Corrupción Crypto-PDVSA II

Fin o continuación de la estafa

¡El equipo de investigación de Hey!, logró acceder a una serie de informes que se remontan a la época de Rafael Ramírez, lo que permitirá aclarar un poco más acerca del entramado corrupto, montado por Tarek El Aissami en la estatal PDVSA, para continuar el saqueo de petrodólares al mismo estilo que instituyó en su momento Ramírez.

Para iniciar este nuevo relato nos transportaremos al año 2017, hace seis años atrás, cuándo las detenciones, acusaciones, peces gordos, miles de millones de dólares, bancos internacionales fueron los temas más asociados a PDVSA en los últimos días del referido año.

El fiscal designado por la Constituyente Tarek William Saab está en una cruzada contra la corrupción en la industria petrolera venezolana y sus armas apuntan a Rafael Ramírez, hombre fuerte en la estrategia económica de Chávez y su grupo. El presidente Maduro suma su verbo encendido contra Ramírez, pero muchos nos preguntamos si llegará hasta el fondo o es solo un ataque entre facciones chavistas de poder.

La crisis que azota hoy a Petróleos de Venezuela, PDVSA, tiene su origen en la política que hace ya unos 15 años comenzó el régimen chavista, destruyendo la meritocracia, despidiendo de manera irregular a cientos de profesionales altamente capacitados y colonizando la estructura de la compañía con militantes del partido de Gobierno, que desconocían el manejo de una industria tan compleja. La corrupción de la mano de Chávez se ha convertido en un cáncer que ha minado de tumores malignos todo el aparato económico del país.

La PDVSA “roja rojita” ha traído como consecuencia unas estafas mil millonarias que ha hundido a la principal empresa de la nación. Y con ella al país. El gobierno chavista entregó a una misma persona –Rafael Ramírez- la presidencia de la estatal petrolera y el Ministerio de Petróleo. Así creó una fórmula que liquidaba la transparencia e impedía auditar correctamente el desempeño de PDVSA.

 Dicho en criollo: con el apoyo y la complicidad del Ejecutivo nacional, Ramírez se pagaba y se daba el vuelto. Para ese momento, el presidente Nicolás Maduro incurre en la misma falta al designar al mayor general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, en estos dos cargos, quien desconocía el manejo de una petrolera. Esto demuestra que más de querer poner orden en la casa, se continuaba con el esquema de corrupción, para seguir el saqueo a la principal industria básica del país.

Aunque Quevedo llegó con la promesa de diversificar la economía, el régimen chavista profundizó la dependencia de Venezuela del ingreso petrolero. En esa misma línea, amplió las funciones y competencias de PDVSA, asignándole tareas ajenas a sus negocios tradicionales, desde construcción de viviendas hasta distribución de alimentos. Mientras caía la producción de barriles de petróleo, aumentaban los escándalos de corrupción como el caso PDVAL (Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos), donde se perdieron millones de dólares y toneladas de comida por las irregularidades en las importaciones.

Rafael Ramírez estuvo 12 años al frente de PDVSA. ¿Durante ese tiempo nadie se dio cuenta del saqueo que se perpetraba dentro de la empresa? Medios independientes, expertos petroleros, ONG y dirigentes políticos de la oposición y hasta del oficialismo denunciaron en reiteradas ocasiones las irregularidades que se registraban en la industria; sin embargo, el gobierno chavista siempre salió en defensa de Ramírez y de los otros gerentes de la empresa que ahora están siendo procesados por la justicia venezolana.

Y dónde estaba la Contraloría para ese momento, el organismo hacía un silencio ensordecedor. Lejos de asumir un rol protagónico, la institución pasaba prácticamente desapercibida en todo este escándalo. ¿Por qué la Contraloría General de la República no advirtió a tiempo el gigantesco desfalco que ocurría en PDVSA? ¿Qué hizo en su momento la Contraloría General de la República para detectar oportunamente este hecho y evitar que se afectaran los intereses de los venezolanos? El escándalo de PDVSA deja en evidencia la ineficiencia de la Contraloría General de la República… o peor aún, su complicidad.

¿Por qué Maduro no apartó del gobierno y sometió a investigación a Ramírez si sospechaba de manejos irregulares en la industria? Al contrario, llegó a designarlo vicepresidente del área económica, luego canciller y vicepresidente del área política y, por último, embajador ante la ONU, convalidando su actuación.

Maduro dijo en noviembre de 2016: “decreto una reestructuración absoluta y un golpe del timón en PDVSA para vencer la corrupción y la burocracia (…) Hay que elevar la producción petrolera y cuidar que no la roben (…) Tengo pruebas de la corrupción y la traición contra PDVSA”. Como parte de esa “reestructuración absoluta”, el presidente Maduro dio más poder a dos funcionarios cercanos a Ramírez, Eulogio del Pino, manteniéndolo como Ministro de Petróleo y Nelson Martínez, nombrándolo presidente de la estatal petrolera.

Un año después ambos fueron detenidos por corrupción. ¿Por qué el presidente Maduro tardó un año para tomar medidas contra la corrupción? ¿Cuáles eran esas “pruebas” que decía tener y que jamás expuso ante el país? ¿Por qué confió la conducción del negocio petrolero a Del Pino y Martínez?

El presidente Maduro designó como presidente de Citgo a Asdrúbal Chávez. Pero en lugar de asumir ese nuevo cargo, Chávez debería explicarle al país cómo no detectó todas estas irregularidades mientras estuvo al frente del Ministerio de Petróleo, entre septiembre de 2014 y agosto de 2015.

 ¿Por qué Asdrúbal Chávez –primo del difunto presidente Hugo Chávez– no destapó la corrupción en el sector petrolero? ¿Jamás se percató de los negocios turbios que desarrollaban Ramírez, Del Pino y Martínez, ¿entre otros? ¿Cómo puede asumir la presidencia de Citgo un funcionario que fue incapaz de advertir, denunciar y combatir las irregularidades que estaban carcomiendo a la petrolera venezolana?

La crítica sobre el desempeño de Asdrúbal Chávez puede hacerse extensiva a Carlos Erick Malpica Flores –sobrino de la primera dama de la República, Cilia Flores – el flamante ministro de Finanzas, Simón Zerpa, y la presidenta de la fraudulenta Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez. Todos ellos ocuparon un puesto en la directiva de PDVSA por órdenes de Maduro. ¿Qué hicieron esos funcionarios para luchar contra la corrupción en la industria?

El nuevo presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, es un mayor general de la Guardia Nacional que no tiene ninguna experiencia en el área petrolera. Participó en la represión contra las protestas que se registraron en 2014 que dejaron un saldo de 43 muertos, y últimamente estuvo al frente del Ministerio de Vivienda. Delante de ese despacho se encargó de coordinar la Misión Vivienda programa de construcción masiva de viviendas que ha sido tachado como “inauditable” por los expertos en la materia.

Quevedo durante su permanencia al frente de PDVSA, hizo un llamado públicamente a acosar a los trabajadores de la empresa que son opositores –identificándolos despectivamente como “escuálidos”. Olvidó Quevedo que los culpables de la corrupción en PDVSA son militantes del chavismo, gerentes que juraron crear la “PDVSA socialista” y terminaron amasando millones de dólares producto del robo a la Nación.

El Gobierno trata de hacer ver que el nuevo fiscal impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab combate la corrupción en PDVSA, en contraste con la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz. Primero, debe señalarse que antes de que fuera removida del cargo, Ortega Díaz adelantó investigaciones sobre irregularidades en el sector petrolero. Y segundo, también debe recordarse que la hoy señalada funcionaria por el Régimen, es una militante del chavismo que asumió la conducción del Ministerio Público en 2007 por los votos del oficialismo en el Parlamento, facción que en 2014 la ratificó por siete años más en el cargo, a pesar de las críticas de la oposición.

Si Ortega Díaz promovía la impunidad en éste y otros casos, ¿por qué el chavismo y Maduro la felicitaron públicamente y pretendían atornillarla durante 14 años en ese despacho? Puede afirmarse que la corrupción en la PDVSA “roja rojita” es el fiel reflejo del sistema de opacidad, discrecionalidad y clientelismo que ha instalado el chavismo en la estructura del Estado venezolano.

¿Cómo pudieron robarse miles de millones de dólares en PDVSA durante años en las narices de los altos jerarcas del régimen sin que se dieran cuenta? ¿Dónde están las auditorías e inspecciones? ¿Nadie se percató de que la producción caía en picada? Mientras el régimen hablaba de soberanía, “guerra económica” y lucha contra el “imperio”, la realidad era que un grupo de altos gerentes chavistas destruía la principal fuente de ingresos del país y se llenaba los bolsillos con el dinero que hoy se necesita para comprar alimentos y medicinas. Fuentes de investigación seria afirman que el monto robado a PDVSA desde que se inicio el régimen chavista asciende a $ 650.000.000.000,oo.

 Maduro hoy anuncia una “limpieza en PDVSA”. Esa fue la misma expresión que hace 15 años utilizó el difunto Chávez y que, a la postre, ha provocado el peor escándalo de corrupción en la historia de la industria petrolera de Venezuela.

Estamos de acuerdo con que se investigue y sancione a los corruptos de la petrolera, pero si solo es un instrumento de ataque a adversarios y propaganda política, profundiza la crisis y la corrupción en la industria. La “cruzada contra la corrupción” tiene que ser completa, independiente y despolitizada. Venezuela es de todos, chavistas, opositores, sus empresas y patrimonio, también. Pero la equidad, la justicia y la transparencia no son principios utilizados en el régimen, aunque sí son muy mencionadas.

La justicia debe señalar la responsabilidad política de quienes designaron a esas personas. La culpa no es del “ciego” -Ramírez- sino de Chávez por darle el garrote durante 12 largos años. Y luego de Maduro, por hacer lo mismo durante los primeros cinco años de su gobierno. Y si eso ocurre en la principal industria del país, de la que depende la Nación para sobrevivir, ¿qué puede esperarse del resto de la administración pública, de las cuentas de empresas propiedad del Estado donde la opacidad y discrecionalidad es la regla.