La resolución, en la que el organismo Interamericano asegura que buscará mantener vigilancia sobre los derechos humanos en el país por más que no siga en la organización, fue aprobada por unanimidad. Asegura también que el país centroamericano seguirá obligado a respetar los derechos humanos.
“Es importante que le demos un mensaje al pueblo de Nicaragua que no seguirán solos”, dijo el promotor de esta resolución, el presidente del Consejo Permanente, Richard Sanders, embajador de Antigua y Barbuda. El texto fue respaldado por los 31 países que tienen representantes permanentes en la organización y solo con una salvedad expresada por El Salvador, que ante cada resolución expresa su disidencia con que la OEA se manifieste sobre asuntos internos de los países.
Cuando parecía que el tema pasaba como un trámite administrativo más, los países empezaron a pedir la palabra para expresar sus opiniones. La primera en hacerlo fue la embajadora de Costa Rica, Alejandra Solano, que señaló que para su gobierno este es un tema “muy importante” y aseguró que la decisión de Nicaragua “ha suscitado preocupación y cuestionamientos”.
Reiteramos nuestra profunda preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua a las decisiones arbitrarias e ilegales que se realizan en perjuicio de sus propios ciudadanos y de las organizaciones no gubernamentales, de los centros de educación y contra miembros de la Iglesia Católica”, dijo Solano.
“Es importante destacar que con base en los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia de la Carta de la OEA no exime a Nicaragua de sus demás obligaciones legales, particularmente en lo que respecta a los tratados interamericanos de derechos humanos ratificados y no denunciados”, agregó la representante permanente de Costa Rica ante la OEA.
Sanders aclaró que, si bien Nicaragua el próximo 19 de enero dejará de ser parte de la organización, las consultas jurídicas realizadas por la Presidencia del Consejo Permanente dan cuenta que eso “no anula las otras obligaciones legales, de las que es responsable en virtud de su ratificación de otras convenciones interamericanas, particularmente aquellas que promueven la defensa de los derechos humanos”, dijo.
El pedido de Brasil
El texto de la resolución menciona al pasar los ataques institucionales a Nicaragua y las violaciones a los derechos humanos, el grueso del texto tiene un carácter más legal, para reseñar las implicancias de la salida de Nicaragua.
En general, cuando se intentan emitir resoluciones por consenso (sin llevarlas a votación y para que tenga el respaldo de todas las delegaciones), los embajadores en la negociación le van quitando algunos aspectos que pueden generar polémica.
Daniel Ortega ha encontrado ayuda en el gobierno de Lula Da Silva de Brasil, que ha intentado suavizar sus críticas en la OEA, según publicó la Agencia Reuters.
Eso sucedió a mitad de este año, cuando para la Asamblea General de la OEA, las representaciones debieron bajar el tono de algunos aspectos de la resolución que se quería emitir por reclamos de Brasil.
Uno de los debates que hubo en la OEA fue la posibilidad de expulsar o suspender a Nicaragua de la organización antes que se concretara su denuncia de la carta, como forma de evitar que se concretara su salida de la organización, tal como sucedió con Cuba en el pasado. Venezuela tampoco pudo salir de la organización como lo intentó la dictadura de Nicolás Maduro, porque el gobierno interino de Juan Guaidó retiró la denuncia a la carta durante el tiempo que asumió la representación del país en la OEA.
En el debate del Consejo Permanente, el gobierno de Brasil “lamentó” la salida de Nicaragua de la OEA y dijo que está de acuerdo en seguir monitoreando lo que sucede en el país. Pero a diferencia del resto de los representantes, evitó críticas a la dictadura.
Además, el embajador Benoni Belli dijo que la apuesta de Brasil es tener una actitud constructiva y pidió no aplicar sanciones a Nicaragua. “No somos indiferentes a la situación política que se vive en ese país, pero también quisiéramos reiterar que debemos trabajar de la manera constructiva en relación a los pasos a dar, puesto que no pensamos que deberíamos tomar medidas punitivas en contra de Nicaragua”, dijo Belli.
Para Brasil, aplicar sanciones a la dictadura “no necesariamente será exitoso” para lograr un diálogo. “Debemos pelear contra la pobreza, debemos defender todos los derechos humanos y la dignidad humana. Y esto nos permitirá también poder defender la democracia”, dijo el embajador de Brasil.
“Esperamos que Nicaragua pueda volver y esperamos que puedan hacerlo pronto. No quisiéramos que los países olviden los beneficios de ser miembros de la OEA”, dijo el embajador de Brasil.
Por su parte, el gobierno chileno de Gabriel Boric, que hasta ahora había sido muy crítico de la dictadura de Ortega, bajó el tono y pidió “diálogo”, aunque a diferencia de Brasil sí habló de los derechos humanos.
