Ocho personas murieron cuando la Policía perseguía a un conductor, sospechoso de contrabandear a migrantes, quien chocó con un vehículo que circulaba en dirección contraria en una autopista del sur de Texas.
El choque ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando el conductor de un Honda Civic modelo 200, trató de eludir a los agentes del Departamento de Policía del condado Zavala e intentó rebasar a un tráiler en una carretera de dos carriles, indicó el Departamento de Seguridad Pública. El Civic se estrelló contra una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2015, la cual se incendió.
Los automóviles que participaron en el accidente quedaron calcinados.
Todos los ocupantes de ambos vehículos perdieron la vida, informó la agencia. Eso incluye al conductor del Civic, un hombre de 21 años originario de Houston y a los cinco pasajeros. Algunos de ellos eran procedentes de Honduras, dijo el portavoz del departamento, Christopher Olivares. Las dos personas que viajaban a bordo de la camioneta Equinox eran de Georgia.
Las identidades de los muertos serán dadas a conocer primero a sus familias, señaló Olivares. De momento se desconoce a qué velocidad circulaban los vehículos, pero las fotografías que difundió la Policía mostraban a los dos autos destruidos y buena parte de la Equinox incendiada.
El choque ocurrió cerca de Batesville, una localidad ubicada a unos 130 kilómetros al suroeste de San Antonio, es el choque letal de vehículos más reciente en el que hay migrantes involucrados. Se trató también de la cifra de muertos más elevada desde que 13 personas fallecieron en una colisión en la remota localidad de Holtville, California, en marzo de 2021.
La oficina de Texas de la Unión Americana de Libertades Civiles registra 106 decesos en persecuciones vehiculares de la Patrulla Fronteriza entre enero de 2010 y junio de este año. Se reportó un promedio de 3.5 fallecimientos al año hasta 2019, pero la cifra se disparó en 2020, lo que llevó a las autoridades a desarrollar una nueva política para las persecuciones vehiculares con el fin de aumentar la seguridad.
La política que se dio a conocer en enero no prohíbe específicamente las persecuciones, pero brinda un marco claro para sopesar los riesgos de llevar a cabo una persecución, como los peligros que representan para la población en relación a los beneficios o necesidades para las autoridades policiales.
