El presidente tomó la decisión de destituir a sus colaboradores más cercanos hasta que la justicia decida.
En una ceremonia de ascenso de oficiales del Ejército, el presidente anunció lo que todo el mundo estaba esperando: “Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno”. Ninguno ha superado una semana de acusaciones mutuas en la prensa. Sarabia sometió al polígrafo a la niñera de su hijo por un robo en su casa, hecho que la fiscalía está investigando. Petro no se ensañó con ella, al contrario. Defendió que el protocolo estaba dentro de la ley y que si en su casa se perdiera un papel de inteligencia haría lo mismo con todas las personas que le rodean. Lo que sí negó rotundamente es que Sarabia ni nadie de su Gobierno pidiera que se intervinieran el teléfono de la empleada del hogar. De Benedetti, a quien Sarabia acusa de filtrar el caso a los medios de comunicación, Petro no dijo ni una palabra.
El presidente quiere alejar de su entorno cualquier sombra que le acerque a los fantasmas de la política colombiana y la denuncia de que la niñera fue escuchada de manera ilegal tras denunciarse el robo era algo demasiado poderoso incluso para sostener a la que ha sido su mano derecha. Petro se refirió a ella como si se tratara de un padre que tiene que sacrificar a un hijo: “No se han parado a pensar en una joven recién parida con su primer niño cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que le hace sentir en la zozobra”. Pero era insostenible mantenerla a su lado. El Petro opositor fue uno de los adalides de las denuncias de las escuchas ilegales en el Gobierno de Uribe, cuando él mismo fue intervenido. Ante los medios, aseguró que sus propias indagaciones le dan confianza. “Hubiera sido terrible que de mi Gobierno saliera una indicación (de pinchar teléfonos)”.
El Gobierno ha vivido una semana de vértigo. Hace seis días, la revista Semana publicó que la niñera de Sarabia había sido sometida al polígrafo por el robo de un maletín. No hubo excesivo ruido alrededor de eso. Días después, la jefa de Gabinete acusó a su antiguo jefe de estar detrás de esa filtración. Él lo negó en un hilo de Twitter, en el que dejaba caer que Sarabia escondía en casa más dinero del que había denunciado en la fiscalía -en un principio denunció la pérdida de 4.000 dólares, después 7.000; Benedetti dijo que son 15.000- y que puede que tuviera interceptados los teléfonos de gente implicada en el asunto. Benedetti, de repente, sin que nadie lo esperase, se puso en el centro de la polémica. Visto con el paso de los días, fue una forma de inmolación propia y un intento de desestabilizar el Gobierno que había ayudado a crear. Su carácter explosivo puso en aprietos a Petro.
Al día siguiente, la revista Cambio reveló, y poco después la fiscalía refrendó, que la empleada de Sarabia no solo había sido sometida al polígrafo, sino que también le habían interceptado el teléfono haciéndola pasar por la cocinera de un miembro del Clan del Golfo. Los policías que llevaban la investigación recurrieron a esta trampa para justificar unas escuchas a todas luces ilegales. ¿Qué llevó a que unos policías cometieran esa ilegalidad? La duda se dirigió a Sarabia: ¿conocía ella el método de investigación? Petro asegura que no, pero la mera sospecha es una mancha demasiado grande sobre su Gobierno. Ha dejado caer a Sarabia, a quien tanto estimaba, de quien no se separaba ni un segundo en público. Por el camino, se ha llevado por delante a Benedetti, protagonista inesperado.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ha aprovechado la oportunidad de acorralar de nuevo al presidente. Barbosa ha bautizado este de caso de Sarabia y Benedetti -con poco sentido de la proporcionalidad- como el peor proceso contra los derechos humanos en años y lo ha equiparado con las chuzadas ilegales que hizo la extinta policía política del DAS a decenas de opositores, magistrados y periodistas durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Elegido por el anterior presidente, el uribista Iván Duque, el fiscal hace una oposición judicial al Gobierno. Petro le ha pedido que actúe de forma profesional y no haga un juicio paralelo mientras se establecen las responsabilidades penales. “En mi Gobierno a nadie se la ha ordenado una sola interceptación ilegal. Ni a ilustres y poderosos exfuncionarios ni a personas humildes. No se les ha dado esa orden ni se les dará”, ha dicho.
Hace un mes, el presidente hizo una transformación de su Gobierno con la intención de virar a la izquierda. Se deshizo de siete ministros, los más apegados al centro y a la derecha, con los que se había congraciado para ganarse a la dividida sociedad colombiana. Descubrió que eso no le estaba dando resultado y decidió volver a las esencias. Nada ha sido fácil desde entonces. Rota la mayoría en el Congreso, no logra encauzar las reformas con las que pensaba cambiar el país. Las encuestas muestran que su favorabilidad cae. Ahora Petro se ve obligado a otra transformación, a reinventarse de nuevo, por segunda ocasión en solo 10 meses. Pero esta vez se ha quedado solo, sus guardianes están muertos políticamente.
Fuente: El País.com
