Fotos: José Mayorca
La tradicional marcha del día del trabajador que se celebra con normalidad en muchos países, se vio empañada en Caracas por la violencia de grupos afectos al gobierno bajo la mirada complaciente de las autoridades policiales.
Desde tempranas horas de la mañana, distintas organizaciones gremiales, sindicatos, federaciones de trabajadores, pensionados y jubilados se concentraron en la Plaza Venezuela, para exigir al gobierno de Maduro que, de una vez por todas cumpla con los trabajadores y respete los contratos colectivos que están vencidos, por un salario y pensiones dignas indexados a la canasta básica, lo que está contemplado en el Art. 91 de la Constitución Nacional.
La marcha se desarrolló con normalidad hasta ese punto, en donde un grupo de motorizados y personas afectas al gobierno arremetieron a golpes contra los manifestantes, en su mayoría personas de la tercera edad. Un cordón policial se dedicó a proteger a los agresores, impidiendo que los manifestantes devolvieran la agresión.
Las autoridades que se encontraban en la plaza Venezuela manifestaron a los líderes sindicales que no podían continuar la marcha porque no tenía permiso. Por el contrario, los afectos al gobierno fueron los únicos con permiso para manifestar el 1° de Mayo.
Reportan aumento de torturas, arrestos y ejecuciones
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 asesinatos, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados este martes por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el «alarmante aumento de desapariciones forzosas» en Venezuela.
«Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano», dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe «Maduro, una década oscura para los derechos humanos».
La mayoría de las muertes responden a presuntas ejecuciones extrajudiciales, aunque también se cuentan los fallecimientos ocurridos durante masivas protestas en los años 2014, 2017 y 2019.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo período.
«El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social», sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
«No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes» de «fuerzas políticas distintas de las del gobierno», dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una «persecución» de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
Desapariciones forzadas
Desde enero, fueron detenidos unos nueve colaboradores de la líder opositora, María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada para ejercer cargos públicos.
En varios casos se denunció desaparición forzada. Lo mismo con otros activistas como Rocío San Miguel, una experta en temas militares, acusada de conspirar para derrocar a Maduro.
Las oenegés y la oposición política rechazan estos señalamientos.
«Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente», advirtieron los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Provea, que también ha denunciado en el pasado desapariciones, advirtió sobre un aumento en la represión en los próximos meses del ciclo electoral. La impunidad, además de la pobreza, es «la mayor violación de derechos humanos», destacó la ONG.
