Un tribunal federal emitió una orden de restricción contra una agencia clave dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
Las autoridades habrían encontrado que, probablemente, la agencia violó la Primera Enmienda al coordinar con redes sociales la censurar el «discurso relacionado con las elecciones».
El Tribunal de Apelaciones extendió una orden de restricción que limita la comunicación de la administración Biden con las grandes empresas de tecnología.
Fueron incluidas la Agencia de Seguridad de la Ciberseguridad y la Infraestructura (CISA) dentro del DHS.
La CISA
La demanda contra la administración Biden, señala que la Agencia de Seguridad de la Ciberseguridad y la Infraestructura (CISA) es el «centro nervioso» de la censura.
Un panel de tres jueces determinó en la orden del tribunal que CISA fue el «facilitador principal» de las interacciones del FBI con las plataformas de redes sociales.
Indicó que trabajó en estrecha coordinación con el FBI para presionar a las plataformas a cambiar sus políticas de moderación para cubrir el contenido de «hackeo y filtración».
La opinión describe las operaciones de «conmutación» de CISA como «simplemente transmitir publicaciones de redes sociales señaladas de funcionarios electorales”
Sin embargo el juez dijo que «en realidad, la práctica terminó siendo algo más. CISA presionó a las redes para adoptar políticas más restrictivas sobre discursos electorales.
Esta orden de restricción surge de una demanda presentada por los fiscales generales de Missouri y Louisiana contra la administración Biden.
Acusan a altos funcionarios del gobierno de trabajar con gigantes de las redes sociales «bajo el pretexto de combatir la desinformación», lo que finalmente llevó a la censura.
El 4 de julio se emitió la primera orden de restricción, que impide que los funcionarios de la Casa Blanca se reúnan con empresas de tecnología sobre la censura en las redes sociales.
El Departamento de Justicia ha apelado la orden del tribunal ante la Corte Suprema, argumentando que el gobierno enfrentó un «daño irreparable» .
Alegan que esta orden podría evitar que el gobierno federal «trabaje con empresas de redes sociales en iniciativas para prevenir un grave daño al pueblo».
La agenda tecnológica de Biden se pondrá a prueba cuando el primer caso antimonopolio del gobierno finalmente se discuta en la corte federal.
