Un juez sentenció el lunes al expresidente de El Salvador Mauricio Funes a 14 años de prisión por negociar con pandillas durante su gobierno.
El juicio de Funes comenzó en abril con el exlíder viviendo en Nicaragua. El Salvador cambió sus leyes el año pasado para permitir los juicios en ausencia.
Los fiscales habían acusado a Funes de asociación ilícita y de incumplimiento de sus deberes para la tregua entre pandillas negociada en 2012. Funes había negado haber negociado con las pandillas o haber otorgado privilegios a sus líderes.
El ex ministro de Seguridad de Funes, general David Munguía Payes fue condenado a 18 años de prisión por su participación en las negociaciones.
Munguía Payes dijo tras la sentencia que el juicio estuvo lleno de irregularidades.
“Me considero un preso político, por solo haberme desempeñado como ex ministro del presidente Funes. Me acusan de una serie de hechos que no tienen fundamento”, dijo.
La sentencia de Funes fue la suma de ocho años por asociación ilícita y seis años por incumplimiento de deberes.
“En mi opinión, la sentencia, en lo que se refiere a mí, es ilegal, no tiene fundamento legal; me parece injusta la sentencia del general Munguía Payes”, dijo Funes. Dijo que el estado no pudo probar los cargos.
El fiscal general Rodolfo Delgado, por su parte, dijo a través de Twitter, “probamos que estos dos ex funcionarios, que tenían la obligación de proteger a los salvadoreños, negociaron sus vidas a cambio de favores electorales, actuando como pandilleros”.
Funes es el segundo ex presidente salvadoreño sentenciado a prisión por actividades ilícitas durante su administración.
En 2018, el expresidente Tony Saca fue sentenciado a 10 años de prisión luego de declararse culpable de desviar más de $300 millones de fondos estatales. Fue antecesor de Funes, gobernó de 2004 a 2009.
Los fiscales dicen que las negociaciones entre pandillas tenían como objetivo lograr que las poderosas pandillas callejeras del país redujeran la tasa de homicidios a cambio de beneficios para los líderes encarcelados de las pandillas.
El Salvador ha perseguido a Funes, de 64 años, quien gobernó de 2009 a 2014, por otros presuntos delitos en al menos media docena de casos. Nicaragua le dio la ciudadanía en 2019.
En 2015, la Corte Suprema de El Salvador dictaminó que las pandillas son organizaciones terroristas.
El actual presidente Nayib Bukele ha sido acusado de participar en el mismo tipo de negociaciones con las pandillas.
En diciembre de 2021, el Tesoro de EE. UU. dijo que el gobierno de Bukele negoció en secreto una tregua con los líderes de las poderosas pandillas callejeras del país. Presuntamente, los líderes de pandillas encarcelados recibieron privilegios a cambio de frenar los asesinatos y brindar apoyo político al partido de Bukele. El sitio local de noticias El Faro había informado previamente sobre negociaciones.
El ex fiscal general Raúl Melara había dicho en ese momento que investigaría las acusaciones, pero cuando el partido de Bukele dominó las elecciones intermedias y tomó el control del Congreso, los nuevos legisladores expulsaron a Melara.
La tregua aparentemente se rompió cuando las pandillas mataron a 62 personas en un solo día en marzo de 2022. Bukele respondió suspendiendo algunos derechos fundamentales y librando una guerra total contra las pandillas que continúa hoy.
