Un jurado federal de Miami declaró culpable a un hombre de Miami Beach por su participación en las actividades de un grupo de crimen organizado transnacional conocido en México como La mafia cubana en Quintana Roo dedicado al contrabando humano, robar embarcaciones, vehículos de motor y al lavado de dinero. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida informó que, según las pruebas presentadas en el juicio, Javier Hernández, de 50 años, y su coacusado, Ramón Reyes Aranda, de 38 años, de Naples, robaron embarcaciones de la costa oeste de la Florida.
Reyes Aranda identificaba las embarcaciones y Hernández las transportaba a México, donde eran utilizadas para financiar y facilitar las actividades ilegales del grupo. Previo al juicio, Reyes Aranda se declaró culpable de participar en una conspiración de lavado de dinero para promover el tráfico de bienes robados y el soborno de funcionarios públicos.
La fiscalía detalló que la propiedad robada, que incluía botes y embarcaciones, fue transportada a un cómplice en México, quien luego usaría la propiedad robada para facilitar y promover las actividades de la organización. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Hernández transportó un vehículo a México para usarlo para sobornar a un funcionario extranjero para que la organización pudiera continuar realizando el tráfico de migrantes sin interferencia de las autoridades, agregó.
Para combatir las actividades de la llamada La mafia cubana en Quintana Roo las autoridades policiales de Estados Unidos y de México realizaron una extensa operación multinacional. Mediante esa operación, las autoridades tuvieron conocimiento de que varios ciudadanos cubanos residentes en México formaban parte del grupo del crimen organizado que se benefició de varios esquemas, incluido el contrabando y la extorsión de migrantes cubanos mantenidos como rehenes en México para el pago de tarifas de contrabando.
Las autoridades estadounidenses los identificaron como José Miguel González Vidal, de 36 años; Reynaldo Abreu García, de 56 años; Yohismy Pérez González, de 40 años; Yosvani Carbonel Lemus, de 43 años; Reynaldo Crespo Márquez, de 44 años, y Jancer Sergio Ramos Valdés, de 37 años, quienes vivían en México al momento de que se presentaron cargos en su contra. Maikel Antonio Hechavarría Reyes y Mónica Susana Castillo, ambos de México, también formaban parte de un grupo, de acuerdo con la fiscalía.
Según la evidencia contenida en el expediente judicial, González Vidal presentó a Hernández a Reyes Aranda para que pudieran trabajar juntos en el transporte de embarcaciones robadas para la organización. Tanto Hernández como Reyes Aranda recibieron pagos de González Vidal y otros miembros de la organización por el transporte de la propiedad robada.
En cuanto al contrabando humano, la fiscalía explicó que los miembros de la red de extorsión a migrantes exigían a las víctimas que proporcionaran información de contacto de un miembro de la familia a quien luego exigirían un rescate de $10,000.
