Cambiar de fuentes de energía contaminantes a limpias requiere de millones de dólares que los países en desarrollo necesitan destinar para atender las necesidades de sus poblaciones a corto plazo, lo que limita la cantidad de recursos que pueden destinar a un problema como el calentamiento global que es grave, pero cuyas consecuencias más negativas tenderán a ser más apremiantes en el medio y largo plazo, cuando -según dicen los científicos- ya el daño al planeta podría ser irreparable.
Una iniciativa puesta en marcha recientemente podrá permitir que algunas economías en desarrollo cuenten con el dinero necesario para poder alejarse del uso de combustibles altamente contaminantes como el carbón y lo sustituyan por fuentes energéticas sostenibles. Se trata de los acuerdos de Asociación para una Transición Energética Justa (ATEJ).
Estos convenios han sido suscritos hasta la fecha por el llamado Grupo de Socios Internacionales -integrado por la Unión Europea y varios países ricos como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón, Noruega y Dinamarca- y tres economías en desarrollo: Sudáfrica, Indonesia y Vietnam, las cuales se espera que reciban en conjunto unos 44.000 millones de dólares durante un plazo de tres a cinco años como estímulo para que adelanten la transición energética.
Sudáfrica recibirá fondos por 8.500 millones de dólares, Indonesia, unos 20.000 millones y Vietnam, unos 15.000 millones.
¿En qué consisten y de dónde surgen estos convenios?
Estos convenios se basan en el reconocimiento de la necesidad de acelerar el paso para hacer realidad los objetivos fijados por la ONU en cuanto al cambio climático y están orientados hacia la reducción del consumo de carbón en estos países, especialmente de su uso en la generación de electricidad.
El primer país es suscribir un acuerdo ATEJ fue Sudáfrica, el 2 de noviembre de 2021, en el marco de la COP26 realizada en Glasgow. Un año más tarde, se firmó el acuerdo con Indonesia, durante la cumbre del G20 en Bali. Y Vietnam firmó el pasado 14 de diciembre, durante la cumbre entre la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Para ello haría falta reducir a la mitad la emisión de gases de efecto invernadero para 2030 y lograr la meta de emisiones cero para 2050, según se señala en las declaraciones políticas que acompañan estos convenios.
En términos prácticos, estos tres acuerdos apuntan a ayudar a acelerar la descarbonización de las economías de estos países y, en especial, a poner límite y reducir el uso del carbón como fuente energética para la generación de electricidad.
«Estas asociaciones son una herramienta crucial para desbloquear las reducciones de emisiones que el mundo precisa en la década de 2020. Necesitamos todas las fuerzas para llevar a cabo una transición energética que sea mundial, sostenible, justa, inclusiva y equitativa», señaló el secretario general de la ONU, António Guterres.
En todos los casos, los fondos puestos a disposición de los países proceden tanto de fuentes públicas como privadas y son facilitados a través de diversos mecanismos como préstamos en condiciones favorables, préstamos a tipo de mercado, subvenciones, inversiones privadas, entre otros. También se prevé la participación de organismos multilaterales como el Banco Mundial.
En todos los convenios se prevé la participación del sector privado, que en el caso de Indonesia y de Vietnam se espera que provea la mitad de los fondos.
En esos dos convenios se menciona la participación de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ, por sus siglas en inglés), una coalición de instituciones financieras que se formó durante la COP26 con miras a contribuir con la descarbonización de la economía.
En el caso del acuerdo con Vietnam, se indica que la aportación del sector privado estará coordinada por el GFANZ.
