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Recientemente, la Asamblea Nacional de Venezuela sancionó la Ley de
Amnistía para la Convivencia Democrática. Instrumento jurídico que no
aparece en el vacío y es, en gran medida, la respuesta institucional a un clamor
ciudadano documentado por el PNUD en su informe “Lo que nos une”.
Al analizar ambos documentos, se observa una interconexión entre la ley que
intenta traducir el proceso de negociación, y el deseo de paz manifestado por
la sociedad venezolana.
El reporte del PNUD de diciembre de 2025 reveló un país con una identidad
nacional inquebrantable (98,8%) y un rechazo absoluto a la violencia como
solución (77,4%). Más importante aún, el 84,6% de quienes reconocían la
existencia de conflictos prefería los acuerdos a la confrontación, y un 79,9%
aceptaba que ambas partes debían hacer concesiones para el bien común.
Esta ley resuena con el “estado de ánimo” al declarar como fines primordiales
la rectificación, la paz social y el pluralismo político. El aspecto más positivo
de la norma es su amplitud temporal (de 1999 a 2026) y su enfoque en la
reintegración de los beneficiarios a la vida pública. Al abarcar hitos de
conflicto como los de 2002, 2014, 2017 y las recientes crisis electorales de
2024 y 2025, la ley busca “limpiar el tablero” para una nueva etapa política.
Basándonos en la disposición al diálogo detectada por el PNUD (donde el
86,3% cree que negociar no es rendirse), la ley es un catalizador necesario. Sin
embargo, la reconciliación es un proceso más profundo que la simple
excarcelación. La ley permite que quienes estaban fuera del territorio nacional
se pongan a derecho mediante representación legal, facilitando el retorno de
figuras clave. Esto satisface la urgencia de “soluciones concretas” que el
36,5% de los venezolanos priorizaba en la encuesta.
Pese a sus bondades, la ley presenta debilidades que podrían comprometer su
sostenibilidad:
- Exclusiones selectivas: Organizaciones como Foro Penal señalan que la ley
solo cubre 13 de los 28 eventos políticos conflictivos desde 1999, dejando
fuera casos de rebeliones militares y a cientos de presos políticos.
- Ausencia de Justicia transicional: La ley se centra en la extinción de la
responsabilidad penal, pero omite mecanismos robustos para la reparación de
las víctimas y la creación de una Comisión de la Verdad, algo que expertos de
la ONU han calificado como esencial para no construir la democracia sobre la
impunidad.
Para perfeccionar este camino, Venezuela debe mirar espejos internacionales:
España (Ley de Amnistía de 1977): Fue el pilar de la transición tras la
dictadura de Franco. Logró la estabilidad política inmediata, pero décadas
después ha sido criticada por impedir la investigación de crímenes de lesa
humanidad y dejar a las víctimas sin reparación. Esto generó estabilidad a
corto plazo, pero heridas abiertas a largo plazo.
Sudáfrica (Ley de Promoción de la Unidad Nacional, 1995): Implementó la
Comisión para la Verdad y la Reconciliación. A diferencia de un perdón
general, la amnistía era individual y dependía de la confesión total de los
crímenes ante las víctimas. Con ello, se logró avanzar en la unificación del
país mediante la catarsis colectiva de la verdad, aunque las reparaciones
económicas fueron insuficientes.
Tratar de analizar solamente la Ley de Amnistía de 2026, sin considerar el
contexto, la historia y, sobre todo, el sentir de los venezolanos que viven en
Venezuela, es un error que algunos ciudadanos y dirigentes políticos de la
oposición están cometiendo.
La Ley de Amnistía de 2026 es el primer paso real hacia la convivencia que
los venezolanos pidieron en 2025. Para que no sea un simple “borrón y cuenta
nueva” que genere impunidad, debe evolucionar hacia un modelo que incluya
a todas las víctimas y garantice que los hechos no se repitan. Como dice el
informe del PNUD, lo que nos une es el deseo de un futuro compartido; la ley
debe ser el puente, no solo la salida de una celda.
Claro que esta ley es mejorable, pero este es solamente un primer paso para la
reconciliación y reunificación del país, así que para consolidar ese proceso se
tendrá que llegar a la creación de una Justicia Transicional, la cual, entre otras
cosas, deberá contener un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición, así como una Comisión de la Verdad.
Las circunstancias del país exigen el concurso de todos para reconciliarse y
entrar en la senda de crecimiento económico y social, y esa lectura la tiene
muy clara la mayoría de la población.
Lo que vive Venezuela es un proceso y, como tal, tiene etapas y tiempos que,
en este caso, pudieran ser más largos de lo deseado, pero que por lo menos van
en la dirección correcta.
