El presidente colombiano desató una polémica la semana pasada al asegurar que como presidente y líder del Ejecutivo ejercía como jefe del fiscal.
El presidente de Colombia Gustavo Petro generó estos días un gran revuelo al afirmar que, como mandatario del país, es también «el jefe» del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, esto a raíz de un artículo que citó Petro del diario La Nueva Prensa, donde se acusa al fiscal regional Daniel Hernández, de tener conocimiento de una lista de 200 personas que estaban amenazadas por la banda criminal del Clan del Golfo y no hacer nada para evitar la muerte de los amenazados.
“El fiscal general olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado y, por lo tanto, el jefe de él”, dijo en un principio Petro, quien luego se retractó de sus afirmaciones y remarcó que el fiscal general “no está subordinado al presidente”, en una carta pública después de que la Corte Suprema de Justicia rechazará sus afirmaciones.
El “choque” entre estas dos ramas del poder en Colombia, llevó a que el propio Barbosa, en declaraciones a medios de comunicación, tildara a Petro de “dictador” y anunciara que sacaría a su familia del país por razones de seguridad.
Ante estos controvertidos comentarios del mandatario colombiano y del fiscal, la Voz de América consultó a analistas sobre este nuevo escenario de enfrentamientos entre ambas figuras, que ya habían tenido desacuerdos cuando el fiscal cuestionó la política de “paz total” del presidente.
Para Andrés Macias, analista político y profesor de la Universidad Externado de Colombia, las declaraciones tanto de Petro como del fiscal son “desafortunadas” en un contexto en el que el presidente adelanta su política de “paz total” que “necesita” de una interlocución entre el Ejecutivo y el aparato judicial para que salga adelante.
“Hay una tensión entre el presidente y el fiscal que en últimas quien termina perdiendo es el país, porque no se logra que los dos actores que deberían trabajar articulados para que funcione la política de justicia y de paz total lo estén haciendo», dijo Macías. «Esto lo que evidencia son las marcadas diferencias políticas e ideológicas que hay entre las partes. Que el presidente reconozca que hay una separación de poderes sientan un precedente sobre cómo deben trabajar de aquí en adelante el poder ejecutivo y judicial”.
En ese sentido, para Sebastián Ruda, analista político de la Universidad Nacional de Colombia, las declaraciones del presidente Gustavo Petro, no le hacen bien a la institucionalidad del país. “Es una declaración poco acertada del presidente porque así no funcionan las ramas del poder en Colombia, esa faceta del mandatario es por la cual se le he criticado, porque el presidente debe respetar los procesos que llevan las instituciones como órganos independientes al Ejecutivo”.
Entrar en el “plano político”
Por su parte, Macías explicó que las palabras que utilizó el fiscal general para referirse al presidente Petro, al tildarle de “dictador”, son desafortunadas porque el Barbosa conoce con “seguridad la constitución y las normas”.
“El uso de la palabra ‘dictador’ que utilizó el fiscal para referirse al presidente es desafortunada, el presidente en un principio dijo que como jefe de Estado era el jefe del fiscal pero luego aceptó y reconoció la independencia del Ejecutivo y el Judicial, por eso el uso de la palabra dictador por parte del fiscal Barbosa obedece más a cómo llevó al extremo esas palabras por un interés político, porque creo que el fiscal debió salir a decir que no era posible que el presidente le dictara órdenes, porque en el país existe una separación de no poderes, hasta ahí. En cambio utilizó el término dictador para entrar en un plano político”, apuntó.
