Transcripción textual:
Señor Karim Khan
Fiscal de la Corte Penal Internacional
Fiscalía
Corte Penal Internacional
La Haya
Países Bajos
La apertura de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la situación en Venezuela, en noviembre de 2021, marcó un verdadero momento de esperanza para las víctimas, las comunidades afectadas y la sociedad civil del país. En ese momento, Venezuela ya venía sufriendo una profunda crisis de derechos humanos desde hacía muchos años, marcada por graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad, y una emergencia humanitaria compleja en curso. Esta crisis de derechos humanos, alimentada por la impunidad de las y los presuntos responsables penales, continúa hasta el día de hoy.
Los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio de 2024, encajan plenamente en la investigación de su Oficina. De hecho, desde que se anunciaron los resultados sin respaldo y los cuales fueron impugnados, las autoridades estatales han intensificado una política de represión de forma generalizada, que incluye: detenciones arbitrarias masivas por motivos políticos, desapariciones forzadas y tortura. Asimismo, la organización ha recibido información confiable sobre el uso de fuerza letal y fuerza menos letal excesiva por parte de funcionarios públicos y grupos armados progubernamentales, que ha dejado un saldo de al menos 17 personas muertas; allanamientos ilegales de viviendas con uso excesivo de la fuerza; el despliegue de fuerzas de seguridad no uniformadas; y un discurso fuertemente estigmatizante contra activistas políticos, personas defensoras de derechos humanos y ONG.
Si bien este tipo de hechos no son nuevos en Venezuela, ni en la investigación de la Fiscalía, el silencio de su Fiscalía ante los recientes acontecimientos es alarmante. No se puede afirmar con mayor contundencia que el actual aumento, en escala y gravedad, de los actos que se están cometiendo contra las y los venezolanos exige una acción inmediata de su Fiscalía.
Por lo tanto, Amnistía Internacional pide que tome urgentemente las siguientes medidas:
- Emitir urgentemente una declaración preventiva sobre la situación en Venezuela, poniendo sobre aviso a las y los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional de que serán llevados ante la justicia.
La CPI verdaderamente representa un último recurso para las víctimas de los crímenes más graves en Venezuela. No se trata de una mera noción retórica. No es exagerado decir que la posibilidad real de ser considerado individualmente responsable por la CPI puede disuadir a los actores de cometer crímenes internacionales. En Venezuela, la CPI es vista por las víctimas y las y los posibles perpetradores como el mecanismo internacional de mayor poder e importancia, que puede buscar eficazmente la justicia, la verdad y la reparación. De hecho, su mandato requiere que su Fiscalía investigue los crímenes de lesa humanidad, que monitoree la situación y que disuada a quienes cometan delitos que caen dentro de la jurisdicción de la Fiscalía.
Por lo tanto, le concierne a usted advertir a quienes ordenan y cometen actos incluidos en su investigación que los investigará y los llevará ante la Corte. Dicha advertencia, que su Fiscalía ha publicado anteriormente para otras situaciones, también brindaría esperanza a las víctimas en Venezuela de que no las ha olvidado, y recordaría a las y los venezolanos que los ojos de la CPI y de la comunidad internacional están puestos en ellas y ellos.
Por ejemplo, en octubre de 2023, hizo una enérgica declaración pública en la que recordó a todos los actores pertinentes sobre la labor en curso de su Fiscalía; su jurisdicción y; que su Fiscalía «vigilará de cerca» a todas aquellas personas que puedan ser responsables de los delitos que se estén cometiendo.
Es imperativo que emita una declaración similar, en voz alta y clara, hoy.
2. Apoyar públicamente a todas las ONG venezolanas y a aquellas que son parte integral del desarrollo exitoso de sus investigaciones en Venezuela; y condenar los ataques contra las ONG que están siendo atacadas por su labor en favor de la justicia.
Su Fiscalía declaró recientemente que «[l]a sociedad civil, y en particular las organizaciones locales dimanantes de la acción colectiva de las víctimas y los sobrevivientes, son actores fundamentales en el trabajo de la Fiscalía».
En Venezuela, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y grupos de víctimas y otras personas defensoras de derechos humanos han sido objeto de ataques continuos por parte del gobierno por su búsqueda de justicia y los derechos humanos. Esto ha resultado en ataques, estigmatización y otras formas de acoso. De hecho, los ataques y restricciones contra las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos se deben a las actividades relacionadas con la búsqueda de justicia y la documentación de violaciones de los derechos humanos que llevan adelante estas personas.
En el contexto actual, su Fiscalía debe ser consciente de que las ONG venezolanas y las personas que han buscado justicia internacional corren un riesgo especial, y Amnistía Internacional tiene conocimiento de casos en los que las autoridades venezolanas han atacado específicamente a personas por su inmensa valentía en la búsqueda de justicia.
Esto ha incluido la detención arbitraria de varias personas, la anulación de pasaportes, y la realización de campañas de estigmatización por parte de autoridades de alto rango.
En consecuencia, en tanto la Corte está obligada a brindar protección a las víctimas y testigos de conformidad con las disposiciones del Estatuto de Roma, su Fiscalía debe garantizar urgentemente que la Corte adopte dichas medidas de protección.
A pesar de las disposiciones del Estatuto de Roma sobre la protección de las víctimas y las y los testigos, en consonancia con la importancia que su Fiscalía concede a la sociedad civil y a las organizaciones locales, le instamos a que haga todo lo que esté a su alcance para garantizar que quienes buscan justicia en Venezuela no sufran daños o sean objeto de ataque por ello. Esto, como mínimo, debería incluir una condena enérgica e inequívoca de los ataques contra las ONG; el apoyo público a quienes buscan la justicia internacional; y garantías claras de que quienes atacan a las personas defensoras de derechos humanos y a las organizaciones que forman parte integral de la labor de la Corte tendrán que rendir cuentas ante su Fiscalía. Esto es aún más importante en una región como las Américas, donde Amnistía Internacional está seriamente preocupada por otros casos de impunidad generalizada por violaciones de derechos humanos 3. Acelerar urgentemente su investigación sobre la situación en Venezuela.
Sin perjuicio de la urgente necesidad de que la Fiscalía emita una declaración pública, Amnistía Internacional cree —sobre todo— que su oficina debe demostrar justicia en acción. Como usted ha dicho anteriormente:
«Necesitamos ver a la justicia en acción. La gente necesita ver que la ley tiene un impacto en sus vidas. Y esta ley, esta justicia, debe estar enfocada en las [personas] más vulnerables. Debería ser casi tangible. Es algo a lo que deberían poder aferrarse. Es algo que deberían ser capaces de aceptar cuando se enfrentan a tanta pérdida, dolor y sufrimiento.”
La justicia en acción requiere que su Fiscalía acelere con prontitud la investigación en Venezuela, en la medida de lo posible.
Si bien reconocemos que debe llevar a cabo investigaciones penales creíbles, profesionales, e independientes, es evidente que cada día que pasa marcado por el retraso de avances tangibles en la investigación, va acompañado de nuevas violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Podemos decir, con certeza, que la impunidad de los máximos responsables de crímenes de derecho internacional en Venezuela sigue empoderando a
quienes cometen tales crímenes en el país. Hasta que todas las personas con responsabilidad individual (hasta los niveles más altos) sean llevados ante la justicia, es casi seguro que la represión violenta que están sufriendo las y los venezolanos continuará.
Amnistía Internacional ha tomado nota del compromiso de su Fiscalía con un «enfoque de doble vía» para la complementariedad en Venezuela. Como hemos reiterado a menudo, las actividades de enjuiciamiento independiente de la Fiscalía deben seguir siendo el foco principal de un enfoque de doble vía. Ciertamente, el deseo de fortalecer capacidades nacionales en una segunda ‘vía’ no debe ser en detrimento de que la Fiscalía cumpla su mandato de manera expedita y efectiva, o de que tal vez esté dispuesta a condenar pública y claramente las violaciones en curso.
En este sentido, si bien tomamos nota de los esfuerzos de su Fiscalía por buscar la complementariedad en Venezuela, también seguimos planteando preocupaciones significativas de que, en Venezuela, el aparato del Estado -incluidas las fuerzas armadas, la policía y otras autoridades judiciales y de investigación- esté implicado, o incluso sea fundamental, en la comisión de ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil. Además, altos funcionarios del Estado están implicados como responsables individuales de la comisión de crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI. Como tal, es imperativo que su Fiscalía considere seriamente su actual enfoque de complementariedad en Venezuela.
En los casos en que el enfoque de doble vía de su Fiscalía no muestre avances hacia los resultados, o incluso pueda servir para obstaculizar sus investigaciones, es imperioso que su Fiscalía se comprometa a cumplir su mandato de manera plena y expedita.
Por último, Amnistía Internacional tomó nota de la reciente inauguración de una oficina de la Fiscalía en Caracas, la cual, según se informa, apoyaría los esfuerzos nacionales de fortalecimiento de capacidades. Sin embargo, la presencia de la Fiscalía en Venezuela también significa que está siendo testigo de los acontecimientos que ocurren a su alrededor.
Este testimonio de primera mano sólo puede ir acompañado del horror, que compartimos, por lo que está ocurriendo sobre el terreno.
A esto se debe responder con una determinación clara y frontal de buscar justicia para todas las personas afectadas por los crímenes internacionales que se están cometiendo en Venezuela.
Firma:
Erika Guevara-Rosas, Directora Sénior de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas, Amnistía Internacional.
