Aumenta desigualdad en consumo energético mundial. Una persona en Estados Unidos gasta unos 216 kWh al día, en Alemania 112, en China 85 y en la India 19,5.
La cantidad de energía disponible para cada ser humano en la Tierra ha crecido 700 veces desde principios del siglo XIX. Pero ha sido un crecimiento desigual.
Más energía significa más emisiones de GEI y por tanto una responsabilidad diferenciada ante la crisis climática.
Estados Unidos, con apenas el 4% de la población mundial es responsable del 24% de las emisiones. América Latina y el Caribe es responsable del 5% de todas las emisiones con un 8% de la población mundial pero dentro de la región existen brechas abismales: el 10% más rico emite el 40% de las emisiones.
Consumo energético mundial
Victor Menotti, de la Campaña Mundial para Exigir Justicia Climática, comentó que “la sociedad civil exige que la transición sea justa, rápida y con financiación”.
Justa significa que los países desarrollados van primero a deshacerse de los combustibles fósiles y deben aportar dinero para que otros países lo hagan. Rápido significa que sea en línea con el límite de 1,5°C del Acuerdo de París”.
El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a los países comprometerse a reducir las emisiones de GEI y también ambición en entregar justicia climática.
“Sabemos que la transformación no ocurrirá de la noche a la mañana. La descarbonización creará millones de trabajo, pero los gobiernos deben asegurar apoyo, y protección a los que serán más impactados.
Las necesidades de países en desarrollo, dependientes de los combustibles fósiles, debe ser considerada”, señaló Guterres.
El concepto de “transición justa” existe desde la década de 1980. Fue adoptado por sindicatos estadounidenses para proteger a los trabajadores afectados por las nuevas normativas sobre contaminación del agua y el aire.
Intenta convertirse en un lenguaje que atraviese cada medida, cada avance en mitigación, adaptación y financiación que son las tres grandes dimensiones sobre las que gira el balance global, un mandato del Acuerdo de París en su artículo 14.
Desigualdad
La Organización Internacional del Trabajo define esa transición justa como “ecologizar la economía de una manera que sea lo más justa e integradora posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”.
Según un informe de Naciones Unidas, los principios de la transición justa ya se reflejan en el 38% de los planes climáticos a corto plazo que han trazado los países y en el 56% de las estrategias a largo plazo.
Aunque hay que aclarar que todas las promesas de los países por ahora apuntan a que vamos rumbo a un peligroso incremento de entre 2,4°C y 2,6°C en la temperatura media del planeta.
Un alto número de las intervenciones se están realizando en países de renta media, como Indonesia, India, Sudáfrica y China. Según esta, buscar una transición justa implica algunos factores críticos como la necesidad de mecanismos de financiación sólidos, una fuerte alineación con las necesidades y prioridades, la voluntad política y la apropiación, junto con el diálogo social y la participación de las partes interesadas.
Rabiatou Ahmadou, del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, afirmaba: “No queremos que esta nueva era sea una nueva era de colonialismo.
Queremos saber cómo vamos a transitar de un mundo de energía fósil a las nuevas energías renovables”. Una pregunta para la que nadie tiene una respuesta clara.
Dos bandos
Pero los países se posicionan en dos bandos. Por un lado, los desarrollados -liderados en esta discusión por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá-, quienes prefieren mantener la definición de transición justa al ámbito del trabajo y como un tema que cada país debe resolver por su cuenta.
Por el otro, los países en desarrollo, que promueven la idea de ampliar el concepto hacia otros grupos vulnerables (mujeres, pueblos indígenas) y quieren que se establezcan ciertos marcos de entendimiento común sobre qué es una transición justa.
Surgen muchas preguntas: ¿cómo se va a regular la reducción gradual de combustibles fósiles? ¿Cómo facilitar que los países más pobres se integren en ese proceso? ¿Cómo lograr que las nuevas metas de financiación se distribuyan equitativamente y de acuerdo a la vulnerabilidad de cada país? ¿Quienes deberían aportar más al nuevo Fondo de Pérdidas y Daños que se logró configurar en la COP28?
El panorama para América Latina luce más optimista que en otras regiones. Para el Global Energy Monitor, la región tiene el potencial de aumentar su capacidad instalada de energías solar y eólica en un 460% para 2030.
La Agencia Internacional de Energía dice que, “podrían contribuir de forma importante a la seguridad energética mundial y a la transición hacia energías limpias con los paquetes de políticas adecuados, además de impulsar la propia transición de la región y generar importantes beneficios para las economías locales tras una década de lento crecimiento”.
“La transición debe minimizar los impactos con una participación efectiva de todas las partes involucradas. Y esto es para evitar vulneraciones de derechos humanos en nombre de la acción climática”, dice Felipe Pino, encargado de programas de la ONG Fima.
Pino es uno de los autores del informe “De la descarbonización a la transformación”, un estudio de varias organizaciones sociales en el que se plantean algunos de los desafíos que tiene la región para lograr que su transición no deje a nadie atrás.
