La empresa petrolera estatal, PDVSA, pilar fundamental de la economía ha sido destruida por el régimen chavista, saqueadas sus arcas por todos los funcionarios colocados en los puestos directivos, sin que se haya castigado a ninguno de los implicados.
La empresa que, en los noventa fue considerada un modelo en la región, se ha convertido en una pesada carga para la economía venezolana por su politización. Esta debacle no solo arrastra al país sino al actual régimen también.
Los años de mayores ingresos petroleros en Venezuela por el alza que vivió el precio del barril en los tiempos de Chávez han desencadenado la mayor corrupción que ha vivido el país. Ahora, cuando la producción de la industria venezolana ha llegado a sus mínimos, los malos manejos políticos siguen dilapidando el escaso dinero que entra en el país petrolero. PDVSA ha sido destruida por la corrupción instaurada por el régimen chavista, saqueada por todos los funcionarios que han desfilado en los puestos directivos, sin ningún castigo ejemplarizante a los implicados. Esta debacle también arrastra al régimen a su rotundo fracaso.
La empresa estatal PDVSA vive un nuevo proceso de purgas con las detenciones de altos funcionarios y la renuncia de Tareck El Aissami como ministro del área tras una investigación por corrupción en las entrañas de la petrolera estatal venezolana. El chavismo ha tenido que recurrir a la que durante años fue la gallina de los huevos de oro de Venezuela y se convirtió en la caja chica de una enorme élite que creció en los años del chavismo.
La empresa estatal inició sus operaciones en enero de 1976, tras la nacionalización del petróleo, y durante las últimas décadas del siglo XX fue un caso especial en medio de la tradicionalmente corrupta y disfuncional administración pública latinoamericana, la cual está acabando con la economía de varios países de la región. Un año antes de que Chávez llegara al poder, PDVSA producía 3,2 millones de barriles al día y agrupaba a un conglomerado de empresas extranjeras fusionadas de las que heredó los procesos de operación, los sistemas de balance y control, estándares y prácticas que la hicieron funcionar como las grandes transnacionales del petróleo.
La cultura de la llamada meritocracia convirtió a su nómina en una plantilla de grandes capacidades, contra la que el chavismo fue en 2003 después de la huelga a la que se sumaron los trabajadores petroleros por el viraje que estaba tomando el Gobierno. Fue una de las primeras crisis políticas de la revolución bolivariana. De esos años es la recordada escena de Chávez en televisión, haciendo sonar un pito mientras declara el “off side” a un grupo gerente de PDVSA, al que siguió una lista de más de 18.000 trabajadores que fueron despedidos por participar en el paro, publicada en la prensa oficialista.
Ese modelo de empresa pública que funcionaba con la eficiencia de una privada, la idea de que su personal con alta calificación y sueldos competitivos eran una suerte de privilegiados chocó contra el socialismo bolivariano de Chávez.
De esa purga que llevó a la desprofesionalización vienen los lodos de este colapso de una industria altamente tecnificada. Durante más de una década, gobernó PDVSA Rafael Ramírez, uno de los grandes alfiles de Chávez, y la sombra bajo la cual también se perdieron grandes cantidades de recursos en distintos esquemas de corrupción. La convirtió entonces en la PDVSA “roja, rojita”, un brazo político del chavismo que tejió una red de apoyo internacional con la llamada petrodiplomacia, es decir, la venta con descuentos a aliados ideológicos.
Sin embargo, el principal cliente de PDVSA siguió siendo Estados Unidos, con la venta de 500.000 barriles diarios hasta 2019, con la entrada en vigor de las sanciones que impuso Donald Trump. Ramírez salió de la empresa con Nicolás Maduro, tras la muerte de Chávez, y se convirtió en un opositor a su Gobierno.
Maduro profundizó el hueco en el que había caído la empresa. La salida de Ramírez trajo detenciones de gerentes y la entrada de nuevos grupos de poder en el manejo de la caja registradora del Gobierno. El presidente venezolano nombró, por primera vez, a un militar a cargo, que un par de años después declaró la emergencia en la industria petrolera. El ahora defenestrado El Aissami fue el encargado de resolver un escenario en que el petróleo venezolano ya estaba vetado por las sanciones sectoriales de Estados Unidos, pero continuó con el esquema de corrupción dejado por Ramírez.
El cerco que levantó Washington obligó a Venezuela a depender de una compleja y opaca red de intermediarios para poder ofrecer su petróleo. Se quedó con India, China y Rusia como principales compradores con importantes descuentos que han mermado los ingresos. Venezuela vende más petróleo del que termina cobrando, un dinero que se pierde entre los intermediarios, otra gran parte de ese dinero que no puede controlar se va al mercado Spot, y la corrupción que orbita un negocio que se mueve más de forma subterránea.
La salida del juego de Rusia por las sanciones impuestas tras la guerra contra Ucrania hizo mucho más oscuras estas redes. Bajo la administración de El Aissami se creó una estructura basada en el uso de criptomonedas, para poder soportar el cobro de los ingresos por venta, de la que se “perdieron” los 3.000 millones de dólares que han desatado este nuevo escándalo en la petrolera. Aunque otras investigaciones señalan que el monto de lo sustraído asciende a 45 mil millones de dólares.
Este descubrimiento de la última gran estafa, fue hecha desde fuera del país y las pruebas presentadas al régimen de Maduro, eran tan contundentes que no le quedó más remedio que defenestrar a El Aissami y sus socios en esta trama. PDVSA se ha convertido en una “Caja de Pandora”, mientras más la abren siguen saliendo a relucir nuevos actos de corrupción con nuevos actores, todos vinculados al régimen.
Sobre esta incertidumbre se construye la errática política fiscal del Gobierno que impacta en toda la economía. Algunos economistas calculan que entre 2020 y 2022, las pérdidas de PDVSA por todas estas circunstancias representan alrededor del 34% del ingreso percibido. En un informe de 2022, Transparencia Venezuela reveló que durante los últimos 20 años que ha gobernado el chavismo se han abierto unos 127 expedientes de corrupción en 16 países relacionados con PDVSA, que se traducen en irregularidades que comprometieron más de 42.000 millones del patrimonio público venezolano.
