La praxis política, ha sido consumida por la injusticia. De manera que si los gobiernos se dieran a la tarea de regular sus procesos políticos sujetos al ordenamiento jurídico establecido constitucionalmente, la injusticia no sería un problema. Tampoco el irrespeto que se tiene hacia preceptos que trazan el rumbo de la democracia de la igualdad, la solidaridad, la soberanía.
Pero contrariamente, es el contexto donde se activa el odio, el resentimiento y la chapucería que colma el devenir político de numerosos países. Sobre todo, el odio toda vez que suele advertirse en la actitud de gobernantes, fanáticos irreverentes e ignorantes funcionales que en buena proporción componen el grueso del funcionariado y de la comunidad de adláteres y aduladores que pululan alrededor de posiciones claves del poder político.
A pesar de leyes que existen para penar a quienes proceden con odio y alevosía, hay quienes no entienden el ejercicio de valores que contrarresten al odio. No sólo individuos de un cierto nivel cultural. Tampoco lo comprenden gobernantes, activistas políticos y operadores de partidos políticos.
Sin embargo, esos problemas persisten. Muchos se amparan en la impunidad. O en el respaldo que les consiente el poder político que gozan al ocupar cargos de dirección, coordinación o delegación de funciones político-gubernamentales.
En la perspectiva de lo político
En lo político, el odio no ha dejado de servir como medio para alentar la polarización como fenómeno político que fractura sociedades enteras. Situación ésta en la que la opinión política se divide en dos extremos opuestos y radicales logrando que cada individuo justifique sus ideas ante la sociedad.
Además, el odio se presta para atentar contra quien difiera de alguna postura reivindicada por cualquier coyuntura favorecida por manifestaciones revestidas de poder político.
Muchas veces se tiene que las leyes existentes contra el odio, son discriminatorias en lo político. La ecuanimidad está ausente en ellas. La formulación de su articulado, carece de principios que el Derecho Positivo recalca. Se aplican sólo a quienes alzan su voz de protesta contra la corrupción que encubre la gestión política permitida por el mismo gobierno y su componenda de poderes públicos. Incluso, se ha dado el caso de normas que desconocen derechos fundamentales.
Criterios sin fundamento ni razón
Entonces ¿dónde queda la palabra comprometida jurídicamente cuando la normativa en la materia habla de convivencia, tolerancia y disciplina?
¿Para qué tanta circunspección en el discurso gubernamental? Por lo general, la situación que se vive de cara a procesos electorales, casi siempre desata a demonios enfurecidos. Y por ahí se cuela el odio y sus cómplices.
El otro lado del problema
No es una excepción, dar cuenta de situaciones que evidencian contradicciones presididas por el odio campante entre factores de poder político. La incitación al odio ejercida como criterio político luce por doquier aunque casi siempre ejercida en coyunturas políticas.
El odio ejercido contradice lo que la ley plantea cuando exalta la convivencia y la tolerancia como cultura de paz.
Cualquier situaciones de tal caracterización, contraría lo que destaca el discurso político solapado. Sobre todo, cuando habla de castigar a quienes manifiesten alguna provocación a odiar. Es desvergonzadamente contradictorio advertir el reiterado alarde de preocupación por «evitar el odio» cuando las realidades dejan ver lo contrario.
Al cierre
Todo esto, pareciera significar el punto de no-retorno en el cierre del espacio cívico y democrático que tanto se ha vociferado. Es parte de la brecha que ha venido sosteniéndose entre el discurso político y la detestable praxis política que afecta peligrosamente el goce y ejercicio irrenunciable e indivisible de derechos humanos.
Se habla de consagrar derechos civiles, políticos y sociales. Pero en la praxis, se omiten por la intolerancia que, la arbitrariedad de conciliábulos políticos. Podría decirse que en el fragor del barullo político que viven países de debilidades autoritarias, no es raro ver cómo perros del odio y zamuros de la mentira buscan denigrar y deshonrar libertades y derechos humanos. Pareciera cierto, a decir por los hechos, que el odio es un recurso político.
