Argentina exhortó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan a solicitar ante la Sala de Cuestiones preliminares de la entidad que se emitan órdenes de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios de su gobierno.
Para el gobierno argentino, que el lunes entregará una nota a la Fiscalía de la CPI, la evidencia recogida en el curso de las investigaciones y los hechos ocurridos tras los comicios presidenciales del 28 de julio “son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención”.
Argentina es el primer Estado que solicita formalmente a la CPI emitir órdenes de arresto contra Maduro y altos funcionarios por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Anteriormente en el día, el gobierno de Uruguay solicitó a Khan investigar si los acontecimientos en Venezuela configuran crímenes bajo su competencia y, en ese caso, se dispongan medidas urgentes que aseguren el respeto y salvaguardia de los DDHH amenazados.
En una nota enviada a Khan, el canciller uruguayo, Omar Paganini, presentó información “complementaria y objetiva” para incorporar la investigación que la CPI adelanta desde 2018 sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sumándose así a la denuncia presentada por varios países de la región.
“Entendiendo que a la luz de estos elementos parecen haberse cometido en la República Bolivariana de Venezuela uno o varios crímenes que encuadrarían dentro de la competencia de la Corte, solicito a usted tenga a bien investigar los hechos alegados a fin de determinar si corresponde acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas”, dijo Paganini en su nota al fiscal Khan.
La oposición, diversas organizaciones defensoras de DDHH e instancias internacionales han alertado que en Venezuela se vive una escalada en la represión y persecución contra la disidencia, tras los cuestionados resultados de las elecciones que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro y que la oposición considera fraudulentos.
En febrero del 2018 la fiscalía de la CPI, abrió un examen preliminar denominado caso Venezuela I, relacionado con los hechos ocurridos en el país a partir de abril del 2017, cuando se registraron masivas protestas antigubernamentales que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado.
Ese mismo año, los gobiernos de Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, todos Estados parte del Estatuto de Roma, decidieron presentar una denuncia ante la CPI, para que investigara posibles crímenes de lesa humanidad.
Durante el gobierno del exmandatario Alberto Fernández, Argentina se retiró de la demanda conjunta, pero en julio de este año, el gobierno de Javier Milei anunció que solicitó a la CPI reincorporarse a la denuncia.
En 2021,la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
El gobierno de Maduro ha asegurado que se busca “instrumentalizar” los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos y sostiene que los presuntos crímenes de lesa humanidad “nunca han ocurrido”.
