La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 28 de julio de 2022 que todas las personas del planeta tienen derecho a un ambiente saludable. Una decisión que, según sus partidarios, es un paso importante para abordar el alarmante deterioro de la naturaleza.
El derecho a un ambiente saludable cumple hoy un año. En una resolución aprobada en la sede de la ONU en Nueva York, la Asamblea General reconoció que el cambio climático y la degradación ambiental se encuentran entre las amenazas más apremiantes para el futuro de la humanidad. Llamó a los Estados a redoblar sus esfuerzos para garantizar a sus poblaciones el acceso a un “ambiente limpio, sano y sostenible”.
Esta adopción era la continuación lógica de una resolución similar adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en octubre de 2021. Aunque estas resoluciones no son legalmente vinculantes, pueden provocar cambios en la legislación nacional e internacional. Y representan la existencia de un consenso político al respecto en el seno de las Naciones Unidas.
Estas resoluciones fueron posibles gracias a los esfuerzos de la sociedad civil, incluidos instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de pueblos indígenas, grupos de jóvenes, empresas y muchas más entidades de todo el planeta.
Todos abogaron por el reconocimiento internacional de este derecho. Un reconocimiento que fue respaldado por varias agencias de la ONU que trabajaron juntas bajo el Llamado a la Acción sobre Derechos Humanos del Secretario General, como es el ejemplo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la FAO o la OMS.
Responsabilidades por el daño ambiental
El derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible suele incluir el derecho a disfrutar de aire limpio, acceso a agua potable segura, un clima seguro y estable y saneamiento adecuado. Además de a alimentos saludables, que hayan sido producidos de manera sostenible, trabajo, estudio y juego.
Todo ello en un entorno no tóxico en el que vivir, y siempre respetando a la biodiversidad y preservando ecosistemas sanos. También incluye el acceso a la justicia y a la información y el de ser partícipe de la toma de decisiones, así como al ejercicio seguro de estos derechos sin temor a coacción o represalias.
Para conseguir que el derecho a un ambiente saludable sea factible, es necesaria la cooperación internacional, la equidad en la acción ambiental y la solidaridad, además de la movilización de recursos. Los Estados también tienen la obligación moral y legal de evitar que sus acciones sean dañinas para el ambiente de cualquier punto del globo.
Todos aquellos estados que no protejan a sus ciudadanos y al ambiente en el que tengan alguna injerencia, estarán violando los derechos humanos de los damnificados en virtud del derecho internacional vigente.
