El crecimiento hidroenergético del Perú está asociado a la privatización del sector y a su vínculo con el gremio minero, lo que ha permitido que la gran mayoría de ciudades y zonas rurales cuente con energía.
Sin embargo, las resistencias contra los megaproyectos persisten, especialmente en las zonas orientales del país. El río Marañón es donde la mayoría de proyectos se concentra.
El escándalo de corrupción de Lava Jato fue un duro golpe contra los proyectos hidroeléctricos en Perú que tenía planificada la empresa privada Odebrecht. Desde entonces, otras compañías vienen asumiendo el reto.
Perú ha disfrutado de niveles históricos de crecimiento económico durante más de dos décadas, principalmente debido a la expansión del sector minero, gran consumidor de energía eléctrica.
De igual forma, ha avanzado en el suministro de energía eléctrica asequible a sus ciudadanos, incluidas las pequeñas ciudades y las zonas rurales a través de una red nacional que ahora integra la mayoría de las regiones costeras y de la sierra, así como las principales zonas de colonización en las tierras bajas tropicales. Iquitos sigue siendo la única gran zona urbana no conectada a la red nacional. Existen planes para hacer ese enlace a corto plazo.
La consolidación del sector eléctrico peruano ha ido acompañada de un sólido crecimiento en la generación, que ha aumentado un 150% desde 2005. Aproximadamente el 35% de la electricidad del país proviene de la energía hidroeléctrica, que se obtiene por igual de las cuencas hidrográficas del Pacífico y del Amazonas.
Los proyectos en la vertiente occidental de la Cordillera Occidental gozan de subvenciones por su potencial de regadíos, pero esos recursos son limitados debido a la inestabilidad de lluvias en los Andes. En consecuencia, la mayor parte de la futura expansión tendrá lugar en la vertiente oriental de los Andes.
A principios de la década de los años 90, el monopolio eléctrico estatal, se dividió en unidades dedicadas a la generación, transmisión y distribución. El papel del Estado se limitaba a desarrollar políticas, hacer cumplir las regulaciones y otorgar concesiones. Para 2017, existían 54 empresas distintas que suministraban energía a la red peruana, donde la más grande de ellas provee alrededor del 20% de la energía eléctrica de todo el país.
El desarrollo del sector eléctrico peruano se produjo después del descubrimiento del yacimiento de gas ubicado en Camisea, que favoreció la inversión en generación térmica por ser menos intensiva en capital en comparación con la energía hidroeléctrica. En el futuro, sin embargo, Perú pretende disminuir su dependencia de la energía térmica y promover la inversión en energías renovables. El plan oficial incluye la energía hidroeléctrica a pequeña escala, sin considerar a la mediana y gran escala como renovables.
La exclusión del sector hidroeléctrico tradicional de Perú es irónica, porque objetivamente puede calificarse de sostenible, donde la mayoría de las centrales eléctricas existentes son sistemas D&T que aprovechan las caídas topográficas ubicadas en las cuencas altas, lo que limita su impacto ambiental y social. Incluso los proyectos con embalses relativamente grandes tienen una huella espacial mucho más pequeña en comparación con las instalaciones D&R situadas a menor altitud.
El rechazo a la energía hidroeléctrica convencional es consecuencia de los intentos fallidos de desarrollar instalaciones D&R a gran escala en las estribaciones de los Andes, donde grandes ríos pasan por un desfiladero angosto. En 2008, los gobiernos de Alan García (Perú) y Lula da Silva (Brasil) firmaron un Memorando de Entendimiento que buscaba integrar los mercados energéticos de ambos países mediante el desarrollo de los recursos hidroeléctricos peruanos utilizando tecnología y capital brasileños.
El acuerdo se firmó durante el auge de las inversiones en represas en Tocantins, Xingu y Madeira e involucró a las mismas empresas que estaban diseñando, financiando y construyendo esas represas hidroeléctricas en Brasil. La iniciativa se centró en localidades del sur de Perú, donde el Corredor Interoceánico ofreció un derecho de paso para que las líneas de transmisión pudieran conectar con la línea que da servicio a las presas del río Madeira.
El primer megaproyecto que se llevó a cabo fue un complejo D&R en el desfiladero donde el río Inambari sale de los Andes. El proyecto se volvió polémico, ya que sus detractores demostraron que presentaba graves deficiencias, donde el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se negó a aprobar su EIA en 2011. El impacto de ese resultado repercutió en la comunidad empresarial, y ninguno de los otros megaproyectos fue considerado seriamente para su desarrollo.
El Congreso peruano archivó el acuerdo en 2014 y todas las concesiones han expirado desde entonces. Aunque las anteriores propuestas resultaron inviables, varias inversiones a mediana y gran escala se completaron con éxito.
Antes de 2005, las cuencas amazónicas albergaban once centrales eléctricas con cerca de 1,7 GW de capacidad. Dicha cifra aumentó en 2018 en seis unidades con 1,3 GW de capacidad, e incluso se proyectaron otras nueve centrales y 2,7 GW de capacidad para este 2023. Los mayores operadores del sector son empresas locales, muchas de las cuales han formado sociedades con inversores de Noruega, Italia, España, Francia, Israel, Chile y Estados Unidos.
La mayor parte del desarrollo se ha llevado a cabo en la cuenca del Marañón, que tiene el mayor potencial entre los tres principales afluentes amazónicos. La instalación a gran escala de Chaglla en el Río Huallaga, con 456 MW, fue inaugurada por Odebrecht de Brasil durante el 2016 y vendida a China Three Gorges Corporation al año siguiente, luego del escándalo de corrupción Lava Jato.
Aunque hasta la fecha los impactos del desarrollo hidroeléctrico han sido limitados, que puede cambiar si se aprovechan los recursos hidrológicos del río Marañón. Tras la ausencia del proyecto en el río Inambari, Alan García emitió un decreto ejecutivo declarando de interés nacional el desarrollo de infraestructuras hidroeléctricas y de regadío en el río Marañón, lo que facilita las revisiones ambientales y el acceso a los fondos públicos. La configuración de esa cuenca fluvial la hace especialmente atractiva para las instalaciones convencionales D&R donde, lamentablemente, su geoquímica y biodiversidad la hacen especialmente susceptible a los impactos ambientales.
Los proyectos más problemáticos se sitúan en una zona donde el río Marañón atraviesa las estribaciones andinas. Es el emplazamiento de tres posibles megaproyectos. Es muy improbable que cualquiera de estos proyectos D&R supere una revisión ambiental, ya que inundarían tierras de propiedad de los Awajún, conocidos por su oposición a los proyectos que infringen sus derechos territoriales. Más probable es el desarrollo de los 25 proyectos D&R en una sección del río, ubicada en las tierras altas de Perú Central.
En 2014, Odebrecht inició estudios de factibilidad para represas en cuatro sitios potenciales. No obstante, ninguno había avanzado más allá de la etapa de EIA cuando el escándalo Lava Jato estalló, acabando con la posibilidad de que dicha empresa pueda ejecutar proyectos en Perú.
En la actualidad, solo se está promoviendo una única presa hidroeléctrica para las secciones no andinas de la Amazonía peruana, el proyecto R-o-R de nombre Mazán, que estaría situado en un estrecho istmo que separa los ríos Napo y Amazonas, ubicado 25 kilómetros aguas abajo de Iquitos, y 40 kilómetros aguas arriba de la desembocadura del río Napo. La energía sería suficiente para la demanda energética de Iquitos y, potencialmente, abastecería una línea de transmisión propuesta entre Yurimaguas e Iquitos.
Existen numerosas razones para dudar de la viabilidad técnica y financiera de este proyecto, pero el Gobernador de Loreto sigue insistiendo en su viabilidad e importancia para el desarrollo de la región.
