Colegio Nacional de Periodistas rechazó criminalización de Sebastiana Barráez y repudia bajo cualquier mecanismo judicial, pretender continuar criminalizando a reporteros, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos, sin conocimiento o acceso a los medios probatorios, sin respeto al ejercicio del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al derecho de designar defensores privados, de conocer con detalles sobre los hechos que se le imputan, violando la garantía al debido proceso.
Insistimos sobre la vigencia y efectos de la sentencia de fecha 30-08-2019 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Prof. Tulio Álvarez), que condena al Estado venezolano, según la cual expresamente se consideró que el uso de procedimientos penales en materia de interés público produce, directa o indirectamente, un amedrentamiento que, en definitiva, limita la libertad de expresión e impide someter al escrutinio público conductas que infringen el ordenamiento jurídico, como por ejemplo hechos de corrupción, abusos de autoridad, en perjuicio de las comunidades que reclaman estar debidamente informados, sin censura ni hegemonía comunicacional.
El Colegio Nacional de Periodistas reitera la vigencia del principio N.º 13 de la Declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada por la OEA, sobre libertad de expresión, en el sentido de que la utilización del poder del Estado, con el objetivo de presionar, castigar a los comunicadores, líderes opositores, defensores DD HH, en función de sus líneas ideológicas, presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales, son incompatibles con la libertad de expresión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva N.° 5-85 reconoció expresamente la importancia fundamental de la libertad de expresión para la existencia de una sociedad democrática, fuertemente limitada hoy en día en Venezuela, ante la ausencia de la separación de poderes, del Estado de derecho, con el encarcelamiento de más de 258 presos de conciencia, dirigentes sindicales, defensores DD HH, estudiantes, periodistas y dirigentes opositores.
En este orden de ideas, no es casual que el pasado 12 de enero de 2024, la Asamblea Nacional retomara la discusión del proyecto de «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», luego de que fuera aprobado en un primer debate en enero de 2023, cuyo proyecto se conoce como “Ley Antisociedad”, con la que se limitaría o afectaría directamente la libertad de asociación. Dada la gravedad de lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), publicaron el día 26-01-2024 una llamado de atención dirigido al Estado venezolano para que se abstenga de aprobar un proyecto de ley que tendría como efecto limitar el derecho de asociación, la participación ciudadana en asuntos de interés público, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
La Licda. Sebastiana Barráez posee una trayectoria intachable como Periodista de investigación en la cobertura de la fuente militar, así como hechos de relevancias y suceso ocurrido en la frontera de Venezuela.
