La Fiscalía de Colombia añadió el delito de soborno al documento sobre los crímenes en contra del expresidente Álvaro Uribe, durante la audiencia virtual ante el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno de testigos.
Se espera que, en el transcurso de esta jornada, el Ministerio Público proceda a dar lectura a la acusación formal contra el exmandatario, luego de cinco intentos fallidos de distintos fiscales de archivar el caso.
Uribe aseguró durante el juicio en su contra por presunto soborno de testigos y fraude procesal, que sus antagonistas políticos se convirtieron en sus “acusadores judiciales”, en referencia al senador de izquierdas Iván Cepeda, contraparte del proceso.
“Mis antagonistas políticos han logrado convertirse en mis acusadores judiciales, uno de ellos cercanos a las FARC y otros colaboradores directos o indirectos, cubiertos por la cautivante palabra paz, usada para prorrogar el terrorismo a través de la indulgencia de impunidad absoluta”, expresó Uribe en una declaración en su casa en Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste).
Las víctimas del caso consideran que Uribe, a través del abogado Diego Cadena, buscó en las cárceles sobornar a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra del expresidente y sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en una disputa que mantenía con Cepeda.
Uribe añadió: “Horas antes de empezar este juicio, repito ante mis compatriotas, a quienes nunca he engañado, que jamás tomé la iniciativa de buscar un testigo. En el derecho irrenunciable de defender mi honra pedí verificar múltiples informaciones sobre ofertas de beneficios a reclusos para que me acusaran”.
Una vieja deuda con la justicia
Este caso se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por presunta manipulación de testigos por el supuesto pago de coimas a varios presos para que hablaran a su favor.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá.
Sin embargo, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, asumió el caso el 16 de enero pasado y el 9 de abril afirmó que a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios determinó que había motivos para acusar a Uribe, que fueron las conclusiones de los jueces al negar la preclusión.
