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Contraloría chilena frena ventajismo del gobierno en plebiscito para la constitución

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Solicitaron informe al Gobierno por la reunión del Presidente Gabriel Boric con el PS y la participación de la ministra Camila Vallejo en un programa de TV y además la entida ordenó un sumario administrativo en los municipios de Maipú, Cerrillos, Cerro Navia y Quinta Normal.

SANTIAGO.- En medio de la campaña por el Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, son varios los requerimientos que en los últimos días han llegado a la Contraloría, llevando al organismo a pedir información al Gobierno e incluso a emitir un dictamen en contra de algunos municipios.

De hecho ayer, el organismo ordenó un sumario administrativo en los municipios de Maipú, Cerrillos, Cerro Navia y Quinta Normal, tras detectarse que se organizaron actividades informativas sobre el Plebiscito de salida.

El órgano fiscalizador acogió el reclamo presentado por los diputados del Partido Republicano Agustín Romero, José Carlos Meza y Stephan Schubert, quienes acusaron la realización de cabildos y escuelas constituyentes en instalaciones municipales y con participación de funcionarios públicos.

«Se han recibido denuncias bajo reserva de identidad respecto de publicaciones en las redes sociales de las municipalidades de Cerrillos y Quinta Normal, con contenidos que promueven una visión o postura política respecto al Plebiscito que se efectuará el 4 de septiembre», señala además el escrito de Contraloría.

Y agrega que «de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, es posible advertir que ciertas actividades efectuadas por algunas de las entidades edilicias denunciadas y sus respectivos programas no se condicen con las funciones propiamente municipales». 

Ante esto, se afirmó que las municipalidades de Cerro Navia, Maipú y Quinta Normal, «deberán instruir un procedimiento disciplinario a fin de indagar los hechos mencionados y determinar las responsabilidades administrativas comprometidas al efecto, remitiendo copia del decreto alcaldicio (…) que así lo ordene en el plazo de 15 días hábiles».      

Informes al Gobierno    

El lunes, en tanto, los partidos de Chile “Vamos por Separado” pidieron a la Contraloría pronunciarse sobre la reunión que tuvo el viernes pasado el Presidente Gabriel Boric, con la directiva del PS, luego de que el diputado Leonardo Soto vinculara la cita a una coordinación de trabajo por el Apruebo. Dichos de los que más tarde el legislador se retractó, mientras que La Moneda negó también aquello.

 Esa misma tarde, el ente contralor envió un oficio a la Segpres en el que solicita que en un plazo acotado de cinco días entregué información sobre el encuentro, a raíz de una petición de la bancada de diputados de Evópoli.

Igualmente la Contraloría envió un segundo oficio a la Segegob, pidiendo que también en un plazo de cinco días, informe sobre la participación de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en un programa de televisión el viernes pasado.    

Lo anterior tras una solicitud presentado el lunes por los diputados de RN, Paula Labra, Andrés Celis, Miguel Mellado y Diego Schalper, quienes pidieron al organismo un pronunciamiento por la asistencia de la ministra al matinal de Mega Mucho Gusto, cuya participación, acusan, atentaría contra la prescindencia de cara a la campaña por el Plebiscito de salida. Los parlamentarios acusaron que los dichos de la ministra vocera y uso de una chapita vinculada al proceso constituyente en un matinal, rompen la prescindencia de La Moneda. 

Respecto a las denuncias, Vallejo afirmó hoy en Radio Pudahuel que «nosotros estamos ajustándonos plenamente al instructivo que sacó Contraloría de prescindencia», añadiendo que responderán los informes.

El propio Presidente Boric reveló que tuvo un diálogo hoy con el contralor Jorge Bermúdez, sobre el tema, asegurando de paso que cumplirán con el deber de informar que tiene el Gobierno respecto al proceso constituyente, «respetando los dictámenes de Contraloría» y la prescindencia. No obstante, el Mandatario refrendó que «cada uno tiene derecho a expresar su opinión política». Y defendió el «derecho a informar» de los municipios sobre el proceso.

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