Desde el viernes 1 de septiembre inició el cambio progresivo para que la edad de jubilación en el país se retrase de los 62 a los 64 años, teniendo como fecha límite para alcanzar esta cifra el año 2030.
Además, también aumentarán el número de años necesarios de cotización para poder cobrar una pensión completa, que pasarán de los 42 a los 43 en 2027.
La puesta en marcha de esta reforma se hace a pesar de que una mayoría de franceses la rechazan y durante semanas se realizaron numerosas huelgas generales y manifestaciones.
Tras meses de polémicas, protestas y un rechazo mayoritario entre la población francesa, la controversial reforma pensional impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron empezó a aplicarse a partir del pasado viernes 1 de septiembre.
Desde ese día, la edad de jubilación para los franceses aumentará progresivamente hasta el año 2030, cuando se pasará de los 62 años actuales a los 64. La idea es que esta edad de retiro laboral aumente un trimestre por cada año que transcurra hasta esa fecha.
Una norma que no va sola, ya que además del retraso de la edad de jubilación, se aumentará la cantidad de años cotizados necesarios para poder cobrar una pensión íntegra. La cifra pasará de 42 años a 43 y esto será a partir de 2027.
Su puesta en marcha es un triunfo para el Gobierno de Emmanuel Macron, que desde el inicio ha defendido la necesidad que tenía Francia de realizar esta reforma debido a que el sistema corría el riesgo de ser deficitario a causa del progresivo envejecimiento de la población.
Sin embargo, el Ejecutivo ha tenido que lidiar con la oposición frontal de numerosos actores sindicales, partidos políticos y el rechazo de buena parte de la población, quienes durante semanas han intentado tumbar la reforma debido a que consideraban que se estaban “violando” sus derechos.
Movilización general
Esta reforma ha hecho que los franceses salieran a las calles como hacía años no se veía. Los sindicatos galos, que en lo que va de siglo han acusado una notable desunión en momentos clave, se han mostrado claros en su negativa a aceptar que este cambio se produjera. Una posición que ha sido criticada por el Ejecutivo, al no ver la posibilidad de que estas organizaciones pudieran llegar a pactar un acuerdo mínimo.
Desde finales del año 2022 y especialmente a partir de 2023, los sindicatos franceses salieron a las calles durante varias semanas para intentar frenar el proyecto de ley. Esta unidad hizo que el movimiento se mantuviera fuerte durante un tiempo, con movilizaciones masivas en las principales ciudades y con seguimientos casi totales en algunos sectores como el de transportes, el energético o el de educación.
En la gran mayoría de los casos, estas protestas fueron totalmente pacíficas, aunque llegada la noche se observaron varios incidentes entre los manifestantes y la policía, un cuerpo que fue acusado de represión en algunas jornadas. El pico de movilización se alcanzó el 7 de marzo de 2023, cuando salieron a las calles entre 1,28 y 3,5 millones de franceses, según las diferentes fuentes sindicales y gubernamentales.
Esta reforma suponía para muchos franceses un “ataque más” a sus derechos laborales fundamentales. Una sensación extendida de pérdida que se ha acentuado durante las últimas décadas debido a los constantes esfuerzos de los Ejecutivos –tanto los de centroizquierda como los conservadores- de intentar retrasar la edad de jubilación y aumentar el número de años cotizados necesarios para cobrar una pensión íntegra.
De hecho, en los últimos 30 años se han realizado cuatro propuestas de reforma pensional, tres de ellas salieron adelante y solamente una fracasó por la movilización social en la década de 1990.
El rechazo generalizado lo reflejaron encuestadoras como Elabe, que aseguró que el 67% de los franceses estaba en contra de este cambio, o Odoxa-Agipi afirmando que el 80% de los ciudadanos se oponía.
El Gobierno en solitario
Esta negativa rotunda hizo que el Ejecutivo francés se quedara prácticamente solo en el Congreso durante las semanas más crudas de las protestas en el mes de marzo de 2023. La izquierda parlamentaria se posicionó junto con los sindicatos y los trabajadores, defendiendo todos los llamados a huelga y alentando a la movilización. Y la extrema derecha, aunque no apoyó el movimiento sindical, se mantuvo en contra de la reforma.
Esta cuestión hizo que el Gobierno de Élisabeth Borne sufriera dos mociones de censura en unos días, poco antes de que la reforma fuera tramitada. La primera de ellas fue realizada por la izquierda y obtuvo un número importante de apoyos y la segunda, menos seguida, estuvo alentada por la extrema derecha. Aunque ninguna de las dos llegó a triunfar, se pudieron observar escenas de extrema tensión en el Parlamento durante los discursos realizados por los congresistas. Un fiel reflejo de la situación de crisis política en el país.
El punto llegó hasta una situación en la que el Gobierno se vio obligado a utilizar el artículo 49.3 de la Constitución francesa para sacar adelante la reforma sin contar con el respaldo parlamentario. Esto se dio porque, aunque el partido de Emmanuel Macron consiguió un supuesto respaldo de algunos diputados de Los Republicanos, no tenían la plena convicción de que la reforma saliera adelante con una votación afirmativa en el Parlamento.
Esta decisión caldeó todavía más los ánimos entre los sindicatos y manifestantes, quienes llegaron a colapsar carreteras, vías férreas y refinerías. Las principales centrales obreras intentaron entonces llevar el caso al Consejo Constitucional para que tumbara la norma, sin embargo, este organismo judicial avaló la mayoría de la misma y rechazó que se realizara un referéndum consultivo entre la población sobre el tema.
La Administración encabezada por Emmanuel Macron consideraba un eje fundamental en su esquema de gobierno el poder sacar adelante esta reforma pensional incluso aunque significara el aislamiento del Ejecutivo con respecto al poder sindical y la oposición. La razón principal es la defensa de que el sistema de pensiones se convertirá en insostenible y deficitario durante las próximas décadas debido al envejecimiento progresivo de la población.
Por este motivo, el Gobierno de Emmanuel Macron sostiene que es lícito retrasar la edad de jubilación debido a que la esperanza de vida en Francia es más alta y se apoya en que otros países vecinos tienen la edad de jubilación en torno a los 65 o 66 años.
Sin embargo, aquellos que rechazan este cambio sostienen que durante los dos últimos años se han reportado ganancias en el sistema de pensiones y no pérdidas y critican que con impuestos a las grandes fortunas o reducción en otros gastos –como el militar- el sistema podría ser perfectamente sostenible sin cambios.
