By Los vertederos de basura electrónica representan un riesgo de contaminación no solo para las personas que trabajan allí o viven cerca de ellos, sino para todos los seres humanos y el ambiente porque, generalmente, contienen micropartículas potencialmente tóxicas o cancerígenas, o los llamados contaminantes orgánicos persistentes (COP).
Según Global E-waste Monitor 2024, en 2022, el mundo había generado 62 mil millones de kg de desechos electrónicos, un promedio de 7,8 kg per cápita. Sólo el 22,3% (13.800 millones de kg) de los desechos electrónicos generados se documentaron como recolectados y reciclados adecuadamente. América ocupa el tercer lugar de generación de estos desechos a nivel mundial: 14 mil millones de kilos.
Norteamérica, es la región que más residuos electrónicos exporta hacia el resto del continente, especialmente a Centroamérica, detalla el informe. En 2019 (última medición), la cifra de basura electrónica enviada desde Norteamérica hacia Centro y Sudamérica ascendió a 92.913 toneladas, refiere Kees Baldé, uno de sus autores.
Señala que los EE.UU. son los mayores productores de esta basura, con 7.200 millones de kilogramos, seguidos de Brasil con 2.400 y en tercer lugar México con 1.500.
Sin embargo, según la ONU, sólo el 3% de los residuos electrónicos en América Latina se tratan de forma respetuosa con el ambiente. El destino del 97% restante se desconoce.
Una de las irregularidades encontradas por el equipo de Baldé fueron los contenedores que cruzan las fronteras como bienes electrónicos de segunda mano. En ellos, superficialmente se observan dispositivos que siguen funcionando, sin embargo, “mientras más profundo vas, más basura encuentras. Además, estos embarques ocurren a gran escala y es muy difícil para las aduanas inspeccionarlos, afirma Baldé.
El informe también señala que estos movimientos de basura electrónica usualmente van de países desarrollados con capacidades para manejar residuos peligrosos hacia naciones con ingresos medios o bajos y con una menor capacidad de reciclaje. Esto provoca que muchas veces sea el sector informal quien se encargue de procesar estos desechos, usualmente son desmantelados a cielo abierto para extraer sus valiosos componentes. Sin embargo, para desmantelar los equipos electrónicos se requiere usar equipo de protección especial.
Además, Heberto Ferreira, ingeniero en sistemas computacionales del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de México, advierte que al ser expuestos a la intemperie estos equipos generan lixiviados que finalmente van permeando al manto freático. Y quizás en poco tiempo, puedan contaminar los cuerpos de agua.
Marcos Vieira Fagundes, gestor de residuos electrónicos en Vitória, capital de Espíritu Santo, estado al sureste de Brasil, afirma que, incluso en el proceso de gestión formal de residuos electrónicos existe peligro de contaminación, a pesar de tomar precauciones, como el uso de equipos de protección personal.
Vieira Fagundes se muestra preocupado por un compuesto tóxico en particular: los retardantes de llama bromados, de los que nuestro continente emite anualmente 9 millones de kilos a la atmósfera, según el informe de Gobal E-Waste.
Se trata de mezclas de productos químicos artificiales que se añaden a una amplia gama de productos, para hacerlos menos inflamables, y por ese motivo son ampliamente usados en equipos eléctricos o electrónicos. Son muy resistentes a la degradación y se acumulan en la cadena alimentaria. Adicionalmente, representan un grave riesgo para la salud de los trabajadores que los recolectan y reciclan.
La Unión Europea, Estados Unidos y China han promulgado regulaciones para restringir la producción y el uso de estas sustancias.
Un reciente estudio realizado en una cooperativa de Sorocaba, São Paulo, Brasil, descubrió que las concentraciones de ese compuesto en las piezas electrónicas superaban los 1.000 miligramos por kilogramo de residuos, el límite máximo establecido por la Unión Europea al momento del análisis [actualmente es 500 mg/kilo]. La medida europea sirvió de referencia porque Brasil no establece límites para estas sustancias en los residuos plásticos.
En las 36 piezas de ordenador analizadas el valor medio de concentración fue de 2.240 mg/kilo. En televisores de tubo [modelos antiguos], 8.700 mg/kilo.
Hugo Olivares Rubio, de la Unidad Académica de Procesos Oceánicos y Costeros del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, cree sumamente viable realizar pruebas toxicológicas usando líneas celulares humanas, a nivel bioquímico o molecular, para determinar la presencia de estos retardantes en la población y no solo entre quienes están expuestos directamente.
Él es autor de una revisión bibliográfica sobre los retardantes de llama bromados en México que encontró presencia de estos compuestos en costas, suelos, vertederos, lagunas costeras y efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, así como en la sangre de habitantes de algunos estados del país, e incluso en los huevos del halcón aplomado y en la piel del tiburón ballena.
Aunque admite que para conocer la severidad de la contaminación por estos retardantes en su país se necesita realizar un monitoreo en diversos lugares y ambientes, señala que hay estudios que podrían sugerir que la situación es grave en algunos sitios.
Estos compuestos se han detectado en dos plantas de tratamiento de aguas residuales en Chihuahua, en los sedimentos marinos en las costas del noreste de Baja California, y en diferentes suelos del área metropolitana de Monterrey y San Luis Potosí, y en el lixiviado y en los lodos del vertedero Bordo Poniente que se encuentra en la Zona Metropolitana del Valle de México”, detalla.
Y añade: “la concentración de estos contaminantes en la sangre de los niños habitantes de Ciudad Juárez y Guadalajara fue tan elevada como en los más altos registros a nivel mundial”.
André Henrique Rosa, profesor del departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Estadual Paulista en Sorocaba, y uno de los autores del estudio realizado en esa localidad, mencionado anteriormente, dice que “en Brasil falta una ley adecuada para regular y controlar estos contaminantes presentes en los residuos electrónicos, de modo que sepamos si los materiales pueden reciclarse o si deben tener otro destino, como la incineración”.
En Perú, uno de los países de la región que cuenta con legislación y reglamentos específicos en materia de residuos electrónicos, hasta fines de 2022 se habían puesto en valor más de 14.700 toneladas de estos componentes y existían 19 planes de manejo a nivel nacional, que incluían estrategias de recolección, difusión y sensibilización a los clientes e información de operadores con los que gestionarán los residuos.
En Argentina, se está comenzando a trabajar en la identificación de los plásticos con retardantes de llama bromados, lo que va a permitir darle trazabilidad a futuro a esos plásticos, evitando que terminen en el reciclado y que sean utilizados para finalidades que puedan afectar a la salud de las personas o incluso el ambiente cuando son incorrectamente reciclados, comenta María Candela Nassi, asesora de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Añade que los retardantes de llama bromados “deben ser gestionados como residuos peligrosos”.
Pero más allá de una legislación adecuada por país y a nivel regional, la comunidad científica tiene un rol que cumplir.
Para el investigador y médico Hermano Albuquerque de Castro, vicepresidente de Medio Ambiente, Cuidado y Promoción de la Salud de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, la defensa de los intereses de la industria en detrimento de la salud humana siempre debe ser cuestionada, tal como ocurrió en el debate que involucró a la ciencia y la sociedad y que derivó en la prohibición del uso de asbesto en su país, en el que el investigador fue uno de los principales exponentes.
André Henrique Rosa, concuerda. “El avance tecnológico es importante, pero estos compuestos deben utilizarse con moderación”, indica.
“Me parece preocupante que este tipo de contaminantes no estén recibiendo la atención que merece a pesar de los bien documentados efectos tóxicos de los mismos”, señala por su lado el mexicano Olivares.
“Es tarea de la actividad científica medir la concentración de estos contaminantes, publicar sus resultados y divulgarlo al público en general. Solo de esta manera se podrá construir una percepción del riesgo en toda la población”, añade.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net
