Bolivia ha explotado sus recursos naturales y se ha quedado con los pasivos ambientales, zonas de sacrificio y pobreza.
En medio de la crisis económica que atraviesa Bolivia, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, fue denunciado por corrupción. El ahora exministro fue detenido el 18 de mayo acusado de haber recibido presuntos sobornos que superan los 2 millones de dólares por adjudicaciones en obras estatales. Y no es el único caso investigado y denunciado de corrupción a autoridades a cargo del sector ambiental o de sectores responsables de cautelar los territorios del país.
Entonces surge la pregunta: ¿cómo afectan estos casos de corrupción al sector ambiental y a los problemas que atraviesa el país?
Los temas importantes, porque son también los que más aportan al Producto Bruto Interno de Bolivia, son la explotación de hidrocarburos, la producción de soya y la extracción de minerales, principalmente la minería de oro. Son los tres problemas ambientales principales en Bolivia y que están asociados no solamente con el ambiente, sino con la economía, dice Carmen Capriles, ingeniera agrónoma, activista ambiental y experta internacional en políticas ambientales, desarrollo sostenible y cambio climático y forma parte también de la organización boliviana Reacción Climática.
A continuación se resumen las principales ideas señaladas por Carmen Capriles en una entrevista publicada en la web Mongabay en fecha reciente. Esto fue lo que dijo:
El modelo de desarrollo de las últimas dos décadas se ha basado en el extractivismo sustentado en los hidrocarburos; sin embargo, la producción de hidrocarburos está disminuyendo desde los años 2014 y 2015, y Bolivia cuenta ahora con muy pocas reservas, quizá para una década más debido a la sobreexplotación del recurso y no se ha invertido en otro tipo de energías alternativas.
El modelo de producción de soya, que deforesta la zona, está generando un déficit hídrico. También está el tema del cambio climático que está afectando y tiene repercusiones dentro del país.
En los últimos 37 años, 8 millones de hectáreas fueron deforestadas en Bolivia.
El sistema productivo del oro está basado en los cooperativistas que no está sujeto a ningún tipo de regulación, muchas veces violando derechos humanos, sobreexplotando a la mano de obra y además contaminando los ríos, especialmente los amazónicos. Pero también hay minería aurífera contaminando el Lago Titicaca, que se ve reflejada en las altas concentraciones de mercurio encontradas en las poblaciones indígenas y también en peces. Así, todo el ecosistema y sus componentes están comprometidos debido a este mal manejo.
Bolivia es un país productor de hidrocarburos, productor de gas, pero importa el diesel y luego subvenciona al diesel para sectores como la minería, la agroindustria y otros sectores extractivistas.
En el país tiene debe haber una transición energética. Hay que empezar a priorizar sectores como los industriales o los que producen empleos. Por eso es necesario ver otro tipo de alternativas productivas, que no sean solamente extractivistas, porque Bolivia extrae los recursos naturales, la materia prima básicamente y no existe transformación. Hay que trabajar para darle valor agregado a esos recursos naturales.
El gobierno de Bolivia ha anunciado que extenderá la exploración de litio a más salares. El litio no es la solución en Bolivia. No se ha generado ningún producto derivado con el litio. Esa es la historia de Bolivia desde la época de la Colonia. Se ha explotado oro, plata, estaño y otros recursos naturales para el planeta y se ha quedado con los pasivos ambientales, zonas de sacrificio y pobreza. Por eso es necesario trabajar alternativas que no sean extractivistas ni manejadas por unas cuantas familias o empresas, sino hay que pensar en un tipo de economía que realmente beneficie a la mayoría del país y no solamente a unos sectores.
La minería ha generado aguas contaminadas en el Altiplano, ocasionando que muchos agricultores pierdan sus cultivos y sus animales, e incluso sus hijos están contaminados con metales pesados. El Gobierno les entregó tierras en la Chiquitania, que es un lugar sin agua. Y estas personas beneficiadas, para establecer su soberanía —porque según la ley la tierra es de quien la trabaja y no de quien la conserva— lo que hacen para habilitar las tierras es quemarlas.
Pero estos ecosistemas son tan secos que cuando se realiza el chaqueo —una práctica típica del trópico húmedo donde se puede controlar el fuego— en un ecosistema de Chiquitanía, que es más seco, el fuego se expande y luego es muy difícil controlarlo. Eso pasó en los años 2019 al 2021. Y todos esos grupos a quienes se les dio tierras sin consensuar con las poblaciones locales, ni tener un plan de asentamientos, ni saber qué van a producir, llegaron, empezaron a habilitar las tierras y todo se incendió. Pero estas tierras no son aptas para ningún tipo de cultivos. En esa región no hay agua, por lo tanto, no tiene sentido entregar tierras donde no se puede producir. Eso está causando un gran daño ambiental grande, porque este ecosistema se vuelve, cada vez, más seco.
Uno de los sectores mas beneficiado ha sido el sector agroindustrial que se ha podido expandir. Se han dado leyes para favorecerlos. El ciclo es este: se entregan las tierras a poblaciones pobres que empiezan a habilitarlas y una vez que lo han hecho y se les entrega el título, ellos venden estos terrenos a grandes agroindustriales que tienen fondos y recursos para mayores inversiones.
Muchas soluciones requieren de normativas, pero que se cumplan. Un claro ejemplo es la ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Esta ley incluye un principio precautorio pero, a pesar de que está vigente desde el año 2012, tiene cero jurisprudencia. Tampoco hay una ley de transparencia y acceso a la información lo que hace muy difícil controlar a las grandes empresas, dónde están y qué es lo que están haciendo.
El tema estructural de fondo social es que Bolivia necesita otro tipo de alternativas económicas, no puede ser que la única alternativa económica sea ser mineros.
