Foro de Diálogo Social comenzará con más deudas que soluciones. Los pocos acuerdos que se han alcanzado han sido ignorados por el Gobierno, que sigue dictando incrementos de ingreso, más no de salario.
A casi dos años de su creación, el Foro de Diálogo Social celebrará apenas su cuarta sesión los días 1 y 2 de febrero, en Caracas, Venezuela, donde se reunirán representantes del Gobierno, de las dos principales patronales del país y del sector sindical con el propósito de discutir, con la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una agenda repleta de deudas.
Esta instancia se creó para reinstaurar el cumplimiento de tres convenios de la OIT firmados por Venezuela que actualmente son quebrantados sistemáticamente. Se trata de los artículos 26, 87 y 144, relativos a la creación de una metodología para la fijación del salario mínimo, a la libertad sindical y al diálogo tripartito, respectivamente.
La violación de estos tres artículos quedó plasmada, con su debida argumentación, en un informe publicado por la Comisión de Encuesta de la OIT en noviembre de 2019.
«El Consejo de Administración solicita al Gobierno que acelere el cumplimiento de los compromisos adoptados en el plan de acción actualizado por el Foro de Diálogo Social en febrero de 2023, a fin de seguir logrando resultados concretos sin demoras», cita el informe sobre la evolución del Foro de Diálogo Social presentado ante la OIT el 16 de marzo de 2023.
Desde ese momento, los avances en las áreas fundamentales discutidas por las partes no solo parecen no haberse producido, sino que en muchos casos han empeorado en el transcurso del último año, con acciones tomadas por el Ejecutivo que distan de los compromisos acordados en las conversaciones.
Convenio 26: Salario inexistente
El convenio 26 contempla un método para fijar el salario mínimo, un elemento quebrantado por el Gobierno, ya que en Venezuela el Poder Ejecutivo es el único ente con la potestad de decretar incrementos salariales y desde hace años lo hace discrecionalmente, sin reparo en lo que dicte la Constitución o la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
La Constitución establece, en su artículo 91, que todo trabajador tiene derecho a un «salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales». Para cumplir con este cometido, la ley indica que debe ajustarse cada año tomando como referencia el costo de la canasta básica.
El último ajuste salarial aprobado por el Gobierno se produjo en marzo de 2022 y el salario de Bs 130 fijado en aquel momento equivalía a apenas $30, mucho menos que el costo de cualquier canasta básica o alimentaria estudiada en el país. Además, están por cumplirse dos años sin ajustar este monto, con lo que también se quebrantaría la norma de actualizar anualmente el salario.
Ante la inexistencia de un mecanismo que permita determinar el monto adecuado para el salario mínimo, se instaló una mesa técnica en el Foro de Diálogo Social para crear este método.
La propuesta se terminó de afinar el año pasado y se envió al Ministerio de Trabajo, pero en lugar de implementarla, el Ejecutivo acabó por decretar un incremento del ingreso —más no del salario— a través de bonos, con un mecanismo aún más discrecional que antes.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) denunció que el Gobierno desconoció tanto la Lottt como las conversaciones tripartitas al aprobar ese ajuste de bonos, además de resaltar que la entrega de bonos como política salarial puede complicar la creación del método de fijación.
«La medida del Gobierno desconoce completamente, por segundo año, la obligación legal de aumentar una vez al año el salario mínimo y las conversaciones tripartitas destinadas a dar un carácter técnico a la fijación del mismo.
Los montos actuales del ingreso, del cestaticket socialista y la multiplicidad y variedad de bonos existentes, probablemente complicarán la fijación de un nuevo salario mínimo», argumentan los sindicalistas en el documento.
Meses después de esta advertencia y dos semanas antes de instalar la cuarta sesión del foro, el Ejecutivo decidió una vez más ordenar un incremento de bonificaciones.
En esta ocasión, celebró la aplicación de una nueva fórmula denominada «ingreso mínimo integral», omitiendo el término «salario» y afectando decenas de beneficios laborales que se determinan en función del salario mínimo.
Convenio 87: Libertad sindical magullada
Busca proteger la actividad sindical al velar porque «las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal», además de defender el derecho de los sindicalistas de elegir a sus representantes libremente.
Este convenio se quebranta en Venezuela tanto por la persecución y encarcelamiento de dirigentes sindicales, como también por la suspensión indefinida de los procesos electorales para renovar las juntas directivas de los sindicatos, que acumulan casi una década de mora electoral.
En la última reunión del foro, el informe presentado ante el Consejo de Administración de la OIT destaca que «aún existen cuestiones pendientes que dificultan el ejercicio de la libertad sindical», y se sugirió darle seguimiento a casos puntuales de sindicalistas.
Más deudas que soluciones
Desde la publicación del informe de la Comisión de Encuesta denunciando las detenciones arbitrarias y procesos judiciales viciados contra sindicalistas, el Gobierno mantuvo su política sin miramientos, incluso en el contexto del Foro de Diálogo Social. Algunos de los casos más resaltantes de los últimos tres años son los siguientes:
La detención del director Ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Venezuela, Eudis Girot, el 18 de noviembre de 2020. Fue excarcelado el 25 de abril de 2022, días antes de la visita de la OIT para el primer Foro de Diálogo Social.
La sentencia a 15 años de prisión contra el obrero de Ferrominera del Orinoco, Rodney Álvarez, luego de permanecer 10 años encerrado sin una condena. Fue excarcelado en abril de 2022 tras 11 años de prisión, también días antes de la visita de la OIT.
El arresto de Douglas González, representante de trabajadores de CVG Venalum, el 2 de agosto de 2022. Se le otorgó una medida sustitutiva de libertad el 7 de diciembre de 2022.
Las detenciones de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo entre los días 4 y 7 de julio de 2022.
Estos seis dirigentes sindicales protestaron contra la violación de las convenciones colectivas de los trabajadores de la administración pública.
El 26 de septiembre fueron acusados formalmente de los siguientes delitos: asaltar un alistamiento militar en Mérida con 120 fusiles, secuestrar a los padres de Tareck El Aissami y realizar actos de sabotaje el 5 de julio contra Nicolás Maduro.
Fueron excarcelados en diciembre de 2023 con régimen de presentación y prohibición de abandonar el país, en un contexto de negociaciones entre los gobiernos de Joe Biden y Nicolás Maduro que concluyó en el intercambio de prisioneros estadounidenses en Venezuela a cambio del empresario colombiano Alex Saab.
La detención del docente Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela de Barinas, junto a su hermano, José Gregorio Venegas, el 17 de enero de 2024.
Los arrestos se produjeron en medio de protestas del gremio de maestros por exigir mejores salarios y el respeto a sus derechos laborales. Fueron acusados de participar en una conspiración para asesinar a funcionarios de la cúpula del chavismo.
Los representantes del Gobierno encargados de participar en el diálogo han solicitado a las organizaciones sindicales una lista de sindicalistas presos, la cual fue otorgada, pero en lugar de mejorar la situación, ha empeorado la persecución. «Las violaciones persisten y se agravan», recalcan.
Convenio 144: Sin tripartismo real
El convenio 144 guarda relación con la consulta tripartita y exhorta a la implementación de procedimientos que aseguren consultas efectivas entre las tres partes involucradas en el ámbito laboral: Gobierno, empleadores y trabajadores. La finalidad es discutir temas como, precisamente, el incumplimiento de los convenios y recomendaciones de la OIT.
De igual manera, las organizaciones sindicales exigen acceso a estadísticas y datos oficiales, algunos ausentes desde hace una década, para tener herramientas suficientes para evaluar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en diversos convenios internacionales.
«Para efectuar comentarios sobre temas relacionados con indicadores o datos socioeconómicos no publicados, requerimos tener acceso a la información oficial sobre estos indicadores o datos», detalla el documento.
Foro de Diálogo Social
Las incesantes protestas del magisterio, la huelga de hambre de los pensionados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) las detenciones de sindicalistas, los ajustes de bonos y la contracción de la economía son todos elementos que tendrán peso en las conversaciones del próximo encuentro, en el cual participarán:
Fedecámaras, Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST-CCP), Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas (Fedeindustria), Central de Trabajadores de Alianza Sindical Independiente (Ctasi), Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Confederación General del Trabajo (CGT), Ministerio del Trabajo.
En la antesala a esta reunión, el expresidente de Fedecámaras y actual miembro del Consejo de la Administración de la OIT, Jorge Roig, dijo que ve «una especie de intención del Gobierno» en avanzar con estas conversaciones y asomó que el Ministerio del Trabajo instaló un consejo consultivo para discutir la metodología del salario mínimo.
