El libro Una tormenta perfecta en la Amazonía de Timothy Killeen contiene los puntos de vista y análisis del autorreferidos a la generación de energía en Bolivia.
En Bolivia, el desarrollo de la infraestructura eléctrica fue muy importante y se sostuvo con el uso de gas natural, luego de la nacionalización de la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE). Sin embargo, paulatinamente, el foco giró hacia inversiones con miras a exportar electricidad a países vecinos como Brasil.
Además, se echó mano de negocios con empresas de China y de Brasil para los megaproyectos. En el camino, organizaciones ambientales y comunidades indígenas alertan de los impactos en la biodiversidad. Pero más importante, señalan su escasa rentabilidad.
La energía hidroeléctrica de Bolivia se basa en instalaciones de mediana escala ubicadas en una región geográfica óptima para los sistemas D&T. La más antigua de ellas se encuentra en el Valle de Zongo, que comienza a 4.700 metros sobre el nivel del mar con un pequeño embalse de aproximadamente 20 hectáreas que alimenta de agua a una de las once centrales eléctricas, y con una capacidad total instalada de 188 MW.
Se han construido varios sistemas D&T similares en una región conocida por los geógrafos como el Codo de los Andes, donde la precipitación anual supera los 6.000 milímetros, y que discurre a través de un desnivel de 4.000 metros y una distancia horizontal de menos de cuarenta kilómetros.
En esta zona, ENDE emprendió recientemente una serie de inversiones que duplicarán la capacidad hidroeléctrica del país en los próximos años.
Bolivia privatizó su sector de energía eléctrica en la década de los años 90, pero Evo Morales volvió a nacionalizar la industria en 2006 como parte de una política de utilizar las inversiones públicas en energía e infraestructura para impulsar el crecimiento económico y generar ingresos para el Tesoro Nacional.
En la primera década ENDE se enfocó en la construcción de la red nacional y en la generación de energía a partir de gas natural subvencionado. Sin embargo, con el tiempo, ENDE empezó a centrar sus inversiones en la energía hidroeléctrica con el objetivo explícito de crear excedente de electricidad para exportar a los países vecinos. La mayoría de estas inversiones se financiaron con recursos del Tesoro Nacional y se apalancan con préstamos de instituciones multilaterales.
No obstante, ENDE ha contratado a empresas chinas y espera atraer a inversoras brasileñas para que financien los megaproyectos de su frontera norte.
Además de las instalaciones D&T que se están construyendo en las tierras altas del Codo de los Andes, ENDE planea construir una instalación D&R, ubicada en el Río Grande. Concebida originalmente en la década de los 70, la presa tendrá graves impactos ambientales, incluyendo el desplazamiento de 500 familias guaraníes que habitan el valle y será inundado por un embalse de 40.000 hectáreas. Como todas las represas de este tipo situadas en las estribaciones de los Andes, su embalse capturará enormes cantidades de sedimentos y bloqueará la migración de importantes especies de peces comerciales.
Rositas será una presa de doble propósito: desviará agua para riego que catalizará la expansión de la agricultura industrial en 500.000 hectáreas de bosque seco. Pero, este desvío reducirá la reposición de los acuíferos que subyacen en la llanura aluvial de Santa Cruz y limitará el potencial de riego en la zona agrícola más importante del país. El proyecto Rositas cuenta con el apoyo de todos los principales partidos políticos y, lo que es más importante, con el respaldo de la comunidad empresarial de Santa Cruz.
Las posibles inversiones futuras en energía hidroeléctrica en el Río Grande incluyen otras cinco represas aguas arriba. El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto fue ejecutado por ENDE con el apoyo del BID, mientras que el contrato de construcción se adjudicó a un consorcio dirigido por la empresa China Sinohydro con financiamiento del EximBank de China.
Un pequeño pero decidido grupo de activistas sociales y ambientales ha organizado una campaña para detener ese desarrollo mediante el despliegue de un procedimiento civil de demanda colectiva poco utilizado que, en teoría, puede detener iniciativas que no cumplan con las normativas sanitarias, de seguridad, ambientales o sociales.
Las cinco unidades D&R aguas arriba prolongarán la vida económica de Rositas porque capturarán una enorme cantidad de sedimentos, pero, si no se construyen, la vida útil de Rositas estará de las más cortas de la Amazonía: 135 años.
Otras inversiones que forman parte de la estrategia de Bolivia para exportar energía eléctrica son el desarrollo de dos represas R-o-R en el río Madeira, y dos proyectos D&R a gran escala en el río Beni.
El concepto original para el Río Beni, propuesto por primera vez en 1952, preveía una represa de 200 metros en el Angosto de El Bala, que habría creado un enorme embalse de casi 400.000 hectáreas. Diferentes propuestas del proyecto fueron rechazadas por antieconómicas en los años 1958, 1976 y 1998. Mientras tanto, el proyecto se volvió aún más polémico debido a la creación de dos áreas protegidas: el Parque Nacional y Tierra Indígena Pilón Lajas (1992) y el Parque Nacional Madidi (1995).
La última configuración se basa en un estudio de factibilidad contratado por el gobierno en 2015, que prevé un diseño D&R en dos etapas con una presa de 168 metros y un embalse de 68.000 hectáreas en el Angosto de Chepete, un desfiladero ubicado a unos 50 kilómetros aguas arriba de la instalación R-o-R en Angosto de El Bala. Esta versión más pequeña limitaría la superficie total inundada a 78.000 hectáreas, con 10.000 hectáreas dentro de las dos áreas protegidas, dónde se estima que sería necesario reubicar a unas 4.000 personas. El rechazo es fuerte dentro las comunidades indígenas, la industria turística y los defensores del ambiente, donde el mayor obstáculo para su desarrollo es la escasa rentabilidad de la instalación.
En 2018, el gobierno boliviano esperaba invertir alrededor de 25 mil millones de dólares hasta el año 2025 para quintuplicar la capacidad instalada de alrededor de 1,2 GW a más de 10 GW, aproximadamente cinco veces más que la demanda interna estimada. De igual forma, las exportaciones de electricidad requieren una inversión significativa en sistemas de transmisión regionales, como los propuestos por el BID en 2017: Bolivia – Brasil (500 kW), Perú – Bolivia (250 kW) y Bolivia – Chile (250 kW). Sin embargo, a partir de 2020 Bolivia permanece aislada de los mercados potenciales, a pesar de ser signataria del Sistema Andino de Interconexión Eléctrica (SINEA), una iniciativa para integrar las redes eléctricas regionales.
La capacidad de llevar a cabo estas inversiones intensivas en capital se ve limitada por el deterioro de la situación financiera de Bolivia , y es poco probable que la asistencia financiera y técnica de China o Brasil permita al país implementar sus ambiciosos planes a corto y medio plazo.
