Un informe de la Fundación para la Conservación de Desarrollo Sostenible (FCDS) señala que esta actividad ilícita está presente en 22 ríos y sus afluentes en, por lo menos, cinco regiones de la Amazonía peruana.
El reporte incluye información de la Unidad de Inteligencia Financiera, según la cual entre 2013 y 2023 la minería ilegal de oro ha sido el delito con el mayor monto de dinero acumulado, superando al narcotráfico.
El informe “Minería ilegal en la Amazonía peruana” analiza información de los últimos cinco años y ofrece un panorama general de lo que sucede con esta actividad ilícita en Perú.
“Lo que comenzó como una fiebre regional del oro se va a convertir en una fiebre nacional del oro en nuestra Amazonía”, señala el procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, para recordar cómo este delito que se había concentrado en la región de Madre de Dios ahora se ha extendido hacia el resto de regiones amazónicas.
El reporte también detalla cómo esta actividad ilegal se ha convertido en la mayor amenaza de riesgo de lavado de activos en Perú. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2013 y 2023, la minería ilegal ha sido el delito con el mayor monto acumulado, 8.216 millones de dólares, superando al narcotráfico que en el mismo periodo alcanzó 640 millones de dólares.
El informe también incluye un análisis del proceso de formalización minera, a través de la revisión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en cada una de las regiones. Según esta evaluación, el avance en el proceso de formalización minera es mínimo en todas las regiones amazónicas.
La amenaza de la minería ilegal
“En términos de impacto ambiental o severidad la minería ilegal es la más destructiva, porque no solamente causa deforestación, sino una destrucción total de los ecosistemas”, señala Martín Arana, especialista de la Iniciativa Unidos por los Bosques de FCDS, quien estuvo a cargo del estudio.
Para Arana también es preocupante la “mutación” que ha tenido la minería ilegal hacia las estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, la tala ilegal y la ocupación de tierras.
En el informe se resalta que, en los últimos tres años, los aspectos más críticos de la minería ilegal son los indicios o evidencias de vinculación con el crimen organizado, con presencia de grupos armados y organizaciones criminales internacionales en zonas de frontera.
En la Amazonía, un aspecto crítico es la vulnerabilidad y situación de riesgo de los defensores ambientales frente a organizaciones criminales vinculadas a la minería, tala ilegal, narcotráfico y tráfico de tierras. Esta situación se agudizó durante la pandemia de COVID-19, cuando comenzó el registro de numerosas denuncias, lo que motivó la intervención de instituciones nacionales e internacionales para pedir al Estado acciones efectivas para la protección de los defensores ambientales.
Loreto es la región en donde más se ha extendido la minería ilegal. Un reportaje de julio de 2023 muestra que, desde el año 2020, se han registrado más de 100 dragas en la cuenca del río Nanay, según indican los reportes de las intervenciones de la Fiscalía Ambiental.
Madre de Dios es la región más afectada por la minería ilegal. Además, según el informe, existen cultivos ilícitos en las zonas mineras. También se ha identificado que la mayor actividad minera ilegal se concentra en las comunidades indígenas con un 45,8%, seguido de la minería en cuerpos de agua con 32,9%; y en tercer lugar están las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas con 18%.
En la región Amazonas, la provincia de Condorcanqui tiene la segunda mayor incidencia de situaciones de amenaza, además que todas las situaciones de riesgo de defensores ambientales involucran a pobladores indígenas Awajún y Wampís, y están relacionadas con situaciones de violencia producto de mineros y taladores ilegales.
El riesgo de las operaciones financieras
La minería ilegal está considerada como la mayor amenaza de riesgo de lavado de activos en Perú, según indica el análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) realizada por la UIF. En esa misma línea, el departamento de Madre de Dios ha sido calificado como “de riesgo muy alto, lo que indica la gravedad de la incidencia de la minería ilegal y otros ilícitos”.
El análisis de la UIF señala que en las regiones de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali se reportaron un total de 115 informes de inteligencia financiera (IIF) por el delito de minería ilegal (el 75% corresponde a Madre de Dios).
El monto involucrado en los IIF de minería ilegal es de 1.907,5 millones de dólares, de los cuales el 91,6% corresponde a esta misma región. Asimismo, destaca la región Loreto que, con solo un informe de inteligencia financiera sobre minería ilegal, registra un monto de 159 millones de dólares.
Julio Guzmán, procurador de Medio Ambiente, señala que “probablemente, entre 2020 y 2021, han sido los años en los que más dinero se ha movido por esta actividad”.
Guzmán explica que a diferencia del dinero proveniente del narcotráfico, que circula de manera encubierta, en el caso de la minería, por tratarse de una actividad que tiene un sector considerado informal, el dinero ingresa al sistema financiero de manera directa. “Quienes se hacen pasar por informales reportan operaciones que la UIF detecta como sospechosas, pero no determina si es ilegal o no, pues no ingresa a campo para determinar si un minero está sacando oro de una zona autorizada, en proceso de formalización o de un lugar prohibido”.
Guzmán menciona que hay una gran debilidad estatal, la cual deriva de la ausencia de una estrategia nacional de lucha contra la minería ilegal.
Un eterno proceso de formalización
Otro de los aspectos que analiza la FCDS es el proceso de formalización minera en Perú, a partir de la información del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según estos datos hasta julio de 2023, las regiones amazónicas de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas y Huánuco registran un total de 11.023 inscripciones para la formalización minera, de esta cifra, sólo el 21,58% se encuentra vigente, mientras que el 78,42% está en condición de suspendido por no haber cumplido con la normativa.
Martín Arana dice que desde el año 2012 se ha iniciado el proceso de formalización minera, sin embargo, en algunas regiones no hay un avance en el cumplimiento de los cinco requisitos solicitados, algunos tan básicos como una declaración jurada simple sobre la inexistencia de restos arqueológicos.
Según información del Ministerio de Energía y Minas, el “avance del proceso de formalización minera en las regiones amazónicas es mínimo”, pues sólo el 13,53% ha cumplido con presentar al menos un requisito.
“En algunos proyectos de ley se ha pedido que haya un proceso de formalización abierto, es decir, que sea un proceso de formalización permanente”, agrega Arana y esta situación lo que hace “es favorecer a los mineros ilegales”.
En Madre de Dios, la región con mayor cantidad de inscritos en el Reinfo, ninguno de los más de 9.000 mineros ha presentado su acreditación del derecho minero ni del uso de terreno superficial. Y el requisito que muestra mayor avance, el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom), apenas ha sido presentado por un 12,88%.
“Si queremos desarrollar una actividad minera que sea responsable para la seguridad y el ambiente es fundamental tener una efectiva formalización y evitar que la reputación del Perú, en materia de oro, quede afectada, porque estamos hablando que de las 97 toneladas de oro que produce Perú al año, no menos del 30% proviene de la ilegalidad, pero además, el 50% proviene de la Amazonía”, señala Mariano Castro.
