un desliz en las comunicaciones presidenciales del Gobierno de Petro el último día de 2022 complicó la situación.
La madrugada del 31 de diciembre, el presidente de Colombia publicó en su Twitter un mensaje que anunciaba un supuesto acuerdo de cese al fuego con cinco grupos armados dentro de Colombia, entre ellos el ELN.
Tres días después, el 2 de enero, la dirigencia del ELN desmintió él anunció de Petro, aseverando que “no existían condiciones necesarias” para respetar el cese al fuego, después de una confusión interna entre las instrucciones de presidencia y el ejército, que siguió actuando como si no existiera el acuerdo.
“El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la Mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN”, mencionó el grupo en un comunicado el 9 de enero.
En búsqueda de la paz total
Conseguir un acuerdo de paz con el ELN es un logro esencial para la política insignia del primer presidente de izquierda en Colombia: la paz total. Esta última apuesta por negociar con la mayor parte de grupos armados en activo dentro del territorio colombiano, con el objetivo de poner fin al conflicto armado interno, que ha cobrado millones de víctimas en más de tres décadas.
La paz total fue estipulada en la legislación colombiana el 4 de noviembre de 2022, a través de la Ley 418 que permite al ejecutivo colombiano “adelantar las negociaciones con grupos armados ilegales”.
A pesar de generar división en las opiniones de los colombianos, la ambiciosa política de Petro busca sumar a más de 22 grupos armados -entre los que está el ELN, el Clan del Golfo y varias disidencias de las extintas FARC- para ponerle punto final a las hostilidades y terminar con el derramamiento de sangre dentro del territorio colombiano.
